Así fue el “tumbado” que le hicieron a Comcel en Medellín

Seis personas fueron capturadas por la Fiscalía por modificar un cheque de la empresa de telecomunicaciones que tenía un valor de casi $1.500 millones.

En 2014, un mensajero de Comcel trató de quedarse con un cheque de más de $1.500 millones.
En 2014, un mensajero de Comcel trató de quedarse con un cheque de más de $1.500 millones. Foto: Cortesía Comcel

Un mensajero y cinco personas que, al parecer, cobraron ilegalmente un cheque con el que la empresa de telecomunicaciones Comcel S.A. —hoy conocida como Claro— buscaba pagar el impuesto de industria y comercio, están tras las rejas. A los seis hombres les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, estafa y falsedad en documento privado, supuestamente por quedarse con algo más de $1.500 millones que debían haber llegado a las arcas de la Alcaldía de Medellín.

Todo comenzó con el mensajero Édison de Jesús Pino, trabajador de Comcel desde el 9 de mayo de 2014. Desde esa época, era el encargado de pagar facturas, consignar y reclamar cheques. Todo iba bien hasta junio de 2015, cuando se unió a Jamel Alberto Marín Marín, Sebastián Felipe Marín Arenas, Darío de Jesús Valdés Arango, Jhon Darío Valoyes Marin y Edward Esteban Gómez Guerra para intentar armar una red que cobraba ilegalmente cheques de Comcel.

Según la Fiscalía, el hombre detrás de todo era Jamel Alberto Marín, quien habría utilizado a la empresa Educamos Conduciendo S.A. —de la que su hijo de 23 años, Sebastián Marín, era el representante legal— para legalizar los dineros obtenidos en la estafa. El hecho por el cual los procesaron se remonta al 18 de junio de 2015, cuando Comcel le solicitó al Citibank, a través de la plataforma virtual Cititec, un cheque de gerencia por $1.598 millones, para pagar los impuestos a la administración de la ciudad de Medellín. El autorizado para reclamarlo era Édison Pino.

El cheque se le entregó al mensajero el 19 de junio de 2015. Pino consignó el cheque en Bancolombia. Sin embargo el cheque, antes de ser consignado, había sido modificado. Según la Fiscalía, “sufrió una alteración por adición”, pues el único beneficiario ya no era el Municipio de Medellín, sino que también aparecía la sociedad Educamos Conduciendo S.A.S. A la cuenta de esta última empresa fue a parar la plata.

Ese mismo 19 de junio de 2015, Édison Pino consignó otro cheque de gerencia –sin fondos– en la cuenta del Municipio de Medellín por el mismo valor del primer cheque de Citibank: $1.598 millones. En el adverso, además, estaba endosado a Comcel. “En su aparente afán de ganar tiempo y desviar la atención, (Édison Pino) consigna un cheque obviamente sin fondos, por el mismo valor, aparentando haber realizado el pago y buscando encubrir el fraude llevado a cabo”, sostuvo la Fiscalía.

El 23 de junio de 2015 se autorizó el desembolso de la plata del cheque para la cuenta de Educamos Conduciendo S.A.S. De inmediato se retiró todo el dinero. Se realizó a través de cinco cheques de gerencia que sumaban $1.123 millones y un retiro en efectivo de $400 millones. El hecho que terminó por llamar la atención de las autoridades fue que cuatro personas, en varias sucursales de Bancolombia en Medellín, cobraron en un lapso corto los cheques que solicitó Educamos Conduciendo.

El primero fue Edward Esteban Gómez, quien cobró un cheque por $85 millones en la sucursal Central de Abastos a la 1:36 de la tarde. Trece minutos más tarde, Sebastián Felipe Marín Arenas —representante legal de la sociedad—, en compañía de su padre Jaime Alberto Marín, cobró el segundo cheque, por un monto de $200 millones, en la sucursal de Belén. Media hora más tarde, el siguiente en ejecutar el cobro fue Jhon Valoyes Marín, por un monto de $318 millones en el Bancolombia del centro de pagos La Mayorista.

Finalmente, Darío de Jesús Valdés Arango fue quien cobró los otros dos cheques de Educamos Conduciendo S.A.S. El primero lo hizo en la sucursal del centro comercial Oviedo por valor de $320 millones a las 2:42 de la tarde de ese 23 de junio. Y el segundo, que era por un valor de $200 millones, lo hizo efectivo dos horas después en el centro comercial Santafé. Es decir, Valdés Arango retiró por su cuenta un total de $520 millones.

Fue el 14 de julio de 2015 que la Secretaría de Hacienda de Medellín se dio cuenta del fraude, pues ese día envió un requerimiento a Comcel en el que le informaba que se encontraba en mora de cumplir con el impuesto de industria y comercio. Comcel advirtió que ya se había ordenado el pago, por lo que el 17 de julio de ese mismo año le reclamó a Citibank por haber supuestamente incumplido con las instrucciones que había dado a través de la plataforma Citidirect. Tras verificar la información, se descubrió el fraude.

Es más, la Fiscalía encontró que luego de la operación del cheque de Comcel, el mensajero Édison de Jesús Pino intentó reclamar ante el Citibank otros títulos valores a nombre del Municipio de Medellín que sumaban más de $2.000 millones. Sin embargo, no tuvo éxito porque los funcionarios del banco ya tenían conocimiento del fraude.

El primero en ser denunciado fue el mensajero Pino —quien aceptó cargos— y a partir de esa investigación se dio con el paradero del resto de los implicados. Al ser cuestionado sobre el origen de los dineros, Sebastián Marín no dio ninguna explicación. Al contrario, fue su padre, Jamel Alberto Marín, quien se presentó a la Fiscalía para explicar que esa plata llegó a la empresa por el anticipo de un contrato de $3.758 millones firmado con Irma del Socorro Balbín y Orlando García Herrera, con el que se buscaba capacitar a 1.200 conductores.

“Estas excusas que fueron presentadas por Jamel Alberto Marín fueron una a una desvirtuadas, pues se realizó entrevistas a las personas con las que supuestamente se había celebrado el contrato y ninguna de ellas tenía la más mínima relación con estas personas”, señaló la Fiscalía. El organismo concluyó: “Por lo tanto se trató de un artilugio adicional diseñado para efectos de disfrazar el fraude perpetrado”. La semana pasada un juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento y se espera que a mediados de enero se radique el escrito de acusación.

 

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