Auditora General deberá asumir investigaciones contra excontralora General

Así lo determinó la Sección Primera del Consejo de Estado.

La Sección Primera del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos de los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución Orgánica No. 0008 de 3 de agosto de 2011 por medio de la cual se asignaron competencias para adelantar indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal, administrativo, sancionatorio y de jurisdicción coactiva al interior de la auditoría general de la República.

Con esta decisión se determina que la actual auditoría General, Laura Marulanda deberá asumir de manera directa las investigaciones de control fiscal que se adelantan contra la excontralora General, Sandra Morelli Rico por las presuntas irregularidades que habría cometido en materia de contratación durante su administración (2010-2014) puesto que estas no se le pueden delegar a otro funcionario del organismo.

El alto tribunal resolvió una demanda de nulidad presentada por la exjefe del órgano de control fiscal –quien actualmente se encuentra en Italia- argumentando que se le estaban vulnerando sus garantías procesales y de defensa puesto que se le estaban asignando a un delegado de la Auditoría las investigaciones en su contra.

“En relación con la determinación de la responsabilidad que se derive la gestión fiscal sobre los entes que se encuentran bajo su vigilancia y control, pues asignó la competencia para conocer, tramitar y decidir las indagaciones preliminares, los procesos de jurisdicción coactiva, al director de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, en primera instancia y al auditoria delegado para la vigilancia de la gestión fiscal, en segunda”.

La Auditora General presentó un recurso de súplica ante esta decisión judicial argumentando que se estarían eliminando las dos instancias puesto que no tiene un “superior jerárquico”. Actualmente el organismo le adelanta una investigación por las irregularidades en contratación que se presentaron en el proceso de arrendamiento de la sede de la Contraloría General en el Centro Comercial Gran Estación II en el occidente de Bogotá. 

 

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