La Sala Penal de la colegiatura solicitó asumir el caso del ex legislador, quien había renunciado al fuero parlamentario luego de que se formalizara una acusación en su contra pro los supuesto vínculos que mantenía con grupos paramilitares.
Según la Fiscalía General de la Nación, Castro Pacheco había establecido una alianza estratégica con ese grupo armado ilegal, específicamente, con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que tenía el propósito de consolidar el trabajo conjunto con ganaderos y dirigentes de la Región Caribe de Colombia.
El ex parlamentario aparecía reseñado en numerosos documentos que, al parecer, demostrarían la estrecha relación que mantenía con el ex jefe paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40".
Al parecer, las Autodefensas financiaron la campaña electoral del dirigente del Magdalena, quien se hizo a una de las curules en el Congreso de la República.
Recientemente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reasumió una jurisprudencia que le otorgaba la competencia para seguir juzgando a los funcionarios que hubieran cometido delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones, aún cuando hubiesen renunciado a su investidura.
Esta decisión cerró las puertas a que los congresistas vinculados a la parapolitica y que habían renunciado a la investidura siguieran siendo juzgados por la justicia ordinaria, cuando era precisamente su propósito de no ser juzgados por la Corte los que les llevaba a adoptar esa postura.