Ecuador responde a la Interpol e insiste en orden "azul" contra Santos

La Fiscalía de ese país se ratifica en su posición, básicamente jurídica, y pide rectificaciones a la Interpol.

La Fiscalía de Ecuador respondió a la Policía Internacional (Interpol) e insistió en que la institución difunda una orden "azul" contra el ex ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos.

La Fiscalía "se reafirma en sus planteamientos" sobre el "incumplimiento" de la Interpol del pedido de emitir una orden de información sobre el ex ministro colombiano y argumenta que la Interpol "olvida o excluye de su análisis que (en) el bombardeo al campamento de Angostura" murieron 26 personas.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que aunque el bombardeo "fue perpetrado por un grupo presuntamente militar y obedeció a una orden política, emanada del Gobierno colombiano, causó 26 víctimas, alguna de ellas, según informes de autopsia, muerta a culatazos después de que sobreviviera al ataque".

De ese modo, la institución ecuatoriana respondió a la Interpol, que explicó que su rechazo a la demanda formulada por Ecuador, en relación con el ex ministro Santos, se basa en el respeto a las normas internas de esta organización policial internacional.

"Después de examinar los hechos suministrados y las bases para una petición de orden azul, la OLA (oficina legal) dictaminó que el caso es de naturaleza predominantemente militar y política" , señaló Interpol.

"En concreto, la petición de Ecuador afecta a actos presuntamente cometidos por el señor Santos en su calidad de ministro colombiano de Defensa", agregó.

La oficina legal de Interpol concluyó que "las presuntas órdenes fueron dadas por él a una fuerza militar que desempeñaba una operación militar en territorio de otro país, de lo que se deduce tanto el aspecto político como el militar del caso".

Sin embargo, a juicio de la Fiscalía ecuatoriana la petición "no trata de asuntos militares ni políticos ni religiosos, que evidentemente no atañen a la Interpol, sino de un hecho eminentemente judicial que fue debidamente investigado y que mereció un proceso apegado a derecho".

Por ello, señaló que "se ratifica en su posición básicamente jurídica y pide rectificaciones a la Interpol".

Después del bombardeo del Ejército colombiano el 1 de marzo de 2008 a un campamento de las Farc ubicado en Angostura, un enclave selvático de Ecuador, la Fiscalía General ecuatoriana inició una indagación previa.

Ese proceso investigó la muerte de 26 personas "acribilladas o asesinadas a golpes de culatazos de fusil en el cráneo de acuerdo al informe presentado por peritos franceses", detalló la Fiscalía en un comunicado difundido esta semana.

Entre los muertos en la operación colombiana se encontraba el entonces "número dos" de la guerrilla, Luis Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes', el ecuatoriano Franklin Aisalla y cuatro estudiantes mexicanos.

Según el texto de la Fiscalía, durante 15 meses se recopilaron evidencias hasta que Carlos Jiménez, fiscal de Sucumbíos, provincia donde se tramitaba el caso, concluyó la fase de indagación reservada y ordenó el inicio de una instrucción, en la cual imputó a Santos.

Con la disposición judicial, la Policía tramitó la petición de "orden azul" a la Interpol, que fue denegada el pasado 4 de julio.