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Fiscalía ocupa 17 bienes de dos participantes del conocido “Robo del Siglo”

La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 17 bienes ubicados en Bogotá que estaban a nombre de familiares de Jaime Eduardo Gómez Jaramillo y Hernán Jaramillo Gallego, participantes del millonario robo ocurrido en octubre de 1994.

30 de diciembre de 2020 - 10:02 p. m.
Elementos encontrados tras el "Robo del Siglo", ocurrido en 1994, en la sede del Banco de la República de Valledupar.
Elementos encontrados tras el "Robo del Siglo", ocurrido en 1994, en la sede del Banco de la República de Valledupar.
Foto: Archivo particular

El conocido “Robo del Siglo” fue un crimen que se cometió en la sede del Banco de la República de Valledupar (Cesar). Ocurrió entre el 16 y 17 de octubre de 1994 cuando varias asaltaron la entidad y hurtaron más de $24.000 millones. Aunque desde entonces han pasado 26 años, el suceso vuelve a dar de qué hablar luego de que las autoridades informaran que la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 17 bienes que se encuentran a nombre de familiares de dos de los participantes del millonario robo.

Según informaron las autoridades, los inmuebles, ubicados en Bogotá, están avaluados en $20.000 millones y pertenecen al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) “La Riviera”, dedicado al secuestro extorsivo en la capital del país y, tal como lo aseguraron las autoridades, dos de los integrantes de esta estructura criminal, identificados como Jaime Eduardo Gómez Jaramillo (fallecido) y Hernán Jaramillo Gallego, participaron del hurto al Banco de la República, ocurrido en Valledupar y conocido como el “Robo del Siglo”.

Agregó la Policía y la Fiscalía que los integrantes de la banda de secuestradores son responsables del rapto de Giovanny Andrés Hernández Olaya, un reconocido empresario por quien realizaron en su momento la exigencia económica de US$1.600.000 por su liberación, en hechos ocurridos en el año 2016. La ocupación de estos bienes fue uno de los logros que dejó los seis operativos simultáneos que adelantaron las autoridades en Bogotá y los departamentos de Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.

En total, se aplicaron medidas cautelares de embargo a 31 bienes muebles e inmuebles avaluados en más de $21.000 millones. En Norte de Santander, por ejemplo, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 10 inmuebles pertenecientes al grupo delincuencial “Los Chitagueros”, dedicado al secuestro extorsivo en Cúcuta y los municipios de Chitaga y Palplona. Indican los investigadores que esta estructura se dedicaba al cobro de extorsiones a transportadores, ganaderos, agricultores, mineros y contratistas, a quienes les exigían entre $7 y $20 millones para no atentar contra de sus vidas.

Capturados 70 reincidentes dedicados al secuestro y la extorsión

Las labores de investigación y seguimiento de la Policía y la Fiscalía llevaron a que se identificaran 70 personas que, aunque ya habían sido capturadas en anteriores ocasiones, continuaban delinquiendo en diferentes lugares del país, extorsionando a comerciantes, docentes, transportadores, agricultores, ganaderos y a la comunidad en general, a quienes les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Tras recolectar diferentes pruebas, las autoridades pusieron en marcha la operación denominada “Prolíficos” que permitió la captura de los 70 reincidentes.

Según las autoridades, los seguimientos a estas redes de extorsionistas empezaron hace seis meses y se logró determinar que estas personas continuaban delinquiendo en varios departamentos del país, realizando llamadas amenazantes en las ciudades de Bogotá y Medellín, al igual que en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Casanare, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Putumayo, Risaralda, Norte de Santander, Santander, Tolima, Valle; y las subregiones del Madgalena Medio y Urabá.

“Hace unos días algunos docentes de este Municipio, ubicado en la zona nordeste del país, empezaron a recibir mensajes vía celular por parte de sujetos que se identificaban como miembros del EPL, los cuales les realizaban la exigencia de $120 millones, a cambio de no atentar contra sus vidas o sus familias. Al pasar los días, las amenazas dieron paso a atentados en contra de las residencias de los afectados (...) uno de los delincuentes llegaba casi a la media noche a una de las residencias, realizando varios disparos con arma de fuego hacia los portones y ventanas, para posteriormente emprender la huida. Lo anterior, como mecanismo de intimidación y con el ánimo de crear zozobra en los profesores”, informaron las autoridades.

Una vez conocidos estos hechos los investigadores del Gaula lograron establecer que todas estas extorsiones tenían el mismo modus operandi, identificando como autores intelectuales y materiales a dos sujetos que no pertenecían a ningún grupo armado organizado, sino que se trababa de una banda de delincuencia común conformada por Leonardo Becerra Carvajalino, de 26 años de edad, con antecedentes por constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno y hurto calificado.

El otro integrante, según las autoridades, es Marlon Bayona, de 34 años de edad y oriundo de Ocaña, quien actualmente trabajaba como conductor la empresa de la que era socio una de las víctimas, lo que permitía tener acceso a información de primera mano. Este individuo tenía antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, razón por la cual se encontraba en la actualidad con medida de aseguramiento domiciliaria. Ya establecidas las identidades de los dos extorsionistas, se desplegó un operativo en el barrio Villa Rosa (Ocaña), donde fueron capturados los dos hombres, a quienes se les incauta un arma de fuego con cartuchos, y seis celulares que les servían para presionar a las víctimas.

Otras de las capturas importantes de la “Operación Prolíficos” fue la de Juan Fernando Restrepo Taborda, alias Ñengo, cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) los “Juaquinillos”. Según las autoridades, este hombre es el responsable de ordenar los desplazamientos forzados en la comuna 16 de Medellín. Entre el prontuario de “Ñengo”, figuran delitos como: concierto para delinquir agravado por darse para extorsión; fuga de presos; lesiones personales; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas.

Por otro lado, en el departamento de Bolívar fue capturado Daniel Perea Rodríguez, alias Perea, integrante del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan Del Golfo- Héroes del Caribe, quien sería el responsable de recolectar y suministrar el armamento a esta organización criminal para delinquir en la región. Indican las autoridades que Perea Rodríguez está sindicado de múltiples delitos, entre los que están: concierto para delinquir agravado por darse para extorsión; extorsión; constreñimiento ilegal; receptación; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; hurto; amenazas y tráfico fabricación o porte de estupefacientes.

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