Atentado en Bogotá: la nueva deuda del Eln con el país

Las autoridades atribuyeron al Comando Central de esa organización el letal ataque a la Escuela de Cadetes de la Policía. El presidente Iván Duque reactivó las órdenes de captura contra los negociadores de paz de esa guerrilla.

Redacción Judicial
19 de enero de 2019 - 02:00 a. m.
El ministro de Defensa, el fiscal y la cúpula militar y policial contaron más detalles del atentado este viernes. / AFP
El ministro de Defensa, el fiscal y la cúpula militar y policial contaron más detalles del atentado este viernes. / AFP
Foto: AFP - HO

El atentado con explosivos que cobró la vida de 21 personas en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional fue atribuida oficialmente al Eln, tras relacionar con esa guerrilla a José Aldemar Rojas Rodríguez, señalado de ser el autor material del hecho. Sin expectativa de una negociación de paz, según anunció el presidente Iván Duque, el Comando Central (Coce) de esa guerrilla será investigado por la Fiscalía. La hipótesis central es que el hecho no correspondió a la decisión autónoma y aislada de una subestructura, sino a una orden de los jefes de esa organización ilegal.

Se trata entonces de una nueva imputación de cargos en contra del Coce, entre quienes está Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, jefe histórico de esa guerrilla, que desde noviembre pasado fue designado por ese grupo ilegal como negociador y se encuentra en Cuba. Además, son del Coce Eliécer Erlington Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Pedro Elías Cañas Serrano, alias Óscar Santos.

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De acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez, la responsabilidad del Coce en el atentado que sufrió Bogotá el pasado jueves se da por línea de mando, “dado que existe una política de atentar contra las Fuerzas Militares como objetivo del conflicto armado”. Algunos de los integrantes del Coce estaban temporalmente blindados, pues por ser negociadores de paz las órdenes de captura en su contra estaban suspendidas. Eso se acabó anoche por orden presidencial. En todo caso, ya desde agosto de 2018 se había ordenado la detención del Coce por el reclutamiento forzado de 121 menores de edad en Chocó.

Las deudas de esa guerrilla con el pueblo colombiano pasan, además, por las graves afectaciones al sistema petrolero en el país, a raíz de las voladuras de oleoductos. Esto le valió un llamado a imputación de cargos por delitos ambientales por cerca de 80 crímenes en 2016. Igualmente le imputaron cargos el 26 de mayo de 2018 a la cúpula del Eln por los secuestros de los periodistas ocurridos en El Catatumbo entre 2016 y 2017. En concreto, los de Salud Hernández Mora, Diego Alonso D’Pablo, Carlos Alberto Calderón, Diego Fernando Veloza Duque, William del Carmen Mora Trujillo y Zulay Ropero.

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A estas investigaciones se le suma la vinculación del Coce a las investigaciones por el secuestro y asesinato de los funcionarios del CTI Edilbrando Roa y John Alejandro Morales, el 3 de septiembre de 1998, cuando se desplazaban de Medellín al municipio de Sonsón (Antioquia). Y a la investigación por el homicidio de los periodistas de El Espectador Julio Daniel Chaparro Hurtado y Jorge Enrique Torres Navas, en hechos ocurridos el 24 de abril de 1991. La situación de alias Gabino es la más apremiante, pues tiene una circular roja de Interpol desde octubre pasado por los delitos de homicidio agravado y reclutamiento ilícito.

Aunque al cierre de esta edición la guerrilla del Eln no se había atribuido responsabilidad por el atentado, la Fiscalía capturó a Ricardo Andrés Carvajal Salgar. Fue detenido con un celular, un manual del combatiente primera fase de instrucción y uniformes. Y según el fiscal Martínez, este habría reconocido responsabilidad en el atentado vía telefónica, hecho que habría sido detectado mediante interceptaciones. Mientras Carvajal, de 39 años, será investigado por los delitos de terrorismo y homicidio agravado, hay varias preguntas que las autoridades todavía tienen pendientes por responder.

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Por ejemplo, ¿en el marco de qué proceso se realizaron las interceptaciones? Tampoco se ha esclarecido si hay indicios de comunicaciones entre este y José Aldemar Rojas, quienes habrían estado juntos en la mañana del atentado, aseguró el fiscal Martínez. Otra duda por resolver es cómo los responsables de este brutal ataque lograron adquirir 80 kilos de pentolita sin ser detectados por las autoridades y movilizarse por la ciudad libremente.

El ministro de la Defensa, Guillermo Botero, aclaró que la camioneta gris no ingresó a la Escuela por la puerta principal, sino por una dedicada a recibir carga, en la que no había perros antiexplosivos. ¿Hubo entonces una falla en la seguridad de la institución? ¿Ya habían ingresado los terroristas a la Escuela para analizar sus espacios? Entre las preguntas más urgentes para resolver en este caso está si el Eln tiene entre sus planes cometer actos suicidas, ya que el conductor de la camioneta, al parecer, no tenía oportunidad de salir con vida del letal atentado.

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Mientras la Fiscalía avanza con operativos en la ciudad de Bogotá, el ministro Botero confirmó un hecho relevante. José Aldemar Rojas, alias Mocho (había perdido la mano derecha), estaría vinculado al Eln desde 1994 como explosivista, con los frentes Domingo Laín, el Adonay Ardila y el estado mayor del frente de Guerra Oriental. Es señalado de haber sido en 2015 jefe de la comisión Camilo Cienfuegos y habría intentado ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2017, haciéndose pasar como integrante de las Farc. “Él nunca hizo parte de las Farc”, expresó Botero.

El fiscal Martínez precisó que Rojas Rodríguez ingresó a la institución en la camioneta gris, de placas LAF 565, del año 1993, y que, de acuerdo con el RUNT, la última revisión técnico-mecánica a ese vehículo se hizo en Arauca el 27 de julio de 2018. La camioneta estaba a nombre suyo, la adquirió en mayo de 2018 por $25 millones. Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de las víctimas siguen esperando su identificación y entrega de los cuerpos, tarea que no será fácil debido al estado en el que quedaron los mismos a causa de la fuerte explosión.

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Por Redacción Judicial

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