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La Corte Suprema de Justicia ha demostrado, por lo menos desde 2016, que las elecciones en su Sala Plena se convierten en campos de batalla entre posiciones políticas, regionalismos y hasta conveniencias personales. Por lo menos esto es lo que ha trascendido de las discusiones de las salas plenas, en donde se realizan los sufragios para elegir a sus presidentes, sus propios magistrados, el fiscal general y el registrador nacional. Solo por mencionar un ejemplo, para elegir a los últimos tres presidentes, la Corte se ha demorado más de cuatro meses en cada oportunidad. Y si las votaciones han sido complicadas hasta ahora, lo que se viene en el alto tribunal es una avalancha de elecciones difícil de atajar.
(En contexto: La pelotera que impide elegir presidente en la Corte Suprema de Justicia)
Los magistrados tienen en sus manos la designación del próximo fiscal general, quizás una de las elecciones más importantes y con la que no contaban por la repentina renuncia de Néstor Humberto Martínez el pasado 15 de mayo. También la del registrador nacional, que debería estar clara para final de año —y que fue una de las razones por las cuales la Corte se demoró tanto en elegir presidente este año—, y las de seis togados para completar las vacantes. Como si no fuera suficiente, la configuración actual de la Corte pareciera no ser la mejor. De los 23 magistrados que la componen, en este momento hay 18. Para cualquiera de estas elecciones, el candidato que gane necesita un mínimo de 16 votos.
Con un agravante más: Margarita Cabello, magistrada de la Sala Civil, anunció que dejaría su despacho el 4 de junio (ayer martes) para irse a dirigir el Ministerio de Justicia, lo que la dejaría por fuera de las jornadas de votación. Es decir, en la Corte solo hay 17 magistrados para votar y elegir. Una situación crítica, pero que podría haber sido evitable. Fuentes del Consejo Superior de la Judicatura aseguran que desde diciembre del año pasado a la Corte Suprema se le enviaron las cuatro listas de los candidatos elegidos para reemplazar a los magistrados Jorge Mauricio Burgos, Luis Gabriel Miranda, Fernando Castro y José Luis Barceló —los cuatro ya terminaron su período y desde marzo pasado no están en la Corte Suprema—.
Sobre el caso del suspendido magistrado Gustavo Malo, explicaron fuentes de la Corte a este diario, el panorama es similar: desde que en abril del año pasado fue apartado de sus funciones, por una investigación en su contra por sus supuestos vínculos con el escándalo del cartel de la toga, el alto tribunal no ha nombrado a un encargado y, en consecuencia, su voto tampoco se incluye en las elecciones. Al parecer, mientras su período esté vigente, quien debe designar un reemplazo con voto en la Sala Plena debe ser la propia Corte. El caso de Cabello, en cambio, depende de la fecha en que su renuncia quede registrada en los sistemas para que la Judicatura pueda enviarle una lista de aspirantes para elegir su reemplazo.
Hasta que el presidente Iván Duque conforme una terna de candidatos a la Fiscalía, el alto tribunal tiene un margen de maniobra para resolver sus problemas con las vacantes. Magistrados de la Corte le expresaron a este diario que la propuesta de varios de los togados es que, antes de debatir cualquier tema de elección del reemplazo de Néstor Humberto Martínez, “debemos elegir a los compañeros que hacen falta. No tiene presentación que estemos tomando decisiones y eligiendo personas en cargos como el de jefe de la Fiscalía, sin tener una Corte en el pleno de sus funciones”. Agregaron que, así el presidente presente la lista de los ternados a fiscal, lo primordial son los magistrados, cueste el tiempo que cueste.
Esa posición, sin embargo, no es unánime, pues otros magistrados defienden otro punto de vista. “La corporación tiene la capacidad y el conocimiento para entender que las determinaciones que tome frente a las elecciones son trascendentales para el país y está presta a tomarlas de manera expedita para no afectar el debido proceso de las investigaciones judiciales y el trabajo de una entidad como la Fiscalía”, refirió una magistrada. La togada agregó que este no es el momento para seguir atacando las facultades de elección que tiene el alto tribunal, pues “ya es suficiente con las propuestas de reformas a la justicia que apuntan a quitarnos esa tarea. No creo que en el país exista una institución más creíble que la Corte Suprema para nombrar al fiscal”.
La Sala Plena del próximo jueves 6 de junio será clave para que se empiece a configurar la estrategia del alto tribunal frente a este reto de elecciones. En sus manos está darle las últimas puntadas a la configuración de toda la plantilla de magistrados y de darle a la Fiscalía un jefe que esté a la altura de tomar las riendas de una entidad del tamaño del ente investigador durante los próximos cuatro años.