EE.UU. critica restricciones a libertades de expresión en Colombia

Caso de 'chuzadas' e intimidaciones de grupos al margen de la ley, reseñados en el informe anual sobre los derechos humanos.

El Gobierno de EE.UU. criticó en su informe anual sobre los derechos humanos las restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación que existen en Venezuela y en Cuba, y también en cierto grado en Colombia.

El departamento de Estado, que entregó el jueves el documento al Congreso de EE.UU., señala que las autoridades cubanas siguen aplicando "severas limitaciones" a la libertad de expresión y de reunión y asociación, mientras que el Gobierno de Venezuela acosó y hostigó "activamente" a los medios de comunicación privados y opositores y a periodistas durante el año pasado.

Washington presentó una larga lista de abusos en Venezuela, que incluye asesinatos, la ejecución sumaria de supuestos delincuentes, secuestros a cambio de rescate, revueltas en las prisiones por las pésimas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias y la corrupción de las fuerzas policiales que operan con impunidad.

Por lo que respecta a Cuba, EE.UU. señala que La Habana continuó, un año más, negando los derechos básicos a sus ciudadanos y siguió cometiendo "numerosos y serios abusos" contra ellos.

En concreto, cita los abusos físicos contra los prisioneros y detenidos, las pésimas condiciones carcelarias y el acoso a los disidentes por agentes del Estado o individuos contratados por éste.

En el caso de Colombia, EE.UU. señaló que los medios independientes fueron "activos y expresaron un amplio abanico de puntos de vista sin restricciones" y todas las radios y las televisiones operaron "libremente".

No obstante, destacó que grupos armados ilegales intimidaron, amenazaron, secuestraron o asesinaron a periodistas, lo que provocó que muchos practicaran la auto censura y 117 recibieran protección.

Washington recordó, además, el espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio de inteligencia de Colombia, a periodistas, sindicalistas, opositores, activistas y defensores de derechos humanos, tanto físicamente como a través de la interceptación de comunicaciones telefónicas y de correos electrónicos, así como de datos personales y financieras.