Avalancha contra Odebrecht

AFP.

Decisiones de dos superintendencias, una medida cautelar del Tribunal Superior de Cundinamarca y nuevas revelaciones de la declaración del exsenador Otto Bula ahondaron la crisis del caso Odebrecht. W Radio reveló otro aparte de la declaración de Bula en la que dice que Eleuberto Martorelli fue la persona que lo contactó con Andrés Giraldo, uno de los hombres más cercanos a Roberto Prieto, gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. El excongresista sostuvo que a Giraldo le entregó, en dos reuniones en un hotel ubicado por la 85 en Bogotá, un millón de dólares que Odebrecht le había enviado a la campaña de Santos.

“El señor Antonio Martorelli fue quien me aporto el número de Andrés Giraldo para que lo llamara y acordáramos la cita de los primeros US$500.000 y la comisión. Andrés puso la cita en el hotel del sector de la calle 85”, dijo Bula ante la Fiscalía. Giraldo ha dicho que solo se reunió una vez con Otto Bula, que no le recibió un peso y que jamás volvió a verlo. Roberto Prieto, por su parte, advirtió que nunca se ha reunido con Bula y que se trata de un criminal buscando beneficios.

En medio de este mar de señalamientos, la Superintendencia de Sociedades tomó la primera decisión contra las empresas de Odebrecht en Colombia: las sometió a control y las puso bajo el máximo grado de supervisión. El auto afecta a las empresas Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S, Constructora Norberto Odebrecht S.A.S, Navelena S.A.S y a la sucursal de la sociedad extranjera Constructora Norberto Odebrecht S.A.S. La entidad precisó que con esta determinación adquiere facultades de fiscalización y puede acceder a la información jurídica y contable de las sociedades.

La Superintendencia de Puertos y Transporte, a su vez, sometió a control a la empresa Ruta del Sol S.A.S., el consorcio en el que Odebrecht es socio en más del 60 %, Corficolombiana tiene el 33 % y Carlos Solarte un poco más del 4 %, bajo el argumento de que se trata de una medida para evitar que el escándalo afecte la construcción de la vía Puerto Salgar (Cundinamarca)-San Roque (César), la que une el centro del país con la Costa Caribe. Asimismo, este recurso les prohíbe hacer uso de los activos de la concesionaria .

“Es nuestra obligación supervisar que no se afecten la continuidad ni la calidad en la prestación del servicio público de transporte, razón por la cual esta acción no debe ser vista como una sanción, sino como una medida preventiva que esperamos termine una vez se entreguen todas las obras o cese el riesgo asociado al transporte público”, advirtió Javier Jaramillo, superintendente de Puertos y Transporte.

Pero la estocada que parece ser el final de Odebrecht y su participación en la construcción del sector II de la Ruta de Sol fue la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La corporación suspendió de manera temporal y como medida cautelar el contrato firmado en 2009 en el marco de la acción popular que presentó la Procuraduría. El argumento del Ministerio Público era que la adjudicación de la Ruta del Sol había estado viciada por “graves conductas ilícitas”, poniendo de presente que el propio exviceministro Gabriel García aceptó que Odebrecht pagó sobornos por US$6,5 millones para asegurarse el contrato de más de $2 billones.

“Ordénese al señor presidente de la República para que en su condición de Suprema Autoridad Administrativa y Representante Legal de la Nación designe la autoridad que habrá de administrar el Proyecto Ruta del Sol Sector II (…) Asegurar la estabilidad de los contratos laborales y subcontratos de obra, de la estabilidad de los contratos laborales y subcontratos de obra, de suministro, de presentación de servicios o de cualquier otra naturaleza que en la actualidad estén vigentes para cuyos efectos el alto funcionario aludido podrá llevar a cabo en firma directa o determinar la forma delegada en que se habrán de realizar las actuaciones administrativas”, se lee en la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

En pocas palabras, la avalancha de decisiones contra Odebrecht de distintas instituciones del Estado se entiende como una salida a evitar que el desastre que ocasionó la empresa brasileña con el pago de sobornos deje en el limbo una de las principales obras de desarrollo vial del país. Además, el impacto de estas determinaciones también se sintió en la Bolsa de Valores de Colombia, pues la acción de Corficolombiana, la empresa del Grupo Aval que era socia de Odebrecht en el contrato de la Ruta del Sol, cayó en 4,85 %.