CIDH es incompetente en caso del Palacio, dice el Estado colombiano

En audiencia pública en Washington, se dijo que los entes estatales del país han actuado de mala fe en este proceso, luego de 72 meses de iniciado.

Tras seis años de haberse iniciado la actuación, el Estado colombiano objetó la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, para juzgar su responsabilidad por la desaparición de civiles durante el holocausto del Palacio de Justicia, en audiencia pública desarrollada en la sede de ese organismo multilateral adscrito a la Organización delos Estados Americanos.

Así lo precisó Álvaro Amaya, delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la diligencia celebrada en Washington, Estados Unidos, en el curso de la cual advirtió que la actuación de los agentes estatales en la operación de retoma estuvo guiada por las normas emergidas de los convenios internacionales vigentes, tendientes al respeto de los derechos civiles en medio de conflictos bélicos.

"Dicha operación de retoma se enmarca dentro de las normas del Derecho Internacional Humanitario, respecto de la cual este organismo carece de competencia para evaluar la responsabilidad internacional del Estado", recalcó el funcionario.

De la misma manera, indicó que la Cidh tampoco tiene competencia para sancionar la desaparición forzada y la tortura, teniendo en cuenta que para la época de los hechos no existía un acuerdo internacional del que hiciera parte Colombia en el propósito de reconocer tales conductas como un delito.

Por su parte, Julio Enrique Ibáñez Nazar, agente Especial del Estado, salvó la responsabilidad de la institucionalidad en el posible curso de hechos punibles que surgieron a consecuencia de esta tragedia, señalando la actuación de la justicia, que ha estado adelantando las investigaciones del caso por un hecho que, insiste, fue enteramente planeado y ejecutado por los guerrilleros del M-19.

"La voluntad del M-19 fue ejecutar un ataque, con suficiente material de alto poder de fuego y destrucción, sin importar el nivel de medidas de seguridad que en ese momento existiera en el Palacio de Justicia. Estaban dispuestos a llevar un ataque con todo el material bélico que fue llevado al Palacio de Justicia para acabar con él", añadió.

No obstante, la directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, Viviana Krsticevic Cejil, dijo que el Estado colombiano ha actuado de mala fe en este proceso, pues considera inaudito que luego de más de 19 años de haberse solicitado la actuación, el oficialismo sólo haya presentado un informe de 19 páginas y que únicamente seis años después de iniciado el proceso haya objetado la competencia de la Cidh.

Finalmente, el abogado defensor de los familiares de los desparecidos, Rafael Barrios, le dijo a la presidenta de la audiencia, Dinha Shelton, que las acciones del Estado para esclarecer los hechos del Palacio de Justicia no se han dado por oficio del Gobierno sino por la Fiscalía General de la Nación, agregando que es la inoperancia de algunos entes estatales la que ha seguido impulsando la impunidad reinante en este caso.

Recordó que la reparación material por la muerte de Ana Rosa Castiblanco sólo se produjo 16 años después de la tragedia, y que las investigaciones penales se iniciaron luego de dos décadas, sumado al hecho de que seis de los militares llamados a juicio hubieran recuperado su libertad por el vencimiento en los términos de cada uno de los procesos.

El jurista Barrios concluyó que ya son casi 25 años sin que se produzca una condena por la desaparición forzada de varios civiles durante el holocausto, tras señalamientos de autoridades como la Comisión de la Verdad que han señalado al Estado como uno de los responsables directos de esta tragedia.