Ratifican condena a esposa de oficial que estafaba a desplazados

Integraba una red que captó casi 700 millones de pesos, bajo la promesa de ubicar a las víctimas en el exterior.

Por su coautoría en la estafa a varias familias desplazadas, entre otras, bajo la promesa de otorgarles asilo político y empleo en España y Canadá, fue ratificada la condena de cinco años y cuatro meses en contra de Patricia Acosta Acosta, esposa del mayor de la Policía Nacional, Pablo Antonio Sánchez.

De esta manera, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia proferida en su contra por los delitos de estafa y concierto para delinquir agravados, y reiteró la multa de 44 salarios mínimos mensuales vigentes, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 22 de abril de 2009.

Acosta Acosta oficiaba como el cerebro de una red que captó más de 680 millones de pesos del público, según lo reiteró la Corte, de la que también hacían parte dos oficiales de la Policía, como era el caso de su esposo, el Mayor Sánchez y el Coronel Luis Guevara, quien oficiara como Comandante de la Policía de Carreteras.

Gracias a una investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, en 2007, se puso en evidencia el marco de operaciones de esta red que, según los operadores de justicia, alcanzó a efectuar estafas entre uno y 47 millones de pesos.

La condenada se hacía pasar como diplomática canadiense, para hacerse a los dineros y exigir documentos a las víctimas, simulando gestionar las diligencias pertinentes para asegurar el asilo y trabajo a sus incautos clientes, la mayoría de los cuales eran familias desplazadas por la violencia.

Así mismo, las autoridades lograron establecer que 360 personas que aspiraban a mejorar sus condiciones de seguridad social y física, cayeron en los engaños de esta red delictiva y vendieron todas sus pertenencias, para poder cumplir con las exigencias de sus victimarios, en procura  de arribo al exterior.