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“La única manera de lograr reconciliación es generar un reconocimiento sobre lo ocurrido, que haga no solo parte de una justicia transicional, sino que permita que generen unas narrativas para la no repetición”. De esta forma el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, empezó en la mañana de este miércoles a exponer ante los magistrados de la Corte Constitucional la importancia de que apruebe la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
Gómez es uno de los múltiples invitados que pasarán este miércoles por la Corte para discutir la CEV, en audiencia pública citada por la magistrada Diana Fajardo. El viceministro defendió el establecimiento de la Comisión, señalando que la dinámica de reconocimiento de las víctimas exige que se contribuya de forma significativa “a una medida de reparación de víctimas y a su protección posterior”.
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La CEV surgió con el decreto 588 de 2017 “como un ente autónomo e independiente (…) encargado de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de promover y contribuir al reconocimiento y promover la convivencia en los territorios. La CEV tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la verdad, el cual ha reconocido el Acuerdo Final como un pilar fundamental para la consolidación de la paz”.
“Lo que se busca es generar verdad y procesos de no repetición para toda la sociedad”, insistió el viceministro Gómez, quien agregó algo muy importante para el organismo que está por fundarse: “Se busca que los integrantes no puedan ser cuestionados judicialmente por sus opiniones, a pesar de tener responsabilidades. Están sometidos al mismo régimen disciplinario que los miembros de la JEP”.
No todos parecen estar de acuerdo con la manera en que se creó la CEV. Ronald José Valdés Padilla, delegado para el tema de consultas previas con comunidades negras, reclamó que el Gobierno no hubiera discutido previamente con este grupo poblacional la expedición del decreto. “Omite la pluriculturalidad”, dijo Valdés, quien le pidió a la Corte que declare el decreto inconstitucional, o que lo condicione en relación a una consulta con las comunidades negras y palenqueras.
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César Rodríguez, director de Dejusticia, estuvo de acuerdo con la postura de Valdés Padilla y le pidió a la Corte que declarara el decreto 588 de 2017 con exequibilidad condicionada. “Es necesario que parte importante de las medidas de la Comisión estén orientadas a estas poblaciones”, resaltó el jurista, explicando que ese diálogo con las comunidades víctimas, como la afrocolombiana, “es imprescindible para garantizar el derecho a la verdad”.
Rodríguez expuso, además, algo clave para la recolección de datos que tendrá que realizar la CEV: “Las audiencias deberían ser traducidas al lenguaje de comunidades que no hablen español”, dijo el abogado. Y lo más importante: que, para la difusión de la verdad, debe estudiarse seriamente cómo se van a presentar los casos de grupos armados. “No pueden presentarse solo informes escritos cuando gran parte de la población se comunica de otras formas”.
Adriana Leaño, de la organización Humanas, se fijó en lo que, en su criterio, sería otra debilidad de este mecanismo: la equidad de género. “Si bien el acuerdo anuncia la equidad entre hombres y mujeres insistimos en que la revisión constitucional interprete este mandato”, señaló. Leaño explicó que “cuando se cuenta con un mayor número de mujeres, eso ha favorecido que mujeres víctimas se acerquen a hablar”.
Leaño insistió en que la CEV “debe tener ese mandato de paridad”. Para ella, el no tener un enfoque o un equipo especializado en este tema podría generar que el asunto de género sea “pasado por alto”, y le pidió al alto tribunal tenerlo en cuenta para evitar una situación de ese tipo. “(Se debe) tener conciencia que la actitud que se asuma ante una víctima es fundamental”, recomendó también Leaño.
William Wilches Sánchez, director del Museo Caquetá, resaltó que “el trabajo de la Comisión es fundamental para que como sociedad (nos) reconozcamos”. Considera acertado el carácter extrajudicial de la CEV, es decir, que nada de lo que allí se conozca podrá tener implicaciones penales. “Es una garantía para su mandato”, aseguró. No obstante, señaló uno de los grandes retos que enfrentará esta entidad: “El trabajo no se debe limitar a escuchar testimonios”.
Wilches agregó que se debe subrayar “que el sistema integral de justicia establece que la verdad es el presupuesto bajo el cual se efectúa el ejercicio de rendición de cuentas”, y que, asimismo, “la comisión no partirá de ceros en materia de esclarecimiento. Colombia tiene avances institucionales y sociales. Todo este cúmulo de avances le marcan un derrotero clave a la Comisión”.
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Esta mañana, por parte de los grupos étnicos, estuvo también Miryam Chamorro Caldera, de la Mesa de Concentración Nacional de los Pueblos Indígenas. Criticó, al igual que Ronald Valdés, que los indígenas no hubieran sido consultados para la expedición del decreto con que se creó la CEV. “La norma no fue consultada a pesar de existir compromisos de hacerlo”.
Chamorro enumeró las múltiples problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas hoy: la siembra de cultivos de uso ilícito sin su autorización, el reclutamiento forzado, la presencia de grupos ilegales en sus territorios. “La mayoría de los pueblos indígenas están aislados en todos los aspectos. Para nosotros, el conflicto armado sigue vigente”. Chamorro lamentó que el Ministerio del Interior hubiera incumplido el pacto de consultarles este decreto.