Consejo de Estado reabre puerta para que soldados bachilleres vayan a la guerra

Un fallo del Alto Tribunal dice que los bachilleres y campesinos sí pueden ir al campo de batalla, siempre y cuando estén bien entrenados.

Elespectador.com tuvo acceso al borrador de la ponencia del magistrado Ramiro Saavedra, de la sesión tercera de lo contencioso administrativo, en la que ratifica una decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, que le negó una pretensión de $183 millones a los familiares de un soldado que resultó muerto en una riña callejera, luego de evadirse de un comando del Ejército.

En la parte motiva del fallo advierte que el Estado es responsable cuando envía a menores de edad al campo de batalla o cuando por falta de adecuada preparación o vigilancia, los soldados pierden la vida o sufren lesiones graves.

En abril pasado el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió sobre una sentencia que impedía a la Fuerza Pública enviar a combate a los soldados regulares y señalaba que solamente podrían ir los profesionales, quienes cuentan con la formación necesaria para este tipo de prácticas militares.

La decisión se tomó luego de que un soldado bachiller presentara una tutela, a través de la cual argumentaba que no tenía la preparación suficiente para enfrentar un combate, formación que sí tienen los soldados profesionales.

Como efecto de la sentencia, el Ejército no podría disponer del 76.2% de sus hombres, es decir, cerca de 78 mil uniformados; y la Armada del 40% para los combates (14 mil miembros).

Según la sentencia el Ejército había cometido el error de enviar al campesino Wilson Guzmán Bocanegra, realizar tareas de "inteligencia táctica de combate" porque prima la protección del recluta, pues un soldado campesino, bachiller o regular debía cumplir actividades de bienestar social en beneficio de la comunidad o tareas para la preservación del medio ambiente".

Sin embargo, este nuevo fallo lo que indica es la prioridad con que deben ser enviados sus hombres a tareas peligrosas. "Por ello, las tareas más peligrosas y la responsabilidad de ataque y respuesta armada en zonas y situaciones calificadas como de alto riesgo deben ser atendidas en primer lugar por los soldados voluntarios, luego por los regulares y sólo en última instancia por los bachilleres y campesinos", advierte.

Frente a la jurisprudencia existente al respecto, el magistrado dice que "la Corte Constitucional (...) esa corporación al pronunciarse sobre los límites de los deberes impuestos a quienes forman parte de las fuerzas militares en calidad de soldados voluntarios o en cumplimiento del servicio militar obligatorio, ha señalado que se deben tener en cuenta las condiciones particulares de preparación y aptitud para enfrentar determinadas situaciones a las que se ven expuestos los miembros de las fuerzas armadas en razón de la misma naturaleza de sus funciones; puesto que no se puede comparar ni tratar de igual manera la situación de quien ingresa voluntariamente al cuerpo armado asumiendo los riesgos propios de tal actividad, que recibe la formación adecuada y completa y adquiere la experiencia requerida para ello, con la situación de quien es ingresado -de manera forzada la mayoría de las veces- para cumplir con un deber constitucional, cuando es muy joven e inexperto, sin la preparación suficiente para enfrentar los peligros y riesgos de las actividades militares, diferencias que justifican así mismo, un mayor deber de cuidado del Estado frente a estos últimos y una mayor responsabilidad por su integridad".

Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que de ser aprobado este fallo quedaría solucionado el problema para el ministerio de Defensa Nacional, pues no prohíbe que los soldados regulares realicen tareas de combate, sino que exige unos niveles de responsabilidad, vigilancia por parte del Estados y ratifica la prioridad para las funciones asignadas a los hombres de la Fuerza Pública.