Autoridades le siguen la pista al negocio de la venta de registros civiles a venezolanos

Fachada de la Registraduría Nacional del Estado Civil / Foto Juan Carlos Sierra.

En un trabajo conjunto entre el CTI, Batallones de Contrainteligencia, la Policía Judicial de Migración Colombia y la Sijin de Valledupar, Cundinamarca y Santa Marta, fueron capturados seis funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría, quienes estarían vinculados con la expedición de documentos de identidad de forma fraudulenta. Los procesados se encuentran ahora mismo en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, confirmaron fuentes que trabajaron en la investigación a El Espectador.

Hace unos días no más se encendió una alarma sobre este asunto. El diario barranquillero El Heraldo publicó una investigación propia, el pasado 25 de octubre, en la cual se reveló que la Registraduría de Soledad (Atlántico), municipio aledaño a Barranquilla, estaba otorgando documentos de identidad colombianos a venezolanos de manera irregular. En ese momento, se designó a la fiscal Giovanna Naizzir para llevar a cabo las labores investigativas y, el pasado 30 de octubre, el CTI de la Fiscalía, seccional Barranquilla, inspeccionó la Registraduría de Soledad (Atlántico). La diligencia duró cuatro horas y se recopilaron posibles elementos materiales de prueba que pueden constatar un presunto negocio de expedición de cedulas a inmigrantes venezolanos.

De acuerdo con información de El Heraldo, una presunta funcionaria pedía $1′200.000 por expedir la cedula colombiana en la Registraduría de Soledad. Para poder realizar el trámite, los ciudadanos venezolanos supuestamente debían anexar la partida de nacimiento original y apostillada. Un informante anónimo contó que la mujer buscaría dentro del sistema quien pudiese ser madre o padre del inmigrante y homologaba los registros para hacerlo parecer colombiano.

Se trata de una investigación que ha venido liderando el grupo de Policía Judicial de Migración Colombia. Según le dijo un investigador a El Espectador, el trabajo ha estado enfocado no solo en el fenómeno de la obtención de la documentación colombiana de forma fraudulenta, sino también en el delito de tráfico de migrantes y delitos conexos. “Es preciso anotar que quienes, ejerciendo su función pública (en este caso los registradores y funcionarios de la Registraduría), teniendo la responsabilidad de la protección de un bien jurídico tutelado, han desconocido intencionalmente el ordenamiento legal vigente al expedir registros civiles sin el lleno de los requisitos legales”, dijo otra fuente a este diario.

La Registraduría aseguró, el pasado 30 de octubre, que gracias a un trabajo articulado con la Fiscalía se pudo realizar una inspección simultanea, producto de auditorias internas y denuncias periodísticas relacionadas con la cedulación de inmigrantes venezolanos. Según Alexander Vega Rocha, registrador nacional, los funcionarios especiales de la sede de Soledad (Atlántico) fueron removidos de sus cargos y se suspendió la atención en el edificio mientras las autoridades avanzan con las investigaciones. “Los servidores presuntamente vinculados en estas actividades irregulares deberán afrontar procedimientos disciplinarios al interior de la Registraduría y procesos judiciales a cargo de la Fiscalía”, anunció la entidad.

La presunta red fraudulenta de expedición de documentos permitiría que los inmigrantes venezolanos se salten todos los pasos que, de acuerdo con la Cancillería, se deben seguir para obtener la cédula legalmente. Quien quiera realizar el trámite debe adjuntar un mínimo de siete papeles al despacho de Gobierno y esperar dos meses para la evaluación de tal información. En el proceso participa, por ejemplo, Migración Colombia, cuyo objetivo es verificar antecedentes judiciales; y la DIAN, que realiza un estudio de situación fiscal en el extranjero. Obtener la nacionalidad colombiana tiene un costo de $700 mil y no hay un tiempo estimado para dar cumplimiento a la diligencia.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, “los procesados delinquían desde el año 2013 hasta mediados de 2016 en los municipios de Chía y Facatativá (Cundinamarca) y San Juan del Cesar (La Guajira)”. Los delitos por imputarle a los detenidos son tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.