Así procesarían a hombre que amenazó al presidente Santos

Josué Martínez está radicado en Bolivia.

El caso más recordado por amenazar a personajes públicos a través de redes sociales fue el de Nicolás Castro, el estudiante que escribió un comentario por Facebook en el que supuestamente instigaba a la gente para asesinar a Jerónimo Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, un juez absolvió a Castro al advertir que no existían las pruebas para condenarlo por instigación a delinquir. Este mismo delito es por el que la Fiscalía abrió una investigación de oficio contra Josué Martínez Loaiza, el colombiano radicado en Bolivia que grabó un video que rodó por redes sociales y en el que, al parecer, amenaza de muerte al presidente Juan Manuel Santos.

Josué Martínez fue capturado en Bolivia luego de que la Fiscalía hiciera esa solicitud ante un juez colombiano. Un grupo especial de la Policía boliviana fue el encargado de hacer labores de inteligencia y ubicar a Martínez, quien se identifica como miembro del Centro Democrático y, además, fue policía entre 1994 y 2010, cuando la Procuraduría lo destituyó. Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, un fiscal colombiano escuchará en interrogatorio a Josué Martínez en las próximas horas.

El hombre que hoy está en el ojo del huracán llegó a Bolivia para buscar nuevos mercados para su empresa Josué Martínez Mineral y Metales, registrada ante la Cámara de Comercio de Bolivia y con vigencia hasta mayo de 2018. Desde hace varios años creó grupos de Facebook y un canal de Youtube en el que colgaba videos con sus opiniones. Según le dijo Martínez a W Radio, el video de más de cuatro minutos en el que dice que va a haber una “guerra urbana” y propone poner “francotiradores” en varias ciudades del país para empezar la “temporada de caza” de políticos, lo hizo en un momento de apasionamiento, “con más vísceras que cerebro”.

“Acompañé mi video con esa parte de dolor de lo que siento por mi país. Fui brusco, radical y extremista. Pero fue el presidente quien dijo que se avecinaba una guerra urbana (…) Mis palabras fueron expresadas en momentos de pasión. Ese video lo realicé cuando se conocía la noticia de militares muertos en mi país”, sostuvo Josué Martínez. Agregó que hacía parte de la angustia y humillación que sentía como colombiano porque el presidente Santos no respetó las votaciones del plebiscito por la paz.

El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, explicó que pidieron antecedentes de Josué Martínez para saber si había cometido delitos y que una vez se revisen su situación legal en nuestro país y sus antecedentes penales, se analizará la posibilidad de abrir un proceso penal por algún delito de amenaza o instigación pública para delinquir. Agregó que están trabajando con las autoridades colombianas y que revisarán si su captura fue legal con base en el informe que entregó la Policía boliviana.

A su vez, el fiscal general de Colombia explicó que un fiscal colombiano fue el que solicitó la orden de captura y que ya viajó hasta Bolivia para escuchar en interrogatorio a Josué Martínez. “Es un típico caso de instigación al delito y hemos pedido cooperación judicial a Bolivia. El señor Martínez ya ha sido capturado en ese país y esperamos que concurra lo más rápido posible frente a la Fiscalía colombiana”, aseguró Martínez Neira. Además, el jefe del organismo investigador desconoce cómo es el procedimiento para que Josué Martínez regrese a Colombia, pues primero tendrán que definir su situación jurídica en Bolivia.

“Hay que tener cuidado con amenazas en redes sociales y no pueden quedar impunes. Es una muy buena lección para utilizar adecuadamente las redes sociales”, concluyó Néstor Humberto Martínez. Pero, ¿cómo evitar que sea un caso parecido al de Nicolás Castro? A pesar de que se trata de la investigación de un delito similar, lo que sucedió en el caso de Castro fue que hubo excesos por parte de las autoridades, manipulación de pruebas y que nunca se demostró que Castro hubiese creado el grupo en Facebook que en su descripción proponía matar a Jerónimo Uribe como acto de venganza contra el expresidente Uribe.

Castro terminó absuelto en septiembre de 2011, luego de pasar cuatro meses en prisión. Fue capturado en diciembre de 2009, pero recobró su libertad por vencimiento de términos. Luego estuvo exiliado en Buenos Aires (Argentina) y regresó en 2014 a Colombia a escribir su libro El terrorista, que fue publicado hace un año y en el que explicó cómo fue su proceso ante la justicia. Según relató en varias oportunidades, mientras los medios lo tildaban de “terrorista de internet” y que había extorsionado a Jerónimo Uribe, en los estrados judiciales desmentía las pruebas que, según la juez del caso, fueron manipuladas. Castro terminó por demandar al Estado y ganó.

La misma jueza del caso en la sentencia precisó: “Acorde con las pruebas practicadas en el juicio oral podemos deducir, en cuanto a la conducta punible descrita en precedencia, en los términos exigidos por la Ley Penal vigente, que si bien se acreditó la materialidad del hecho investigado, no ocurrió lo mismo en relación con la responsabilidad de Castro”. Es decir, a pesar de que sí se había instigado a través de un grupo de Facebook a matar a Jerónimo Uribe, no fue Castro quien estuvo al frente de esa iniciativa. Algo muy diferente a lo que sucedió con Josué Martínez, quien sí es el autor del video y quien con sus propias palabras propone “cazar” políticos.

El abogado Iván Cancino precisó que “en este caso, en el que se pide atacar al presidente, debería tener esa connotación de delito penal. Es diferente el caso de Nicolás Castro. Ahí se ganó en primera y segunda instancia porque se metía el delito con fines terroristas, que no los tenía. En el caso de Josué Martínez, solamente es la instigación a cometer delitos que se dio por medio de un video que se viralizó por redes sociales, en el que se insta a poner francotiradores”. Agregó que con el poder que tienen las redes sociales, las agresiones pueden llegar a suceder si este tipo de personajes las utilizan para instigar a otros a agredir o matar a alguien.

A su vez, el jurista Jesús Albeiro Yepes afirmó: “Es evidente que hay una indebida utilización de las redes sociales para hacer apología al delito y veladas amenazas. Es decir, instigar al delito. Hay expresiones elocuentes y claras de invitación a realizar una “temporada de caza” contra políticos y, dado el estado de sonambulismo que crean las redes sociales, esto se puede convertir en un medio idóneo para causar daño y pánico social. Este señor sí está en las fronteras de los delitos de amenaza e instigación. La Fiscalía debe constatar la capacidad e daño que puede hacer este llamado a través de las redes sociales”.

Tanto Twitter como Facebook, por sólo mencionar dos herramientas, tienen términos de uso en los que muy claramente no se permiten cosas como el terrorismo o incitar al odio. Estas reglas se refuerzan mediante acciones como reportar las cuentas ante la empresa, que finalmente analiza las quejas y toma cartas en el asunto en 48 horas. Un analista del sector aseguró que “las redes tienen mecanismos para reportar amenazas, apología del terrorismo y acoso, entre otros comportamientos. Pero no tienen un filtro previo para este tipo de contenidos porque requieren de un análisis de contexto. Un medio de comunicación puede estar informando sobre un acto armado o un ciudadano puede estar publicando fotos de un evento que está presenciando y eso para el gobierno puede ser apología de la violencia. De manera que una ley sobre el tema corre el enorme riesgo de volverse una forma de censura y tener un efecto desproporcionado en la libertad de expresión e internet”.