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Para la Fiscalía aún quedan muchos cabos por atar en la historia de John Úber Hernández, el denominado ‘zar del oro’, capturado el pasado martes en Montenegro (Quindío), dueño de la Comercializadora Internacional Goldex y quien, al parecer, junto a una red de 25 personas logró lavar $2,3 billones. La hipótesis más fuerte de las autoridades es que la plata terminó en manos de la guerrilla y bandas criminales que ejercían control territorial en las zonas donde sacaban el oro y de algunos funcionarios públicos locales que, posiblemente, fueron favorecidos en sus campañas con estos dineros.
Toda la investigación contra Goldex nació el 2 de agosto de 2011. En ese entonces, un funcionario del DAS emitió un informe en el que se denunciaba la existencia de una organización delictiva que realizaba movimientos financieros irregulares a través de compraventas que comercializaban oro con Goldex. Tres años después finalizaron las pesquisas y la Fiscalía tenía un mapa completo de más de 20 empresas fachadas y un listado de centenares de falsos proveedores que blanqueron activos vendiendo más de 40 toneladas de oro en el exterior.
Metales Yuteña, Compañía las Brisas del Tigui, Comercializadora del Río, Compraventa El Ruby y Compañía de Metales del Norte son algunas de las 20 sociedades que oficiaban como proveedoras de Goldex y que estaban inscritas en diferentes Cámaras de Comercio del país, pero, al parecer, eran empresas fachadas. Los investigadores descubrieron que todas fueron constituidas recientemente con un capital muy inferior a los flujos de dinero que manejaban, que tenían los mismos socios y que incrementaban sus ingresos operacionales de manera exagerada por encima de su capacidad económica, lo que generaba pérdidas pese a estar en un negocio rentable.
En un trabajo conjunto con la DIAN y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía cruzó datos de las operaciones comerciales de Goldex con las bases de la Registraduría Nacional y evidenció que de los 6.000 subproveedores —barequeros que les vendían supuestamente a las 20 firmas proveedoras— la gran mayoría eran personas inexistentes, estaban muertos o aseguraron no haber realizado ningún negocio con Goldex. Tanto así, que en Cali se encontraron a más de 300 habitantes de calle que aparecían como prominentes empresarios.
Asimismo, el ente investigador encontró que los representantes legales de las empresas fachadas no tenían el perfil requerido para la actividad que realizaban y que crearon un mecanismo de operaciones ficticias y simuladas con las que intentaban incrementar el valor del oro y así darle apariencia de legalidad. La UIAF también demostró que existían inconsistencias en los informes que se presentaban al sistema financiero, ya que lo pagado por regalías a la Agencia Nacional Minera no correspondía con las ventas realizadas.
Los peritos contables de la Fiscalía, la DIAN y la UIAF concluyeron que Goldex realizó operaciones comerciales por $2.518 millones con proveedores que tenían cédulas no expedidas o ya estaban muertos, y que otros $23.589 millones fueron adquiridos por operaciones inexistentes con las 20 empresas fachadas. El total de recursos que no tienen sustento legal y que ingresaron a Goldex por negocios realizados con personas certificadas por la Registraduría como inexistentes fueron por $256 mil millones. Asimismo, las autoridades precisaron que el total de pasivos entre 2009 y 2010 de la comercializadora con sus sociedades de papel fueron por $50.000 millones.
La persecución de Goldex también llevó a las autoridades a buscar las transferencias en el exterior. Ahí encontraron que en 2009, a través de operaciones simuladas, la comercializadora tuvo negocios con la firma panameña Stone Traders por un valor de $15.305 millones. Fuentes cercanas al proceso indicaron que sociedades de Estados Unidos que compraron oro a Goldex están en la mira de las autoridades porque existen indicios de que participaron en el lavado de activos.
Con el arresto de John Úber y su esposa, Gloria Patricia Álvarez, ya son 21 los capturados por el caso Goldex. Cabe recordar que el pasado sábado, mientras se realizaba la legalización de captura de 20 de los detenidos, uno de ellos, identificado como Martín Emilio Monsalve Saldarriaga —representante legal de la Sociedad Golden Rose— se suicidó al saltar del piso 18 del Palacio de Justicia de Medellín. Hasta el momento, ninguno de los detenidos se ha acercado a las autoridades para ofrecer su colaboración a cambio de beneficios jurídicos.
Por ahora la Fiscalía se prepara para abrir nuevas investigaciones, porque existen indicios de que parte de los $2,3 billones pudieron terminar financiando campañas políticas de los órdenes local y regional. Y es que para las autoridades las alcaldías son un fortín para estas organizaciones criminales, porque son éstas las primeras en ejercer los controles contra la minería ilegal. En los próximos días el ente investigador creará tres grupos especiales que indagarán a profundidad el tema de Goldex y sus relaciones con bandas criminales, la guerrilla y el sector político.
En un principio, las labores investigativas se centrarán en los departamentos de Chocó, Antioquia y los de alta presencia de las Farc en el sur del país. Ya se tiene reporte de que en más de 22 municipios podrían estar involucrados funcionarios públicos que, supuestamente, recibieron apoyo financiero de Goldex o sus empresas fachadas. Para el ente investigador este es un tema delicado, ya que en octubre serán las elecciones regionales y están evitando a toda costa que se filtren dineros ilícitos.
La Fiscalía celebró la desarticulación de esta red de lavado de activos, al parecer al servicio de organizaciones al margen de la ley. Anunciaron igualmente que las otras siete comercializadoras internacionales de oro en Colombia están siendo investigadas para saber si formaban o no parte del jugoso negocio.
smartinez@elespectador.com