En años recientes, el hurto de estos vehículos ha aumentado

Bandas de narcotráfico también están detrás del hurto de motocicletas

La Dijín ha detectado una nueva tendencia en relación con el robo de motocicletas en el país: los narcotraficantes quieren sus motores para su negocio.

Este año en el país se han robado 60 motocicletas diarias, según Asopartes. / El Colombiano

El robo de motocicletas es un problema de carácter nacional que no da tregua: en 2015, Asopartes (Asociación del Sector Automotriz y sus Partes) reportó el hurto de 19.300 motos; en 2016, de 21.480 (1.790 por mes); y este año, en promedio, se han robado 1.800 motos cada mes (60 diarias). Lo usual es que las motos se las roben para desvalijarlas y revender las partes en el mercado negro. Ahora, sin embargo, la Dirección de Investigación Judicial de la Policía (Dijín) ha descubierto una nueva práctica: también las organizaciones de narcotráfico están interesadas en las motocicletas robadas, para poner los motores de estos vehículos en lanchas y transportar droga e insumos químicos para hacer pasta de coca.

Así se lo confirmó a este diario el Centro de Análisis Criminal de la Dijín, que manifestó que el incremento de hurtos a motocicletas no es un hecho circunstancial, sino que responde a una cadena de criminalidad: nace en el delincuente común, que perpetra el robo de la moto en las ciudades y cascos urbanos del país, y termina en las manos de los carteles de droga. Según esta nueva arista de investigación, el transporte de más de siete millones de personas en todo el país en hoy un objetivo de mayor valor para las organizaciones al margen de la ley.

Para comprender esta nueva cadena criminal, un investigador de la Dijín le contó a El Espectador la operación desplegada por el Centro de Análisis que ha permitido identificar, por lo menos, 30 nuevas organizaciones bajo este modelo de red criminal, pero que no necesariamente están enlazadas entre sí. El paso a paso es así: hurtada la motocicleta por un delincuente común, es transportada a unos parqueaderos —denominados zonas de enfriamiento— para que no sea localizada por sistemas de ubicación satelital. Allí permanece uno o dos días y, posteriormente, es llevada a talleres clandestinos para ser desarmada.

“Durante este proceso los sistemas de identificación son borrados o modificados utilizando herramientas no convencionales como destornilladores, ácidos corrosivos y sopletes. Posteriormente la motocicleta es vendida por partes en mercados ilegales”, señala el investigador. En algunos casos, los victimarios devuelven las motocicletas a cambio de una extorsión económica y, en otros, estas sufren una alteración en sus sistemas de identificación y se genera documentación falsa de identificación como licencias de tránsito, seguro obligatorio, formulario de solicitud de traspaso, entre otros documentos.

Motor para el narcotráfico

Aunque el investigador de la Dijín es claro en señalar que no hay información que compruebe alianzas entre organizaciones dedicadas al hurto de motocicletas y estructuras de narcotráfico, sí se ha reconocido que a través de “cadenas de distribución” los motores son hallados en lugares diferentes a los que fueron hurtados, los cuales previamente son comprados por encargo a un precio menor para ser distribuidos en cuatro departamentos en los que la Dijín puso la lupa como principales acopios de motores para el narcotráfico: Norte de Santander, Antioquia, Nariño y Putumayo.

Según el Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se registró un notorio incremento de hectáreas de coca en el país al pasar de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015. Aunque los datos oficiales del censo en 2016 aún no han sido publicados, se presume que las hectáreas de coca cultivadas volvieron a crecer. Para este investigador de la Dijín, el incremento de cultivos de coca responde también al aumento de hurtos de motocicletas.

La importancia de utilizar estos motores en actividades de narcotráfico consiste en que son económicos y fáciles de obtener para las redes criminales operantes en estos departamentos. La cadena de distribución permite conectar todos los eslabones delincuenciales en cada una de las ciudades que facilitan, de alguna manera, que por medio de negocios y mercados ilegales puedan acceder a motores hurtados a un bajo precio.

Una ciudad donde están principalmente preocupados por este fenómeno es Cali, al punto que hace unos meses el alcalde, Mauricio Armitage, le contó el problema a las autoridades nacionales y les pidió ayuda. Las alarmas alrededor de este tema están encendidas, pero la hoja de ruta sobre cómo actuar no es tan claro, especialmente en un país que en los últimos diez años ha multiplicado por cuatro el número de motos que andan por sus vías.