Así eran las asesorías que el exfiscal anticorrupción le daba a Alejandro Lyons

Luis Gustavo Moreno le dio consejos al exgobernador de Córdoba sobre cómo llevar su proceso, le dijo cuáles eran las hipótesis de investigación de la Fiscalía y otros datos que, se supone, eran reservados.

El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyos ya estaba colaborando con la justicia estadounidenses para el momento en que se grabaron sus conversaciones con Luis Gustavo Moreno. El Universal y Gustavo Torrijos - El Espectador.

En las más de 11 horas de grabación de las conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno y quien sería su mano derecha, el abogado Leonardo Pinilla, hay muchos detalles jugosos que llevaron al destape del cartel de la toga. Menciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a otros casos reconocidos de corrupción, pero, sobre todo, una detallada asesoría que le dio Moreno a Lyons sobre el estado de las pesquisas en contra del exmandatario por el desfalco a Córdoba.

(En contexto: Así destapó la DEA el cartel de la toga: detalles de los encuentros de Lyons, Moreno y Pinilla)

El 15 de junio, cuando Moreno llegó a Miami a dictar una conferencia sobre temas de corrupción a agentes federales, Lyons y Pinilla lo recogieron y desde que se subió al carro comenzaron a hablar de los procesos que tenían con el agua al cuello al exgobernador. A cambio de información de su caso y de frenar que le impusieran una medida de aseguramiento, Moreno y Pinilla le exigieron a Lyons $100 millones, con un adelanto de USD$10.000 dólares que les entregó al día siguiente en el Dolphin Mall Lo que no sabían el exfiscal y su socio es que Lyons colaboraba con la justicia estadounidense y todo lo que se dijeron fue registrado por la DEA, material que conoció este diario.

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Cartel del Sida

Por lo menos desde 2004, según la Procuraduría, en Córdoba se estarían legalizando y cobrando facturas atípicas de tratamientos para pacientes de VIH-Sida. En apenas un año, se duplicaron el número de afectados por esta enfermedad, pero los pacientes solo existían en el papel y, cada tratamiento costaba $630.000 al mes, valor que cobraban lasa las IPS y estas, a su vez, a la gobernación.

Así le adelantó Moreno a Lyons que sería investigado por el tema:

Moreno: Eso nos llegó de la Superintendencia (de Salud), de un cartel de falsos enfermos de Sida.

Lyons: Pero si nosotros no prestábamos esa vaina (…), porque eso está en el POS.

Moreno: Como te digo (…), me pongo a revisar esa vaina (…) por $300.000 millones.

Lyons: No, pero nosotros nunca prestamos eso (…) ¿Sabes por qué? Porque nosotros solo lo prestamos en el año 2012, porque en ese año esa enfermedad de alto costo entró al POS, ¿ya me entiendes?

Moreno: No, no, no, te cuento. Eso está ahí.

“El Cartel de la Hemofilia es un juego de niños al lado de lo que hemos descubierto en Córdoba en relación con lo del Cartel de los Pacientes del Sida. Hoy estamos anunciando medidas disciplinarias en ese campo”, aseguró el procurador general Fernando Carrillo, cuando anunció el inicio de la investigación por este tema. Aunque la participación de Lyons en el cartel todavía no es muy clara, la hipótesis del Ministerio Público es que esta estrategia de desangre del sistema de salud se fraguó de gobernación en gobernación hasta la de Lyons, cuando las entidades de control la descubrieron.

(En contexto: Procuraduría tras el cartel del Sida en Córdoba)

Happy Lora

El día que capturaron al exfiscal Luis Gustavo Moreno encontraron en su maletín una considerable porción de la evidencia del caso del coliseo Happy Lora en Montería. Meses antes, la Fiscalía había capturado y les había imputado cargos al alcalde de la ciudad, Marcos Daniel Pineda —hijo de la senadora Nora García—, y al consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa. Lo curioso es que entre los documentos que cargaba Moreno estaba la orden de captura contra los exfuncionarios, radicada 16 días antes de que el operativo se hiciera efectivo.

Una de las hipótesis que no descarta la Fiscalía en este caso es, entonces, que Moreno hubiera exigido un pago similar al que le pidió a Lyons, pero a Correa y Pineda, por esta información. Por ahora, de lo que existe registro es de que el exfiscal anticorrupción compartió con el exgobernador de Córdoba los detalles del proceso por las presuntas irregularidades en la construcción del coliseo.

Moreno: Entonces, ¿cuál es la tesis? En el 2009 Coldeporte escoge a Montería y a Córdoba para ser sede de los Juegos Nacionales. El coliseo Happy Lora no estaba apto para ser una sede (…) entonces deciden escogerlo como sede y mejorarlo (…) Para eso se destinan $12.500 millones, con el convenio: doce mil los pone la gobernación, quinientos los pone el municipio.

Lyons: (…) Municipio no pone plata

Moreno: No, pero queda así. (…) ¿Cuál era el objeto del contrato? Que para los Juegos Nacionales, que eran en noviembre de 2012, el coliseo estuviera apto.

Lyons: Sí, así es.

Moreno: ¿Cumplieron el contrato? No lo cumplieron. El coliseo no estuvo apto para los Juegos Nacionales, el contrato tenía que demorarse 11 meses (…) Entonces cuando tú revisas el tema contractual, desde el punto de vista de planeación, o sea, ahí independiente de que se robaron o no se robaron la plata, el principio de planeación se lo mamaron todo. Entonces la fiscal encuentra una cantidá de actuaciones que, a la luz de ella, violan todos los principios de contratación.

(Le puede interesar: Exconsejero presidencial y alcalde de Montería, llamados a juicio por sobrecostos en coliseo Happy Lora)

Este diario publicó, en octubre de 2017, el acuerdo que firmó Lyons para colaborar con la justicia. Allí se estableció que el exgobernador debería devolver en los siguientes 30 meses tan solo $4.000 millones del saqueo, aunque habrían entrado a sus bolsillos $8.950 millones (decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia recientemente) y que pagaría 62 meses de prisión. Además, se estableció que no sería procesado por los hechos delictivos en los que se autoincrimina en las escuchas: los contratos de regalías, ciencia y tecnología, el cartel de la hemofilia y del síndrome de Down. Así como los aquí mencionados, el caso del coliseo Happy Lora de Montería y el cartel del Sida.

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Redacción Judicial

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