Las monedas de oro que ilustran este artículo —acuñadas en Popayán y en Bogotá en épocas del Nuevo Reino de Granada— y el testimonio de los descendientes colombianos de las víctimas del naufragio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, ocurrido en 1804, son pruebas contundentes de que nuestro país tiene derechos sobre el mayor tesoro colonial rescatado del fondo del mar.
Sin embargo, las 594 mil monedas de oro y plata encontradas en abril de 2007 por la cazatesoros Odyssey y llevadas ante un tribunal de Tampa, fueron entregadas este fin de semana al gobierno de España, luego de que seis expertas de ese país hicieron el inventario en las bóvedas de la Numismatic Guaranty Corporation, que custodiaba el tesoro en Florida.
Se acabaron así las pretensiones de recompensa de la firma estadounidense que sacó el cargamento de 23 toneladas de una profundidad de 1.100 metros, frente a costas portuguesas en camino a Cádiz, a donde la fragata no llegó porque fue atacada por los ingleses. También quedó descartada la devolución o indemnización de 179.722 monedas de plata y 75 de oro a más de 300 particulares, entre ellos el colombiano Rafael Mariano Fernández de Lavalle, descendiente del primer conde de Premio Real.
Su última esperanza se esfumó ayer cuando dos aviones Hércules del Ejército del Aire de España aterrizaron en Madrid provenientes de la base MacDill de la Fuerza Aérea estadounidense con el tesoro a bordo. “Denunciamos que es una decisión absurda, de una expropiación, de un robo, como cuando se meten a tu casa. Denunciamos que el gobierno de Colombia se hizo el de la vista gorda a la hora de defender los derechos históricos del país y los de sus ciudadanos”, le dijo Fernández a El Espectador. “Pido respeto al honor de mi familia”, añadió. Reclama “500 pesos en plata doble de cordoncillo, un baulito de filigrana con seis marcos de plata y algunas piedrecitas de oro con 22 castellanos, así como 387,3 pesos de cordoncillo doble”.
Las pruebas y la casación
Su reclamo está fundado en pruebas como el manifiesto de carga de la Mercedes, donde 130 comerciantes describen las fortunas personales que envían a España. El 76% de la carga era de particulares y apenas el 24% de la Corona española. Además, la mayoría de las monedas fueron acuñadas en Perú y una pequeña parte en Colombia. Pero el tribunal de almirantazgo —que sólo funciona en Estados Unidos— consideró que la embarcación de bandera española está cobijada por el principio de “inmunidad soberana” y que cumplía misión militar, razón por la cual el tesoro debía ser devuelto a España.
El historiador náutico colombiano Daniel de Narváez, vocero de 16 familias de descendientes de los comerciantes que perdieron su fortuna, insiste en que la nave iba en misión comercial.
A pesar de la entrega del tesoro a España, De Narváez reveló a este diario que el viernes interpusieron recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., aunque admite que la probabilidad de reversar el proceso es mínima. Lo más seguro es que el botín histórico, avaluado en 460 millones de dólares, termine en museos de Madrid, Cartagena, Cádiz y Sevilla. Unas pocas monedas podrían ser donadas después a países como Perú y Colombia, insinuó el almirante Gonzalo Rodríguez González-Aller, director del Museo Naval de España.
El valor cultural e histórico
“Me cansé de explicarles a los dos últimos gobiernos la importancia de reclamar las monedas acuñadas en Popayán y Bogotá —explica el historiador De Narváez—, un patrimonio nacional numismático muy raro y valioso. Me respondieron los derechos de petición haciendo caso omiso y hoy sufrimos las consecuencias”.
Se obsesionó con el caso cuando descubrió en el manifiesto de carga a Pasqual de Narváez, un ancestro suyo, hijo natural de don Antonio de Narváez y la Torre, quinto conde de Santa Cruz. Pero el tiempo no le alcanzó para probar su consanguinidad.
En cambio ayudó a los demás a demostrarla a través de árboles genealógicos. El tribunal de Tampa oyó en audiencia a los familiares por tan sólo diez minutos y negó recursos como publicar avisos de búsqueda junto con la lista de descendientes en los principales periódicos de Bogotá, Lima, Buenos Aires y Madrid.
Aparte de la familia Fernández de Lavalle, en su archivo figuran los Daireaux, descendientes de don Diego de Alvear, capitán de la fragata acompañante Menea, pero cuya esposa, siete de sus ocho hijos y su fortuna iban en la Mercedes. Se trata de Carol, Eleonora y Matilde Daireaux y Kinski, casadas con colombianos y de hijos colombianos. “En la investigación genealógica —dice De Narváez— también apareció un Diego Felipe Pizano, un Cossio y un Arias con muchas monedas, los tres presumiblemente colombianos”.
Desidia gubernamental
Los defensores de las familias acudieron el viernes al Gobierno. “Como último recurso solicitamos a la Cancillería y a la Embajada de Colombia en Washington que presenten ya una nota diplomática ante la Corte Suprema de EE.UU. en la que adviertan que al entregar el tesoro antes de su pronunciamiento, no se respetaron las instancias judiciales ni los derechos de los interesados”.
Pero De Narváez y Fernández saben que si ninguna instancia gubernamental les mostró real interés durante los más de cuatro años que duró el litigio, menos lo van a hacer ahora con la fortuna americana en manos españolas.
Los gobiernos de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos se negaron a tomar partido en el pleito con la disculpa de que no había obligación legal y que no lo harían hasta tanto el Congreso aprobara una ley reglamentaria del patrimonio cultural sumergido. Las normas apenas acaban de ser presentadas por el Ministerio de Cultura para debate en esta legislatura. El viernes, una fuente oficial allegada al tema reiteró que no habrá pronunciamiento.
En cambio el gobierno de Perú sentó un precedente al defender formalmente sus derechos, así el tribunal se los haya negado aduciendo que en 1804 no era un país independiente sino un Virreinato bajo la autoridad del rey Carlos IV de España. Otro argumento español admitido es que los descendientes ya habían sido indemnizados en el siglo XIX. En el expediente, seguido por El Espectador desde 2008, sí hay registros de dos convocatorias de la Corona para hacerlo, pero nunca se concretó. Fernández ratifica: “Ellos no tienen ningún papel que demuestre que les pagaron a nuestras familias”. Para James Goold, el abogado estadounidense que representó los intereses españoles, ese derecho expiró en 1870.
Presiones y Wikileaks
Fernández y De Narváez advierten que hubo presiones políticas que quedaron en evidencia cuando a través de los cables de Wikileaks se supo que los gobiernos de España y Estados Unidos se habían puesto de acuerdo para agilizar en favor del primero fallos como el de la Mercedes.
En concreto, Washington se ofreció a ayudarle en su disputa con Odyssey a cambio de un cuadro del museo Thyssen, robado por los nazis a la familia de un ciudadano estadounidense. Hacia el futuro, esta alianza se mantendrá mientras Madrid respalde la geopolítica estadounidense en temas como Irak. En estas circunstancias, los afectados colombianos descartan una demanda ante la justicia española.
“Mientras Colombia no defina su legislación y siente a nivel internacional su posición frente al tema, las consecuencias puedes ser catastróficas”, insiste De Narváez. Según el Archivo de Indias en Sevilla, en el Caribe colombiano hay al menos 1.100 galeones hundidos. Podrían correr la misma suerte que la Mercedes: que una firma cazatesoros, con una tecnología silenciosa y efectiva, venga, rescate tesoros como el del galeón San José y se los lleve a tribunales estadounidenses para que terminen en arcas españolas o los comercie en el mercado negro, como lo dejó entrever Odyssey en un comunicado de prensa : “Cualquier cosa hallada que tenga un potencial interés para España será escondida o, lo que es peor, fundida o vendida en eBay”.
Por ahora es España la que cobra dividendos: logró que la Convención de la Unesco de Protección de Patrimonio Subacuático (2001) le dé prioridad legal en estos casos por “inmunidad soberana” y puso en marcha el Plan Nacional Arqueonauta para reclamar la carga de 3.000 naufragios en todo el mundo.
Allá celebran y aquí resulta razonable la indignación de los descendientes de los afectados por el naufragio de la Mercedes: “Es un atropello que después del saqueo a que nos sometieron en la época de la Colonia ahora vengan a llevarse lo poco que nos quedaba y nuestras autoridades no hagan nada para impedirlo”.
La fragata
La nave ‘Nuestra Señora de las Mercedes’ pertenecía a la Armada Española, contaba con una tripulación de trescientos marinos al mando del comandante José Manuel de Goicoa y Labart. Aparte del tesoro en monedas, transportaba pieles de lobos marinos, perfumes, cacao, canela, cubiertos de plata labrada y plantas medicinales, como extracto de ratania. El 5 de octubre de 1804, un cañonazo disparado por piratas ingleses alcanzó la santabárbara —el depósito de explosivos—. El incendio y hundimiento causó la muerte a 249 tripulantes, mientras 51 fueron detenidos y llevados al Reino Unido. El detonante de la Batalla de Gibraltar.
La firma cazatesoros Odyssey
Porque la empresa norteamericana localizó en el Archivo de Indias en Sevilla, España, los documentos para localizar el naufragio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Montó una operación submarina, avaluada en 30 millones de dólares, y en cuatro días sacó el tesoro, lo trasladó en barco hasta Gibraltar y luego hasta La Florida en un avión 737. Todo lo hizo en secreto. Allí denunció el hallazgo en busca de la recompensa que prevé la Ley del Mar de Naciones Unidas. Claro que todavía se investiga una versión según la cual la cazatesoros dirigida por Greg Stemm se habría quedado de antemano con al menos 59 piezas de la riqueza.
Colombia, Perú y Argentina
Porque son los tres países donde descendientes de las familias afectadas por el naufragio esperaban recuperar parte de la fortuna familiar y rescatar para sus países la memoria histórica de sus antepasados. De los tres sólo Perú defendió sus derechos y así haya perdido sentó un precedente en la doctrina internacional sobre naufragios que empieza a escribirse en tribunales de los Estados Unidos. En cambio Colombia y Argentina siguen a merced de lo que decidan los tribunales de almirantazgo norteamericanos, señalados por la parte civil de favorecer intereses españoles a cambio de favores políticos para Washington.
España y Estados Unidos
Porque estos fallos están sentando jurisprudencia a favor de sus intereses binacionales sobre la suerte futura de al menos 3.000 naufragios de más de cien años en todo el mundo. Y ocurre en momentos en que la comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo sobre si deben ser regulados por la Convención del Mar de las Naciones Unidas o por la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático que entró en vigor a principios de 2009. Claro que EE. UU. se ha negado a suscribir esta última, al igual que Colombia, porque de entrada favorece los intereses de España: las naves hundidas en la Colonia con su bandera eran naves de Estado y gozan de “inmunidad soberana”, lo que impide a cualquier país o empresa intervenir sus tesoros o reclamar parte de ellos. La tesis fue reconocida por el tribunal de Tampa: “La inefable verdad de este caso es que La Mercedes es un buque naval español y que su pecio, la carga y todos los restos humanos y pertrechos que naufragaron con él son natural y legalmente patrimonio de España”.
Washington empezó a negociar el tema con España, según prueban cables de Wikileaks. Antecedentes: ya en el año 2000 una Corte Federal norteamericana le devolvió a los españoles los tesoros de las fragatas Juno y Galga, rescatados por la empresa cazatesoros Sea Hunter. Y la alianza sigue vigente.
La primera página del manifiesto de carga de la fragata ‘Mercedes’. (Infografía)
Monedas coloniales acuñadas en el Nuevo Reino de Granada (NR) y en Popayán (P). (Infografía)