"Audiencia por asesinato de Silvia Duzán debió llevarse a cabo": Pedro Vaca

Colombia decidió no acudir ante la CIDH para responder por su responsabilidad en el asesinato de la periodista Silvia Duzán. El director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), habló con El Espectador sobre el caso y la postura de la Flip frente a la suspensión.

El pie de foto es: Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Oscar Pérez / El Espectador

El asesinato de la periodista Silvia Duzán es, para la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) uno de los más atroces contra el derecho a la libre expresión que ha sucedido en el país. Por eso, que el Estado colombiano solicitara suspender la audiencia que se adelantaría en el marco del periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este hecho, es para la Flip un acto que lesiona la expectativa de justicia de las víctimas del crimen.

El asesinato de Silvia Duzán, ocurrido el 26 de febrero de 1990, ya cumplió 26 años en la impunidad. Ese viernes, la periodista llegó a Cimitarra (Santander) para encontrarse con tres líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), sobre quienes estaba grabando un documental para el canal 4 de Londres (Inglaterra). Pero a las 9:30 de la noche, dos hombres acribillaron a la periodista Duzán y a sus tres acompañantes, los campesinos Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas.

El caso fue llevado ante la CIDH, que lo escogió entre los miles que lleva para ser escuchado en audiencia el pasado 8 de junio. Sin embargo, Colombia solicitó suspender la reunión pues de realizarse, dijo, se estaría violando su derecho al debido proceso, ya que según el reglamento de la CIDH un Estado sólo puede pronunciarse sobre un caso cuando “los peticionarios han presentado de manera previa sus observaciones escritas al respecto”, y explicaron los defensores de Colombia, llevan esperando la llegada de dicho documento por cerca de dos años. Ante la situación, la Fundación para la Libertad del Prensa (Flip) se pronunció y lamentó la decisión del Gobierno. El Espectador habló con su director, Pedro Vaca, sobre lo ocurrido.

¿Qué piensa de los argumentos para solicitar la suspensión de la audiencia que presentó la Defensa Jurídica del Estado?

Eso fue un argumento procesal y lo que creo es que las audiencias también son espacios para que el Estado se defienda.Nosotros creemos que el Estado pudo haber ido y se pudo haber defendido en el marco de esta audiencia, porque allí tienen voz. Allí podría pronunciarse.

¿Qué tan comunes son estas audiencias para los casos que lleguen a la CIDH?

La Comisón lleva muchísimos casos, y en cada período de sesiones se suele tener máximo un día de audiencias. De hecho esta era la única audiencia de caso que se iba a llevar a cabo en este período de sesiones. Es una oportunidad procesal muy escasa en el marco del Sistema Interamericano, y además es una posibilidad única para satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Al margen del argumento procesal del estado, había toda un expectativa alrededor de la audiencia que se canceló.

¿Por qué cree que la Comisión eligió este caso para trabajar en estas audiencias, que son tan extraordinarias?

Eso habría que preguntárselo a ellos. Pero yo voy al punto de que una vez se aprueba una audiencia, es muy importante que se lleve a cabo, porque hay una expectativa enorme, sobre todo en este caso que ya cumplió 26 años de impunidad a nivel interno. Está mal que se frustre.

De todos los casos de violencia contra periodistas que hay ante la CIDH, ¿qué podría tener de emblemático o especial éste?

Colombia es uno de los países que más ha contribuido a la cifra de periodistas asesinados en América Latina. Desafortunadamente, a pesar de que hay 11 casos presentados, el Sistema Interamericano no ha terminado el trámite de ninguno de ellos. Ahí radica parte de lo emblemático, la posibilidad de que un organismo internacional estudiara las causas de la impunidad de los asesinatos de periodistas en Colombia.

¿Qué lectura podría dársele al hecho de que Colombia haya solicito la suspensión de esta audiencia?

Aquí hay un asunto compartido y es que no solo se trata del escrito que envió el Estado, sino también de la aceptación del mismo por parte de la CIDH. Si el Estado no hubiera enviado dicho documento, tal vez habría incumplido un compromiso internacional, pero no fue así. Lo que nosotros creemos es que el Estado debe guardar cierto decoro y debe acudir a las citaciones. A nuestro juicio, el argumento procesal es un argumento de segundo orden, porque hay una expectativa de justicia sobre el caso. Así sea para ir a oponerse en la realización de la audiencia bajo argumentos procesales.

¿Hay posibilidad de que esta audiencia se aplace, para cuándo podría quedar?

Yo espero que ante una nueva solicitud de audiencia se apruebe con celeridad, precisamente porque se frustró una audiencia anterior. Pero eso aún no está aprobado, en la CIDH no pasa que cuando se cancela una audiencia se reprograma automáticamente. En otro período de sesiones hay una posibilidad de que se pida una audiencia y sobre esa solicitud la Comisión evaluaría si la aprueba o no. Toca volver a empezar la solicitud de ese recurso.

¿Qué dicen las víctimas del caso sobre lo que pasó?

Yo he podido hablar con Maria Jimena (Duzán), la hermana. Es algo que creo que necesita más explicaciones, prueba de ello es que ella viajó hasta allá. Eso sí, hay que valorar muy positivamente que en todo caso la Comisión aceptó reunirse con ella de manera informal para que les explicara el caso y sus preocupaciones al respecto. No fue una audiencia formal, pero tanto el relator de libertad de expresión como el relator de Colombia estuvieron presentes.

Una última pregunta, ¿cómo van las investigaciones de este caso a nivel interno?

Este caso sigue una tendencia en las investigaciones en el asesinato de periodistas, que es la inactividad procesal o la falta de impulso investigativo para esclarecer los hechos. Este no solo es un caso de hace 26 años en el que no hay condenas ni ningún resultado concreto, sino que es un caso en el que hace varios años fueron encontrados culpables tres miembros de la fuerza pública en una primera instancia, pero luego fueron absueltos por el Tribunal Nacional. Se compara la impunidad interna porque las autoridades colombianas no han sido capaces de sancionar, versus la posibilidad de que haya justicia a nivel internacional. En este punto es en el que me parece que la cancelación de la audiencia es un acto simbólico muy importante, pues rompe una expectativa de justicia.