Las batallas jurídicas de Dejusticia

Detrás de los debates políticos más polémicos y recientes, como la lucha por los derechos de parejas del mismo sexo o la reciente destitución de Alejandro Ordóñez, está el trabajo de un grupo de investigadores y abogados que apostaron por litigar casos que parecían imposibles de ganar.

 César Rodríguez Garavito es el  director de Dejusticia. Además, es uno de sus miembros fundadores. / Foto: Óscar Pérez
César Rodríguez Garavito es el director de Dejusticia. Además, es uno de sus miembros fundadores. / Foto: Óscar Pérez

El 4 de febrero de 2013 se presentó una demanda de nulidad contra la reelección del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Tres años y siete meses más tarde, esa demanda removió de su cargo a un funcionario público del más alto nivel porque su elección había violado la Constitución Política. Desde el primer momento, sus artífices sabían que se enfrentaban a un poderoso con quien el pulso no sería fácil. Pero llevaban ocho años enfrentándose en siete frentes distintos a contrincantes de su mismo calibre. Confiaban. Y pudieron.

La demanda fue interpuesta por un grupo de cinco organizaciones sociales, liderada por el centro de estudios políticos y jurídicos Dejusticia. En su concepto, a todas luces la nominación para la reelección de Ordóñez, por parte de la Corte Suprema de Justicia, violaba el artículo 126 de la Carta Política, que proscribe lo que en el lenguaje de la calle se ha llamado el “yo te elijo, tú me eliges”.

El Consejo de Estado fue claro en su decisión: Ordóñez no podía ser nominado por la Corte Suprema pues, en su primer período como procurador, había contratado a familiares de tres magistrados de ese alto tribunal –Javier Zapata, Jorge Burgos y Ruth Marina Díaz– para que trabajaran en el Ministerio Público. Lejos de las acusaciones que los amigos de Ordóñez lanzaron, sobre la destitución como “castigo” por no alinearse con las posturas del presidente Juan Manuel Santos, la suya fue una salida, según el fallo, por lo inconstitucional de su elección.

Este triunfo es tal vez el más importante de la organización Dejusticia, que fue fundada por siete abogados expertos en 2003 y que empezó a litigar en 2005. Eran, además de juristas, estudiosos de las ciencias sociales, investigadores y académicos: Rodrigo Uprimny, Catalina Botero, César Rodríguez, Helena Alviar, Mauricio García, Juan Fernando Jaramillo y Diego López. Empezaron con el firme objetivo de defender los postulados de la Constitución de 1991 y de defender a las comunidades más vulnerables.

Para eso, señala Cesar Rodríguez, socio fundador y director de Dejusticia, emprendieron una acción que en ese entonces aún se estaba consolidando en Colombia: el litigio estratégico. “Lo que hacemos nosotros es una combinación entre investigación y litigio. No tenemos clientes, ni representamos a individuos. Trabajamos con organizaciones sociales para tratar un caso que esté obstaculizando la protección de derechos humanos de manera importante y en el que un fallo positivo pueda generar un efecto amplio”.

Su primer caso tardó diez años en resolverse. Sabían que iba a ser difícil, pues eligieron un tema sin precedentes: la titulación colectiva a favor de los habitantes del Consejo Comunitario de Orika, en Islas del Rosario, donde habitan 300 familias afrodescendientes desde hace décadas. Era el primer caso en el que se pedía que se otorgara un título de propiedad colectiva de la tierra a una comunidad afro en el Caribe colombiano y, aún más, en una zona apetecida por inversionistas de la industria turística.

Lo complejo del panorama es precisamente uno de los criterios de selección. “Los casos nuestros tienen algún acertijo en cuanto a investigación. Tendemos a escoger litigios donde el derecho no esté claro, en los que las altas cortes no se hayan pronunciado y que uno pueda dar una postura o plantear una posición para sentar un precedente”, explica Rodríguez. Así ocurrió en el caso de Islas del Rosario o en la serie de litigios por los derechos de las parejas del mismo sexo –en los que trabajaron hombro a hombro con la organización Colombia Diversa–.

Dejusticia también emprende batallas legales contra colosos. Dice Rodríguez que las contrapartes en litigios de minería –actualmente tienen un litigio para permitir la consulta previa en las comunidades en Pijao (Quindío) antes de que en el municipio se pueda realizar extracción minera– son complicadas, pues se trata de entidades como la Procuraduría o el Ministerio de Minas, “que tienen asesoría jurídica profesional”.

El método no siempre funciona. El ensayo y el error les enseñaron que, por ejemplo, es fundamental que sus litigios contengan medidas que exijan el cumplimiento de lo dispuesto por los jueces, bien sea a través de órdenes de seguimiento o mediante el acompañamiento de las comunidades. “No nos interesan –dice Cesar Rodríguez– sentencias para colgar en la pared”.

Dejusticia ha emprendido sonados casos siguiendo estas directrices: fueron ellos quienes demandaron al presidente Juan Manuel Santos por no cumplir la “ley de cuotas” que garantiza el acceso de mujeres a cargos públicos. El Consejo de Estado les dio la razón. También fueron ellos quienes promovieron –y ganaron– la tutela en la que la Corte Suprema de Justicia sancionó a tres discotecas de Bogotá por discriminación racial. Además, sus investigadores, que hoy son 22, han intervenido en casos como la reforma al equilibrio de poderes, la constitucionalidad del plebiscito, las consultas previas para la minería en comunidades como Ibagué, o más recientemente, en defensa de los niños del pueblo wayuu que se están muriendo de hambre.

Precisamente el derecho a la alimentación se ha convertido en una línea de estudio que comienzan a explorar. “Nos parece que es una problemática sobre los derechos humanos que tiene muchas aristas. Creemos que esto implica evaluar cómo se puede proteger este derecho teniendo en cuenta toda la cadena que va desde quién produce el alimento, cómo se produce, en qué cantidad está disponible y cómo se comercializa” dice César Rodríguez. También están estudiando cómo proteger a las comunidades que, debido al inminente peligro que implicará el cambio climático en unos años, quedarán aún más vulnerables de lo que son hoy.

Su estrategia jurídica hace que, a diferencia de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, lleven, “en lugar de cientos de casos”, tan solo unos treinta al año, entre litigios e intervenciones. Su manera de trabajar hace que se lleven decepciones del tamaño de la caída de la reforma al equilibrio de poderes –que defendieron– o el fallo negativo sobre la reparación que para ellos debían recibir las comunidades afros como descendientes de las víctimas de la esclavitud. Pero, también, hace que un caso a la vez, a veces con ruido, otras desde la sombra, sea parte de los cambios en derecho en el país.