Atentado a candidata Karina García fue "un acto de terrorismo desmedido": director de la UNP

En conversación con El Espectador, Pablo Elías González se refirió al ataque que recibió la sede de la entidad en Cali, y del atentado en el que murió la candidata a la alcadía de Suárez (Cauca), uno que calificó como un acto de terrorismo. Además, habló de los casos de Santrich e Iván Márquez, y aseguró que no se les van a retirar las subametralladoras a los esquemas de seguridad de miembros del partido FARC.

Pablo Elías González, exdirector del CTI de la Fiscalía, llegó a la UNP en septiembre de 2018.Gustavo Torrijos - El Espectador

¿Cuál es su lectura del ataque a la oficina de la Unidad de Protección en Cali?

No podemos decir que se tratara de un hurto o de un atentado contra la vida de las funcionarias, pero nos llama la atención que hace algunos días salió un comunicado del Epl donde amenazaba a los funcionarios de la UNP del Cauca y del Valle y nos calificaron de sapos, anunciando que van a tomar medidas contra nosotros. Además dijeron que lo hacen por la protección que le estamos dando a los líderes del norte del Cauca.

¿Y cómo ve justamente el panorama de seguridad en el Cauca, sobre todo después de lo sucedido con la candidata a la alcaldía de Suárez?

En el norte del Cauca se presenta una situación muy compleja. El atentado contra Karina García fue descomunal, atroz. La saña con que lo hicieron se sale de cualquier parámetro. Fue un acto de terrorismo desmedido. Un ataque con fusilería y granadas de fragmentación. Un carro, por más blindaje que tenga, no resiste un ataque de estos. No hay nivel de la UNP que resista una acción de estas proporciones. Nuestro esquema duro es un carro blindado y dos escoltas. Por lo tanto, hemos hecho un llamado a los candidatos a que, cuando vayan a salir a áreas rurales o zonas de influjo de grupos armados ilegales, informen a la Policía y al Ejército para su protección. Nuestros esquemas son más para los municipios o las ciudades, y no están adaptados para zonas rurales donde se requieren muchos hombres y armas largas.

¿Es la misma situación que la que sucedió con el candidato asesinado en el municipio de Toledo (Antioquia)?

Ese fue un ataque con escopeta, no con fusilería. No sabemos aún si obedeció a una venganza o a una acción de alguna organización criminal.

De cualquier forma, ya hay alarma por lo que está sucediendo con la violencia alrededor de la campaña electoral, ¿cuál es su visión desde la seguridad personal?

Para el tema de protección general están la Policía y las Fuerzas Militares. Nuestra prioridad es la protección individual y en ese propósito estamos promoviendo cursos de autoprotección para que los protegidos entiendan las principales medidas que deben tomar. Y para que se evalúe la dificultad de casos como el del Cauca, hay que recordar que para hacer la inspección judicial al lugar donde fue asesinada la candidata Karina García, su mamá y demás acompañantes, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se tomó un día para llegar. Los hechos sucedieron a las ocho de la noche y el CTI llegó al otro día a las cuatro de la tarde. Y sólo se pudo hacer hasta que se garantizó la seguridad.

Al margen del tema electoral y sus dificultades, ¿a cuántos colombianos protege hoy la UNP y con qué presupuesto?

Hoy tenemos 7.600 personas protegidas en el país, unos con medidas blandas y otros con medidas duras. Las primeras son un chaleco, un botón de apoyo con formas de comunicación; y las segundas, por ejemplo, es un carro blindado con dos escoltas. Hay casos excepcionales donde se implementa un esquema mayor. También existen algunas ayudas económicas para transporte fluvial o para transporte en carretera. En términos financieros, el gobierno ha cumplido con todas las exigencias, pero el presupuesto que se asignó para este año ya lo gastamos. Ahora estamos con presupuesto de redistribución de ingresos que hace el gobierno, que además ha asegurado que suministrará los recursos necesarios para terminar el año. Todos esos esquemas significan un costo diario de $2.500 millones al día. Es decir, un billón al año. Para el año entrante se necesita un billón 300.000 millones de pesos.

¿Entre esas 7.600 personas protegidas, qué actividades prevalecen?      

Hay de todo. Calculamos que hay unos 4.600 líderes sociales o defensores de derechos humanos. El resto son funcionarios, exfuncionarios y de otras poblaciones.  En cuanto a los funcionarios, las mismas entidades pagan a la Unidad Nacional de Protección. El Congreso, por ejemplo, le paga a la UNP. Es decir, los pagos salen de los rubros que tienen las entidades para temas de seguridad. En relación con los líderes de derechos humanos, ellos no pagan por el servicio y nosotros les suministramos la protección, viáticos para los escoltas y combustibles para los vehículos.

¿Y cómo están seleccionando los líderes que en este momento requieren mayor protección?

Primero establecemos si la persona es realmente un líder social. Que así lo acredite una organización con personería jurídica o que sea clara su visibilidad o su actividad como líder. Ya en el proceso de la evaluación de los riesgos, unos expertos hacen toda la averiguación o investigación sobre los riesgos, amenazas o vulnerabilidad de las personas. Así se establecen unos porcentajes de riesgo y se determina si es ordinario, extraordinario o extremo. Si es el primero, no se da protección porque corresponde al riesgo que tenemos todos los colombianos. Si es extraordinario o extremo, se habilitan los esquemas de protección.

¿Cómo está apoyando la UNP la seguridad personal de los líderes políticos del partido Farc, más ahora de los anuncios de una mayor disidencia?

El acuerdo de paz creó una subdirección especializada que se encarga de la protección del partido Farc. En la actualidad hay un equipo de aproximadamente 1.140 escoltas, con 225 protegidos, y a ellos se les suministra esa protección para garantizar su actividad política y ahora se va a hacer también con los candidatos del partido. Ellos tienen unos esquemas grandes y si se necesitan ampliarlos, se va a realizar.

¿Y al fin se le van a quitar las subametralladoras al partido FARC como se ha venido rumorando? 

No es cierto. Lo que pasa es que la unidad tiene que hacer control de armamento. Dónde está, quién lo tiene, en qué esquema, si las armas sirven o no sirven. Cuando una persona sale de prestar el servicio porque está enfermo, o de vacaciones, pues tiene que reintegrar el arma al armerillo y allí se le asigna a quien vaya a ser el reemplazo de esa persona. Es una cuestión de organización.

¿Qué pasó con los mecanismos de protección que tenían los hoy disidentes como Márquez, Romaña o Santrich?

Todos tenían mecanismos de protección. Los esquemas ya empezaron a reasignarse a otras personas.

¿Qué función cumple la unidad en casos como el de Santrich? ¿Podían hacer algo para evitar lo que sucedió?

Este es un organismo nacional de seguridad, con enfoque de derechos humanos y prevención. Y hacemos protección con enfoque diferencial, es decir, cada población que protegemos tiene su especificidad. Si vamos a los indígenas, hay que aplicar el enfoque étnico y territorial. Si vamos a las mujeres, el enfoque de género. De la misma manera tenemos al partido FARC y a todas sus comunidades. Pero nunca hacemos vigilancia de los protegidos. No somos policía judicial, ni podemos capturar personas. Por eso cuando Santrich se fue, no podíamos detenerlo porque no tenía orden de captura y en caso de que la hubiera tenido, tampoco podíamos hacerlo. Lo tenía que hacer la Policía Nacional o la policía judicial. Tampoco hacemos interceptaciones telefónicas de los protegidos. Alguien salió diciendo que por qué no lo capturamos. Sencillamente no lo podíamos hacer.   

En general, ¿usted cree que el tema de la protección en el país va a seguir creciendo?

Esta unidad no debería existir. En un país sin violencia no debería existir un organismo que brinde protección individual a tantas personas, y debería estar en manos exclusivamente de la Policía.  La aspiración es que algún día llegue la paz. Pero por ahora, hay territorios que necesitan mucho esquema de seguridad, como Cauca, Valle, Nariño, Chocó, Antioquia, Córdoba, Catatumbo y Arauca, que es donde más existen. 

¿Y cómo responde a quienes critican los alcances de la Unidad Nacional de Protección o la califican como insuficiente?

Aquí siempre vamos a tener críticos porque cuando los evaluadores consideran que el nivel de riesgo de una persona que estaba protegida es ordinario y desmontamos su esquema, a la persona no le gusta y, como hoy en las redes sociales es fácil poner un Twitter. Todo el mundo dice cosas.  Pero cuando salvamos vidas, nadie sale a decir que la Unidad de Protección funcionó. Yo debo decir que hemos sido altamente efectivos, así parezca vanidoso. El hecho de que solo tengamos el caso extremo de la doctora Karina García, demuestra que hemos cumplido. No nos han matado a un solo miembro del partido FARC de los que tienen nuestro esquema de protección. Los que han asesinado, o no lo tenían, o no teníamos conocimiento de las amenazas en su contra. Incluso, en la mayoría de líderes sociales asesinados, no habían solicitado esquemas de protección. 

Usted fue fiscal encargado, fiscal delegado ante la Corte y director del CTI, ahora como responsable de la UNP, ¿ve avances de la justicia en la lucha contra la delincuencia organizada?

Nuestro país es altamente conflictivo. Con niveles de violencia que muchas veces desbordan las capacidades para investigar. En Colombia existe un gran número de delitos diarios que no son investigados porque el número de integrantes de la policía judicial es insuficiente. Y menos con el sistema penal acusatorio que exige más a los miembros de la policía judicial y los fiscales. Hay que repensar mucho el tema de la Fiscalía. Hay delitos que no deberían tipificarse como tales, sino como faltas administrativas. Los preacuerdos o principios de oportunidad no deberían prohibirse. Hoy es demasiado alto el número de casos que llegan a juicio oral y deberían solucionarse por la vía de los acuerdos de la Fiscalía con las personas.

 ¿Cuál ha sido su mayor dificultad para ejercer el cargo?

Son varias. El año pasado fue el aspecto económico, pero hoy el reto operativo es muy grande. Tenemos cinco uniones temporales para vehículos, cinco uniones temporales en materia de hombres de protección, y son muchos casos los que se están manejando. Y la violencia regional dificultad mucho la operación.

¿Quiénes presionan más los políticos, los periodistaso los penalistas?

Lo único que se debe entender es que los más vulnerables hoy en Colombia son los líderes sociales y, por supuesto, ellos, con todo derecho, presionan para que exista una mejor protección todos los días. En cuanto a los periodistas, tenemos 160 protegidos. Finalmente, la seguridad es una percepción, y hay periodistas que exigen bastante. En la medida que vemos riesgos, pues así mismo tratamos de protegerlos.

 

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Redacción Judicial

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Atentado a candidata Karina García fue "un acto de terrorismo desmedido": director de la UNP

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