Millonaria condena al Estado por muerte de profesor

<p>Por no haberle otorgado a un profesor, asesinado por las Farc, la seguridad especial necesaria, el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una millonaria indemnización.</p>

El maestro José Ignacio Vargas fue asesinado, en el municipio de Algeciras, Huila, por el grupo subversivo luego de recibir constantes amenazas en su contra.

De acuerdo con el fallo del alto tribunal, tanto el Ministerio de Educación como el departamento del Huila debieron haber prestado atención a las denuncias que hizo el profesor sobre las intimidaciones de las que fue víctima por parte de las Farc, por esta razón las dos entidades son responsables de la muerte del maestro Vargas.

El Consejo de Estado determinó que no se procedió a emprender los trámites para facilitar el traslado del profesor del Huila para que ejerciera su labor en otro municipio de ese departamento.

A finales de 1990 e inicios de 1991, las Farc, en complicidad con un estudiante de la institución, amenazaron a todo el cuerpo docente del colegio Juan XXIII de Algeciras.

La primera amenaza contra Vargas se produjo el 30 de noviembre de 1990, cuando a su casa llegó un sufragio con su nombre. Posteriormente dos días después, el coordinador de la institución fue víctima de una fuerte golpiza y agresión verbal, en la entrada de su casa.

Al darse cuenta del peligro inminente en que estaba, Vargas decidió poner la tanto de su situación tanto a la Secretaría de Educación, a la Personería de Algeciras, así a la Policía del Huila, al DAS y a la Procuraduría Departamental. El docente pidió protección especial.

Ninguna de las autoridades atendió el pedido del docente y cuatro meses después de recibir la primera intimidación en su contra, en marzo de 1991, Vargas fue asesinado por un grupo de guerrilleros de las Farc.

Por estas razones, la Nación, específicamente el departamento de Huila y el Ministerio de Educación, deberá indemnizar a la esposa y los cuatro hijos del docente con una suma cercana a los 211 millones de pesos, por concepto de daños morales y materiales como consecuencia de su muerte.

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