Así van los procesos en contra de militares por la retoma del Palacio de Justicia

Sin muchas condenas en firme, la mayoría de los procesos en contra de los uniformados siguen su camino en la justicia ordinaria. Hay casos en los que los oficiales retirados han pedido pista en la JEP.

Se cumplen 34 años de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Archivo El Espectador

El 6 de noviembre de 1985 tuvo lugar la cruenta toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19. El intento de juzgar al presidente Belisario Betancur, por su supuesto incumplimiento en las negociaciones con dicha guerrilla, fue respondido con una certera acción del Ejército, que, según fallos de la Corte Suprema de Justicia, tuvo un único fin: aniquilar al enemigo.

Para el momento de la toma, la Fuerza Pública ya estaba preparada en caso de que se presentara una insurrección generalizada, como la que ocurrió ese 6 de noviembre. Con el nombre de “Plan Tricolor 83”, la estrategia no incluía hacer negociaciones ni treguas, ni ceses el fuego o suspensión de operaciones. Dicho plan habría sido aplicado por el general Jesús Armando Arias Cabrales y sus hombres al pie de la letra.

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Los extremos concebidos en el plan no solo llevaron a la pérdida de más de 100 vidas durante la retoma, sino que dio paso a la tortura y la desaparición de varias de las personas que estaban al interior del Palacio en el momento en el que el M-19 realizó la toma armada.

Para la Corte Suprema, como quedó consignado en el fallo que dejó en firme la condena del general (r) Arias cabrales, la Fuerza Pública usó las armas en contra de los ciudadanos “con el desabrido pretexto de ‘defender la democracia’, sin hacer la mínima distinción entre combatientes y no combatientes, en clara violación del Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1948”.

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Es por estos hechos, tortura y desaparición, que varios de los militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia están siendo procesados por la justicia ordinaria. Varios de ellos ya fueron condenados o absueltos, mientras que en otros casos el camino legal ha estado lleno de obstáculos o demoras. Así están los procesos en contra de los principales militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia:

General (r) Jesús Armando Arias Cabrales: El pasado 24 de septiembre, la Corte Suprema dejó en firme la condena en contra del oficial que comandaba la recuperación del Palacio de Justicia. Por casi dos años, el alto tribunal estudió la condena a 35 años de prisión proferida en contra del general por la desaparición forzada de Carlos Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mary Portela e Irma Franco. Sin embargo, no encontró los suficientes argumentos para revocarla.

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Como comandante de la operación, según la Corte Suprema, quedó probado que el general Arias Cabrales “fue el artífice principal de las conductas ocurridas con ocasión de la ‘solución final’ que se dio a los sucesos subsiguientes a la consolidación de ese operativo injustificable, no por omisión, sino por su aporte a la comisión de la conducta y por el control absoluto de la operación que los mandos le confiaron”. Asimismo, uniformados confirmaron que fue el alto oficial el que ordenó que los rescatados fueran llevado a la Casa del Florero, lugar donde se llevaron a cabo varias de las torturas y desapariciones.

General (r) Iván Ramírez Quintero: Oficial a cargo del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) para el momento de la toma del Palacio, es señalado de haber participado en la tortura y desaparición de varias de las personas rescatadas el 6 y 7 de noviembre de 1985. Sin embargo, el uniformado fue absuelto en 2011, decisión que fue impugnada por la Fiscalía y que todavía no tiene confirmación en segunda instancia.

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A pesar de no tener un fallo en firme, en octubre de 2018, se supo que Ramírez Quintero pidió pista en la Justicia Especial Para la Paz (JEP). De esta forma, los hechos del Palacio de Justicia pueden pasar a ser conocidos por el tribunal de justicia transicional. Todo parece indicar que así será porque, el pasado 12 de septiembre, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP llamó a firmar acta de sometimiento al general Iván Ramírez.

Coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano: El coronel fue condenado por el juzgado 52 de Bogotá a 40 años de prisión. La justicia lo encontró responsable de la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, y de Bernardo Beltrán, mesero. Para el momento de la retoma del Palacio de Justicia, Sánchez Rubiano era el comandante del B-2 de la brigada XVIII del Ejército. De acuerdo con las investigaciones, hombres al mando de coronel habrían llevado a varios rehenes al segundo piso de la Casa del Florero para interrogarlos y torturarlos.

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Tras el fallo, la Procuraduría, en 2016, pidió que se revocara la condena de 40 años en contra de Sánchez Rubiano. En ese momento, el Ministerio Público señaló que no había claridad sobre si el coronel había recibido órdenes para realizar las desapariciones. En el concepto, el ente de control señaló que no existía las pruebas de que los diálogos con el fallecido coronel Luis Carlos Sadovnick trataban sobre la desaparición de los rescatados.

General (r) Rafael Hernández López: El antiguo comandante de la Escuela de Artillería ha sido vinculado a las investigaciones por el homicidio del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán. El funcionario judicial habría sido uno de los rescatados del Palacio de Justicia que luego aparecieron sin vida en las ruinas del Palacio de Justicia. Urán no murió en los enfrentamientos entre el Ejército y el M-19 sino que fue asesinado con un disparo en la cabeza. El oficial también fue llamado a indagatoria por el delito de tortura en contra de Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo y Orlando Quijano.  No existe ninguna condena en contra de Hernández López.

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General (r) Carlos Alberto Fracica Naranjo: Ostentaba el grado de mayor y hacía parte de la Escuela de Artillería para la fecha de la toma del Palacio de Justicia. Al igual que el general Hernández López, el alto oficial es investigado por la muerte de Carlos Horacio Urán y las torturas en contra de los dos estudiantes de la Universidad Externado, Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo. Aunque fue llamado a indagatoria en 2015, su proceso no ha tenido mayores avances.

Mayor (r) William Vásquez: Al igual que el coronel Sánchez Rubiano, fue condenado a 40 años de prisión por la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera y de Bernardo Beltrán. Asimismo, fue hallado responsable de la desaparición de Irma Franco, militante del M-19 que salió con vida del Palacio de Justicia y que figura en la lista de los 11 desaparecidos por los que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al igual que Sánchez Rubiano, la Procuraduría, en 2016, pidió la absolución del mayor Vásquez, bajo la premisa de que no existían pruebas concluyentes de su participación en las desapariciones.

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Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega: Por muchos años fue el rostro más visible en el proceso en contra de lo militares que participaron en la retoma del Palacio de Justicia. Incluso llegó a estar cerca de 8 años en prisión. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó la sentencia a 30 años de prisión por su supuesta participación en la desaparición de Carlos Rodríguez Vera e Irma Franco, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

De acuerdo con la Corte Suprema, “no existe la prueba que permita arribar a la certeza acerca de la responsabilidad penal del acusado (…) de modo que mientras no se alcance tal grado de convicción, tendrá que absolverse”. Aunque Plazas Vega estuvo en el teatro de operaciones, según el alto tribunal, la retoma estuvo al mando del general (r) Arias Cabrales. Fue este último el que dispuso de la Casa del Florero como un “un puesto de verificación para identificar a las personas rescatadas del Palacio”. Tras su absolución, el coronel Plazas Vega denunció a la fiscal que lo investigó y lo llevó a prisión, Ángela María Buitrago. Una acción penal que no prosperó.

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Redacción Judicial

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