Así es la violencia policial contra la población LGBTI según la Defensoría

Cristian Garavito - Archivo El Espectador

“Una mujer lesbiana, camina tomada de la mano con su pareja por las calles de su ciudad. Además de soportar las miradas y comentarios de algunas personas que caminan junto a ellas, pasan cerca a unos patrulleros de la policía que les gritan “machorras” y otros insultos en razón a su orientación sexual. Al intentar anotar el número de placa de los policiales, se encuentran con que la tienen cubierta sin poder identificarlos para poner una queja”.

Esta es una de las situaciones a las que se tienen que enfrentar día a día personas que integran la comunidad LGBTI solo por su orientación sexual, según documentó la Defensoría del Pueblo.  El informe registra la forma como las autoridades, en específico la Policía, incurre en actos de violencia física y simbólica y actos de abuso de autoridad hacia mujeres lesbianas, hombres gais, personas bisexuales, mujeres y hombres transgénero e intersexuales Y dice que la fuerza pública contribuye en gran medida a “la reproducción de patrones de discriminación y exclusión” contra a comunidad LGBTI.

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El documento de 78 páginas  se elaboró mediante la recolección de información en más de 30 entidades públicas, de las regionales de la Defensoría en 13 departamentos y, en especial, en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Y contó con entrevistas y grupos focales. ¿Qué encontraron? Prejuicios. Burlas. Insultos. Calificaciones.  Gritos por parte de agentes de policía de “Puta”, “marica”, “machorra” y “loca”, según aseguraron las personas entrevistadas a la Defensoría. Para entidad, el hecho que algunos uniformados usen lenguaje masculino para referirse a mujeres transgéneros es la muestra de transfobia más común en los agentes de la policía. Especialmente durante requisas hasta en la solicitud de cambio de nombre en la libreta militar.

A esto se suman intimidaciones. “(I) amenazas por parte de grupos armados post-desmovilización que operan en el barrio Santafé (en Bogotá) y les exigen el pago de un monto económico para permitirles estar en el sector; (ii) los escenarios de permanente agresión física y psicológica de personas de la sociedad civil, algunos de ellos clientes; y (iii) el desplazamiento forzado producto de homicidios selectivos ejecutados por grupos armados post-desmovilización”.

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El abuso policial, documentó la Defensoría, ha aumentado. Pasando de seis casos reportados en 2015, a 32 en 2016 y a 17 hasta el mes de julio de 2017. Esto, sin contar el subregistro y la falta de información y de denuncias. Con información pedida a la Policía, se indicó que en el 2014 se reportaron 18 quejas contra esa entidad, que hubo 31 investigaciones disciplinarias adelantadas durante 2015 y 2016, de las cuales solo hay siete vigentes.  

La Fiscalía informó que, por los delitos de abuso de autoridad, por acto arbitrario o injusto y por omisión de denuncia existen 13 casos en investigación y 15 en juicio. La Mesa Nacional de Casos Urgentes reportó entre el período 2006 a 2014 un total de 16 casos, de los cuales la mitad corresponde a denuncias realizadas en la ciudad de Bogotá y Cali. Y la Procuraduría tenía, con fecha de corte 7 de julio de 2017, 19 procesos abiertos por quejas y denuncias presentadas contra los miembros de la Policía Nacional y personal del INPEC por abusos cometidos contra las personas con orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas. Ya el Instituto de Medicina Legal señaló que entre 2015 y mitad del 2017, se atendieron 83 casos de violencia interpersonal contra población LGBTI por parte de Fuerzas del Estado.

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Los casos que incluye el informe de la Defensoría han ocurrido en varias ciudades. En Bogotá, el 5 de 2015 en una UPJ falleció Paula Alejandra Torres Cabrera. Aunque la Policía dice que fue suicidio, su familia y organizaciones denuncian que ella alcanzó a advertir que estaba siendo agredida. El caso sigue en investigación. En Cali, “Jessica”, una mujer transgénero fue víctima de actos de tortura cometidos presuntamente por agentes policiales. La denuncia que tiene la fiscalía dice que fue detenida en una estación, roseada con gas pimienta, golpeada en sus genitales y en la cabeza con un arma.

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De acuerdo con la Defensoría, tras los hechos, las víctimas alegaban dificultades para denunciar que pasan por el miedo a represalias, la estigmatización por parte de las autoridades, maltrato, revictimización y falta de credibilidad. “Uno de los motivos más frecuentes que desestimulan a las víctimas para denunciar las violencias policiales es tener que acudir ante sus mismos agresores, dada la marcada agresividad en la atención y negativa institucional de recibirlas o por la solicitud de contraprestaciones sexuales para hacerlo”, señala el informe.

En ese sentido, la Defensoría hizo un llamado al Gobierno Nacional para que en la política pública de protección a la comunidad LGBTI se cree un capítulo especial sobre los deber de prevenir, juzgar y sancionar las agresiones que sean cometidas en su contra por agentes de la Policía Nacional. A la Fiscalía le recomendó capacitar al personal y diseñar una ruta de atención diferencial para estas víctimas. Y a la Policía, le pidió reconocer esta realidad, cambiar los protocolos para recibir denuncias y asumir un compromiso contra la impunidad, entre otros.

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