Así será la sesión técnica sobre la ley de infraestructura en la Corte Constitucional

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; el contralor Felipe Córdoba; y reconocidos economistas serán escuchados por el alto tribunal que estudia una demanda que busca tumbar un artículo que podría beneficiar a empresas como Odebrecht.

La magistrada encargada del caso es Cristina Pardo, quien presentó una ponencia para declarar inconstitucional el artículo demandado. Óscar Pérez

El próximo 30 de abril se realizará en la Corte Constitucional una sesión clave para destrabar el debate que está haciendo ese alto tribunal sobre la Ley de Infraestructura. El caso ha tomado relevancia ya que se trata de definir cómo se deben liquidar los contratos de obras con el Estado y si quienes cometen delitos para obtener ese contrato, como el caso de la multinacional Odebrecht, tienen los mismos derechos de quienes lograron los negocios por sus méritos.

En concreto, la Corte está estudiando una demanda en contra de un artículo de la Ley 1882 de 2018, en donde se definen cómo se liquidan este tipo de contratos y que es cuestionada porque tal y como está escrita, el Estado estaría obligado a indemnizar a empresas cuyos contratos sean declarados nulos, sin importar la razón por la que se terminaron de esta manera. Esto, en la práctica beneficiaría a Odebrecht, que tenía el contrato de la Ruta del Sol II.

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Aunque en la Corte ya han tenido algunas discusiones al respecto, la complejidad del asunto, las diferencias internas y las filtraciones a la prensa suspendieron el debate.  La Sala decidió citar a una sesión técnica, que será privada, que tendrá varios ejes temáticos.  El primero versará sobre los impactos económicos, fiscales y jurídicos que puede implicar la norma y para el cual está citado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; el contralor Carlos Felipe Córdoba y el director de la Agencia Jurídica del Estado; Camilo Gómez.

Otro eje temático versará sobre la estructuración financiera de los proyectos de concesión de infraestructura vial y de APP. Acá fueron citados el economista y exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega; el exviceministro de Hacienda, Andrés Escobar Arango; y el expresidente de la Financiera de Desarrollo Nacional Clemente del Valle Borráez. Y el tercer eje temático se dará sobre las consecuencias jurídica de la aplicación de ese artículo frente a la legislación y jurisprudencia vigentes.

(En contexto: ¿Frenará la Corte Constitucional supuesto "mico" en ley que beneficiaría a Odebrecht?)

En este tercer asunto está citada la exministra de Justica, Ruth Stella Correa; la exmagistrada auxiliar del Consejo de Estado Aida Patricia Hernández; y el árbitro internacional Juan Pablo Cárdenas Mejía. Se espera que luego de esta sesión, haya luces para que los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional puedan resolver este asunto. La magistrada Cristina Pardo presentó hace más de tres semanas una ponencia que busca tumbar la norma y declarar que a quienes el Estado les liquide sus contratos no pueden tener los mismos beneficios si, para obtener los negocios, pagaron sobornos o fueron desleales con la ley —por ejemplo, Odebrecht.

A eso se suma una aclaración clave que también estaba en la demanda, presentada por el excontralor Edgardo Maya el año pasado, justo antes de salir de la entidad. La norma no puede ser retroactiva, tal como fue aprobada en el Congreso; es decir, no se puede aplicar a casos ocurridos antes de que Presidencia la sancione. Este tema, precisamente, fue el que el demandante, y otros más que lo respaldaron en su recurso, calificaron como el mico de la Ley de Infraestructura.

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La razón es puntual: si nadie le pone un freno a la ley, y la Corte la deja tal cual fue avalada, empresas como Odebrecht resultarían con ventaja, pues, aun confesando que pagaron sobornos, el Estado tendría que pagarles las cuotas de la liquidación de los contratos que ya se pidió que se anularan. Uno de los afanes que esperan resolver los magistrados con las intervenciones es el de contemplar un panorama mucho más amplio de los impactos que puede tener su decisión en el futuro de la financiación privada en la infraestructura del país.

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Redacción Judicial

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