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El contrabando es un delito que lleva siglos en territorio colombiano. Desde los tiempos de la Colonia ciertas provincias del Nuevo Reino de Granada gozaron de altos niveles de modernización y desarrollo gracias a la práctica prohibida de intercambio de mercancías, o contrabando. Con el paso del tiempo, la prosperidad resultante del contrabando dio pie a la configuración de culturas locales alrededor de esta práctica, considerada por muchos como la principal y quizás única fuente de trabajo en algunas regiones.
(Vea: Funcionarios del ICA, señalados de facilitar el contrabando de ganado desde Venezuela)
Actualmente, en las ciudades y poblaciones limítrofes con la frontera colombo venezolana, donde tradicionalmente se cometen acciones de contrabando, se encuentran controladas por poderosos grupos criminales que profundizan la pobreza y la desigualdad en la que viven muchos de los habitantes. La Fundación Progresar, organización veedora de derechos humanos en Norte de Santander, en la frontera delinquen al menos 10 bandas criminales como Los Cebolleros, Los Canelones, La Línea, Los Rastrojos, entre otros.
Según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), entre 2016 y 2018 ingresaron 4 millones de bovinos de contrabando, los cuales representan una afectación económica de $8 billones para la economía del país.Las investigaciones de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el ganado ilegal es conducido hasta mataderos clandestinos, construidos de forma artesanal con planchas de madera, donde son sacrificados en condiciones "insalubres con procedimientos violentos". Posteriormente, la carne es transportada a los mercados locales o a las centrales de abastos.
De acuerdo con el Comité de Ganaderos de Norte de Santander, Coganor, Cúcuta requiere 400 animales diarios para abastecer su consumo, sin embargo, solo se sacrifican 195 en los frigoríficos autorizados, es decir, que alrededor de 205 animales son ilegales. En esa misma jurisdicción el consumo de 2018 fue de 25, 5 millones kilogramos (kg), de los cuales 6,6 kg (26%) son legales, es decir que 18,9 (74%) son ilegales. Un dato clave en este punto, según la Polfa, y que sería muy diciente sobre esta situación es que 19.700 ganaderos de este departamento, están vetados para ingresar ganado al interior del país por la pérdida del sello de zona libre de aftosa.
En lo corrido de 2019, han sido sacrificadas 2.250.013 cabezas de ganado en el país, registrando una disminución del 2%, en comparación con el 2018 (2.287.726), a excepción del departamento de Norte de Santander, el resto de las zonas fronterizas observan reducción. En este departamento entre enero y agosto 2019 se sacrificaron 47.429 cabezas, evidenciando un incremento del 15% en comparación con 2018 (41.331). Boyacá evidenció una baja del 0,4%, ya que durante 2019 han sido sacrificadas 59.675 cabezas, en comparación con el 2018 (59.943). Casanare presenta un decremento del 2,4%, toda vez que en el 2019 han sido sacrificadas 35.194 cabezas, en comparación con el 2018 (36.043).
Frente a este panorama, la Policía Fiscal Aduanera, durante 2019, ha desmantelado a 15 grupos que se dedicaban a al contrabando de ganado. Según la institución, 82 personas fueron llevadas ante un juez. Además, se han dejado de comercializar 435 unidades de bovinos por valor de $596 millones; se interrumpió el ingreso de 124 toneladas de carne por valor de $1.194 millones; se decomisaron 4.4 millones kilos de perecederos por valor de $5.741 millones.
El general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa, proyecta que para seguir combatiendo este delito se debe seguir estrechando lazos con las demás autoridades (Fiscalía General, Fuerzas Militares, Invima, ICA, Dian). Con esas últimas tres instituciones existe una especie de pacto que establece "un proceso ágil y unificado que permite fortalecer el control y prevenir el contrabando de animales, carne, productos cárnicos comestibles, derivados cárnicos, derivados lácteos y productos vegetales frescos y semillas que permita garantizar la inocuidad de los productos consumidos por los colombianos.