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El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Camilo Gómez, pidió perdón y reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en la detención injusta del sociólogo y profesor Alfredo Correa de Andreis, judicialización que estigmatizó su labor al punto que meses después fue asesinado por paramilitares, el 17 de septiembre de 2004. A 15 de años de su muerte, familiares, colegas y alumnos de Correa se reunieron en la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla, para honrar la memoria del profesor.
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En cumplimiento de la condena que le impuso el Consejo de Estado a la Nación en enero de este año, Gómez reconoció que “nada justifica el actuar” del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el caso. Según revela el expediente, funcionarios de esa entidad armaron un informe de inteligencia, basados en los testimonios -al parecer libreteados- de dos exguerrilleros y en el trabajo de campo que desarrollaba Correa con comunidades marginadas, para señalarlo como supuesto ideólogo de las Farc.
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Para el Consejo de Estado, la detención del profesor estigmatizó su labor de investigación con comunidades víctimas de desplazamiento forzado, pero además fue la antesala para que sicarios lo asesinaran en 2004 en el barrio El Prado. Por esto, para su hermano Raúl, a Alfredo Correa, "lo desaparecieron físicamente, pero sus ideales y principios seguirán vigentes por mucho tiempo". Además, dijo que actos como el de este martes, en el que el Estado decide reconocer sus errores y pedir perdón, “ojalá sirvan para mirar el futuro del país con algo de esperanza".
El turno siguió para el abogado de la familia, Humberto Torres, quien ha acompañado de cerca el caso por años y fue amigo personal del profesor Correa. Aunque reconoció la importancia de ceremonias como la de este martes, Torres criticó que, a pesar de que el exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, ya fue condenado por estos hechos, el resto de supuestos responsables están en libertad. Por ejemplo, el director del DAS en Magdalena, Javier Valle Anaya, quien habría confeccionado el informe de inteligencia y el entonces fiscal Demóstenes Camargo, hoy magistrado del Tribunal de Barranquilla, y quien hizo efectiva la captura. Siguen en libertad. “¿Y Alfredo dónde está?”, cuestionó el abogado.
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“Esto es como el mundo al revés”, siguió Torres, “los perpetradores gozan de buen nombre, de buena salud y de buen salario del Estado y la familia de Alfredo ni siquiera ha recibido la reparación administrativa que ordenó esta sentencia del Consejo de Estado”. Pero hay más protagonistas que, según el abogado, deberían ser llamados a responder: “Por un lado, Rómulo Betancur, entonces director del DAS en Cartagena, está hoy libre, aunque pagó con gastos reservados los testigos falsos en contra de Alfredo. Y, por otro lado, Giancarlo Auque de Silvestri, exdirector de inteligencia del DAS y vecino de Alfredo ahí sigue libre mientras la investigación duerme el sueño de los justos en la Fiscalía”.
A su turno, Gómez fue crítico también del accionar del DAS: “Las autoridades están para proteger a las personas, no para abusar de su poder y cometer crímenes”. A su vez, el director de la ANDJE le pidió perdón a la madre del profesor, Eloisa de Andreis, a Magda y Raúl Correa, sus hermanos, y a los demás familiares presentes. "A nombre del Estado colombiano les ofrezco las más sinceras disculpas y expreso las más sentidas condolencias por los daños causados en la vida, la libertad y el buen nombre del profesor Correa y de su familia", dijo el funcionario.
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Gómez añadió que le pedirá personalmente al Fiscal General (e), Fabio Espitia, celeridad en las investigaciones de este caso y que hará lo mismo con las entidades diplomáticas para asegurar la extradición o deportación del exfuncionario del DAS, Javier Valle Anaya. "Aunque sabemos que nada traerá de vuelta al profesor Correa, esperamos que estas medidas y este acto de reconocimiento de responsabilidad contribuyan a su reparación", le dijo Camilo Gómez a la familia del profesor.