'Jalón de orejas' de la Procuraduría por caza de hipopótamos

Alejandro Ordóñez le dijo al Ministro que tiene 90 días para crear lineamientos especiales para proteger la fauna silvestre.

En una carta enviada al Ministerio, el Procurador cuestiona y advierte que hay que hacerle un seguimiento a la política de protección de la fauna silvestre en el país y el dio un plazo perentorio para diseñar mecanismos de protección.

Igual llamamiento hizo a la Dirección Nacional de Estupefacientes, respecto a la fauna, que por incautaciones, está a su cargo. 

 El siguiente es el texto de la carta:

1.Se recuerda que es función del Ministerio, formular la política nacional en relación con el medio ambiente, adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestres y tomar las previsiones que sean de caso para defender especies en extinción o en peligro de serlo.

2.Aunque el permiso de caza de control fue expedido con el adecuado soporte legal y científico, se hace necesario evaluar el manejo que se viene dando a la fauna silvestre que se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en lo de su competencia, dentro de los procesos de extinción de dominio que viene adelantando.

3.En razón de lo anterior, el Procurador General de la Nación conminó al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Carlos Costa Posada para que en el término de 90 días presente los lineamientos generales de una política pública de protección de la fauna silvestre del país, y en mismo sentido conmina al Director (e) Nacional de Estupefacientes, Omar Adolfo Figueroa para que en el mismo término presente los lineamientos generales para el manejo de fauna que se encuentra bajo la responsabilidad de dicha entidad pública.

4.En todo caso, se hace necesario promover la protección de la fauna silvestre con criterios de equidad, proporcionalidad y desarrollo sostenible.

5.Para la construcción de la política pública sobre fauna silvestre, se encomienda al responsable de la cartera ambiental, la realización de un debate científico sobre el tema en el que participen las demás autoridades ambientales, los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, la academia y la ciudadanía en general.

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