Investigación contra promotores del referendo vuelve a la Fiscalía

El proceso había sido remitido hace un año a un fiscal delegado ante la Corte Suprema.

El fiscal General (e) Guillermo Mendoza Diago anunció que la investigación contra miembros del comité promotor del referendo, que convocaba a una segunda reelección presidencial, retornará a la Fiscalía seccional 60 de delitos contra el orden económico, la cual conoció en primera instancia las denuncias contra ocho integrantes de esta organización por fraude procesal y tenía preparado, hace un año, la imputación de cargos.

Programada por ese despacho, el 16 de febrero de 2009 se iba a realizar una audiencia en los juzgados de Paloquemao en Bogotá para imputarles cargos a Luis Guillermo Giraldo (vocero del comité promotor), Cecilia Paz de Mosquera, Juan David Ángel Botero (ex director del programa para la reincorporación) y David Salazar Ochoa, entre otros. La diligencia, sin embargo, fue cancelada por el fiscal delegado ante la Corte Édgar Collazos, y desde entonces poco se había conocido de los avances del expediente.

El entonces fiscal general, Mario Iguarán, explicó en ese momento que el caso había sido asignado a Collazos por su "complejidad y connotación" mucho antes de la citación hecha por la fiscal seccional.

Las irregularidades en las cuentas del referendo fueron evidenciadas por primera vez por el representante liberal Guillermo Rivera, en octubre de 2008. Tres meses más tarde, el representante Germán Navas Talero denunció ante una fiscalía de reparto en Bogotá a los promotores del referendo de la reelección por el delito de fraude procesal, y unos días después, ante la Corte Suprema, a los 86 representantes a la Cámara que votaron el texto de la ley del referendo sin que las cuentas del mismo estuvieran totalmente claras.

En el concepto que el procurador Alejandro Ordóñez entregó a la Corte Constitucional, la cual estudió la exequibilidad de la ley que convocaba al referendo reeleccionista, el jefe del Ministerio Público señaló que "el posible incumplimiento de las normas sobre financiación y montos máximos de contribuciones privadas sólo tiene incidencia de orden personal y administrativo", y pidió que la iniciativa popular no fuera declarada inconstitucional por esta razón, pues se debían buscar responsabilidades individuales sin afectar la voluntad de las mayorías.

No obstante, la Corte Constitucional encontró como vicio insalvable en el trámite de la ley del referendo que se hubieran violado los topes tanto en la financiación global como en los aportes individuales. Según encontró el alto tribunal, la totalidad de dineros recogidos fue seis veces superior a lo permitido por la ley, y hubo aportes individuales que sobrepasaron 30 veces lo establecido legalmente. "Para la Corte Constitucional, más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia participativa y de representación y son componentes sustanciales del principio democrático", sostuvo en rueda de prensa el presidente de la Corte, magistrado Mauricio González, al exponerle al país que la ley del referendo, por una votación de 7-2, había sido declarada inconstitucional.