"En ese sentido, al ordenarse el suministro de medicamentos no previstos en el contrato que no forman parte del mencionado POS (Plan Obligatorio de Salud), ni tienen homólogo en el listado de medicamentos, es el Estado quien debe asumir el 100% de su valor, precisamente por tratarse de obligaciones adicionales cuyo costo no debe ser asumido por las EPS", señaló el Alto Tribunal.
Según el Consejo de Estado, una resolución emitida por el Ministerio de Protección Social propicia un desequilibrio económico porque obliga a las EPS a asumir este costo.
Esta situación era propicia para que las tutelas alrededor de este tema se dispararan, perjudicando siempre al usuario.
"El Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, la cual fue creada precisamente para evitar o conjurar situaciones de inestabilidad y desajuste económico que puedan llegar a comprometer la perdurabilidad del Sistema y afectar la prestación de los servicios que de él forman parte, cuando tales situaciones hayan tenido origen en el desbalance entre los ingresos percibidos por concepto de las cotizaciones y el monto de las unidades de pago por capitación", afirma la sentencia.