La barbarie del 'Águila'

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá condenó a Luis Eduardo Cifuentes, un guerrillero que se convirtió en el temido comandante del bloque Cundinamarca de las autodefensas.

Luis Eduardo Cifuentes fue reclutado por el desaparecido jefe paramilitar Henry Pérez, en 1986. /  Archivo
Luis Eduardo Cifuentes fue reclutado por el desaparecido jefe paramilitar Henry Pérez, en 1986. / Archivo

Este martes el Tribunal de Bogotá condenó a Luis Eduardo Cifuentes Galindo, exjefe del bloque Cundinamarca de las autodefensas, por 180 crímenes contra la población civil, entre los que se incluyeron torturas tan aberrantes como asfixia, rompimiento de las orejas y desmembramiento con sierras eléctricas. La sentencia, de más de 800 páginas, reveló que otras víctimas fueron desnudadas, atadas de manos y arrojadas vivas a campos llenos de hormigas, obligadas a estar despiertas e ingerir alcohol, quemadas con fósforos y ácido, y sometidas a descargas eléctricas, entre otros hechos degradantes que los ‘paras’ justificaron en la “lucha contraguerrillera” que desplegaron en la región conocida como Rionegro, compuesta por los municipios de Yacopí, La Palma, Topaipí, Paime, San Cayetano, Villagómez, El Peñón y Pacho (Cundinamarca).

Un ejemplo de ello es el homicidio de Wilton Ávila, quien fue interceptado por paramilitares en enero de 2000, cuando se movilizaba en una motocicleta y encontrado muerto cuatro días después con signos de canibalismo. Asimismo, el de Miriam Torres, a quien los ‘paras’ apuñalaron en los órganos sexuales, violaron y enterraron en zona rural de La Palma, porque, según ellos, “tenía una relación sentimental con un guerrillero”. Por esos y otros crímenes, como desplazamientos forzados, secuestros, incendios y reclutamientos ilícitos, el Tribunal condenó al Águila a la pena alternativa de ocho años de prisión contemplada en la Ley de Justicia y Paz, y a una multa de 18.100 salarios mínimos. Paradójicamente, ese exjefe paramilitar, quien se desmovilizó en 2004 como máximo comandante del bloque Cundinamarca, provenía de los núcleos políticos de las Farc y había sido secretario de Juventud Comunista.

Obligado a ingresar a las autodefensas en 1986 por orden del desaparecido jefe paramilitar Henry Pérez, recibió entrenamiento en la escuela militar La 50, ubicada en Puerto Boyacá y financiada por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Más tarde tomó el curso de construcción y detonación de explosivos que dictó el mercenario israelí Yair Klein y fundó las Autodefensas Campesinas de Yacopí, que prestaban “servicios de seguridad a las pequeñas y medianas propiedades de ganaderos y cafeteros”. Tras la toma de ese municipio a manos de las Farc en 1998, el Águila creó estatutos, reentrenó a sus hombres y mejoró las comunicaciones, empresa que culminó en 2002 tras la unificación de los pequeños grupos de autodefensas que operaban en el departamento para constituir el bloque Cundinamarca, al cual adhirió en 2003 el frente Héroes de Boyacá.

Con el objetivo de mejorar sus finanzas, y teniendo en cuenta la inexistencia de proyectos agroindustriales y minero-energéticos en la zona que le permitieran acceder a importantes recursos, esa estructura se sostuvo gracias al robo de al menos 12 millones de galones de gasolina que fueron extraídos del poliducto Puerto Salgar-Mancilla entre 2001 y 2004. Además, obtuvo recursos de la extorsión, las contribuciones voluntarias y la protección a los narcotraficantes. El Tribunal también concluyó que, poniendo en práctica la formación política que recibió en el Partido Comunista, el Águila intentó conformar una base social en sus municipios de influencia, de tal forma que, con el fin de “organizar su retaguardia y constituir su anillo de seguridad, capitalizó la situación de abandono forzado de predios para repoblar la zona con personas leales a él y a su proyecto paramilitar”. De ahí que haya destinado recursos para construir redes eléctricas y caminos veredales, todo lo cual le garantizó “legitimidad con los campesinos”.

En cuanto a los nexos del Águila con sectores de las Fuerzas Militares, el Tribunal recordó que en desarrollo de la ‘Operación Libertad I’, ejecutada en 2003 con el fin de expulsar a las Farc de las cercanías de Bogotá, el exjefe ‘para’ “prestó patrulleros que sirvieron como guías del Ejército para ubicar los campamentos de la guerrilla, lo cual refleja que en un principio las relaciones fueron de colaboración”. Por todos estos hechos, el Tribunal de Bogotá les ordenó al Águila y a otros cuatro paramilitares del bloque Cundinamarca, que también fueron condenados, pedir perdón en un acto público “en uno o varios municipios en los cuales se encuentre un alto porcentaje de las víctimas o en el lugar reconocido por ellas como escenario de vulneración a sus derechos”.

Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras deberá elaborar un estudio sobre la transformación de los títulos de propiedad en la región tras la presencia del bloque, teniendo en cuenta que “el conflicto armado transformó la estructura de propiedad y posesión de la tierra”. Asimismo, la Fiscalía tendrá que presentar un informe que contenga los nombres de los oficiales que estaban a cargo de brigadas, batallones y unidades móviles del Ejército entre 1990 y 2005 en el área de operación del bloque Cundinamarca, además de las investigaciones disciplinarias que estén en curso contra miembros de la Fuerza Pública por su presunta colaboración con grupos armados ilegales en esa zona.

Pese a que con esta condena saldó sus cuentas en Justicia y Paz, el Águila no podrá salir libre debido a que en agosto pasado fue cobijado con medida de aseguramiento por el secuestro y posterior homicidio del estudiante universitario Humberto Sarmiento Villate, crimen que según los testigos vinculados al proceso habría planeado y financiado ese exjefe paramilitar desde la cárcel La Picota con el fin de pedir $5.000 millones por la liberación de Sarmiento.

 

[email protected]

@elenaflorezr