“Bienvenida la cadena perpetua si se extiende al feminicidio”: Wilson Ruiz

WILSON RUIZ OREJUELA

Foto: EL ESPECTADOR - LUIS ANGEL

¿Está convencido de la cadena perpetua?

Uno a veces no entiende cómo hay personas que acaban con la vida de unos menores de edad. No quiero prejuzgar a nadie, pero definitivamente estas personas merecen un castigo ejemplar. Teníamos plazo para presentar el proyecto hasta el 20 de julio de este año, pero me adelanté y lo presentamos el 16 de marzo. La cadena perpetua es para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Lo importante de esto es que esta cadena perpetua también contempla una pena mínima de 50 años cuando violan a una niña, niño o adolescente ,y de 60 cuando hay un concurso de faltas, es decir, que aparte de que lo violan, lo asesinan. Así que cuando hablamos de que a los 25 años será revisable, no significa que el responsable va a recuperar la libertad. Lo que se hace es que a los 25 años el comité correspondiente revisa si tiene derecho a la resocialización o no. Si encuentran que es viable para resocialización y la persona fue condenada a 50 años, deberá pagar los otros 25 años para completar su pena y sale en libertad. Si su pena mínima fue de 60 años, deberá purgar los 35 años que le faltan. O sea que si una persona al momento de cometer el daño tenía 25 años y ha matado un niño, niña o adolescente, saldría a los 90 años, y si a la misma edad violó al niño, niña o adolescente saldría a los 80 años de prisión.

(Le puede interesar: (Análisis) Cadena perpetua para violadores, ¿desplomada por la ciencia?)

La medida ha recibido muchas críticas, muchos aseguran que no es efectiva y no previene el daño. ¿Qué cree?

Tengo cuatro hijos, dos son menores de edad, y creo que a mí me dolería muchísimo que a alguno de mis hijos les pasara algo parecido a eso. Hablo como padre de familia, y aquí lo que más debe predominar son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me parece que el Estado cada día tiene que ser más rígido con esto, y nosotros con este proyecto de ley de cadena perpetua estamos haciendo caso a todo lo dicho por la Corte Constitucional, como lo es la resocialización y la revisión. Por eso estamos convencidos y tranquilos de que esto será ley de la República. A mucha gente le duele y sé que hay quienes se están quejando, entonces, antes de cometer un hecho tan execrable, tan lamentable, que lo piense antes de actuar y ahí es cuando el Estado tiene que generar políticas de prevención. Hay que empezar una política de Estado sobre eso, lo reconozco, pero a veces pienso que una cadena perpetua puede ser hasta mínima frente al daño que ocasionan a los niños, niñas y adolescentes.

¿No cree que esto abriría la puerta a que la cadena perpetua se extienda a otros delitos execrables?

Bienvenida la cadena perpetua si se abre más adelante frente a un feminicidio, un homicidio colectivo o un homicidio agravado doloso culposo. Pero me preocupa una cosa que sí quiero que quede constancia, y es el alto costo que tiene un interno en nuestro país. Nos cuesta $2’400.000 cada uno al mes. Me preocupa que se nos presente más hacinamiento y no tenemos en este momento establecimientos carcelarios para albergar a más condenados.

Y aun así, ¿le parece viable la cadena perpetua?

Estamos preparándonos para ello. Pero hago una amplia reflexión a los jueces de nuestro país para que practiquen toda la parte probatoria, sueño con que no haya ningún condenado injustamente. Entonces les pido que, aparte de actuar en derecho, haya pruebas irrefutables para condenar a un ser humano de estos.

(Le puede interesar: Recomendaciones para salir de la crisis carcelaria en medio de la pandemia)

A propósito, el hacinamiento en las cárceles sigue siendo un dolor de cabeza en el país. ¿Qué ha hecho para subsanarlo?

En Colombia actualmente contamos con 132 establecimientos de orden nacional de reclusión ERON. Tienen capacidad aproximadamente para 82.000 internos y actualmente tenemos unos 97.500. Quiere decir que tenemos una sobrepoblación aproximada de 15.000 internos. En estaciones de policía, URI y UPJ tenemos 20.500 personas.

Cuando recibí el Ministerio estábamos hablando más o menos de 54,5 % de hacinamiento. Hoy en día lo tenemos en el 20,3 %. Es histórico, hacía más de 20 años que no se presentaba un deshacinamiento tan bajo.

Lo hemos logrado, primero, gracias al Decreto 546 de 2020, expedido precisamente para reducir el hacinamiento por el COVID-19. Y, segundo, nosotros cada ocho días viajamos a territorios, sobre todo en las partes más vulnerables, para, sin ánimo de meternos en la autonomía de los jueces, hacer una especie de persuasión sobre jueces de ejecución de penas, magistrados y fiscales. Les hablamos de los beneficios en materia penal y también de que hay casos en los cuales hay que empezar a otorgar la libertad a las personas, lo que llamamos la extramural o casa por cárcel.

Tenemos personas privadas de la libertad de alta complejidad: aproximadamente 15.500 internos que han accedido carnalmente a menores de 14 años y entre esos también están los que han abusado sexualmente de menores. Estas personas, por fortuna, no tienen derecho a ningún beneficio para obtener la libertad condicional. Me preocupan mucho las estaciones de policía, URI y UPJ, porque estas instalaciones no están preparadas para albergar indefinidamente a personas privadas de la libertad. Y lo peor, aparte de que contamos con 20.500 privados de la libertad en las instalaciones, estamos destinando a más de 3.000 policías para que los cuiden. ¿Por qué es crítica la situación? Porque Colombia no tiene un pie de fuerza pública suficiente y aparte estamos quitando más de 3.000 policías para que aparte de que los tengan que capturar tienen que entrar a vigilarlos. Es inconcebible.

¿Y cómo piensa contrarrestar este problema?

Hemos logrado entregar dos centros de reclusión en los que vamos a recibir 1.560 internos, la cárcel de Girón en Santander y la de Ipiales en Nariño. Con esto vamos a reducir un poco más el deshacinamiento. Estas todavía no están en funcionamiento, pero ya estamos adelantando los trámites de traslado.

Este año aspiramos entregar más de 2.000 cupos. En Colombia se maneja la estructura rígida y modular en las cárceles. La modular es que se amplían modulares en la misma cárcel. Cada modular tiene capacidad para 170 internos. Entonces Barranquilla va a entregar tres modulares, o sea 510 internos; y lo mismo Santa Marta, Itagüí y Cartagena en la cárcel La Ternera. Ahí hay 2.040 cupos más que vamos a entregar máximo entre octubre y noviembre de este año.

Actualmente está en construcción la cárcel de San Ángel, que queda a una hora de Santa Marta. Esta va a albergar aproximadamente 1.500 internos. Está calculada para entregar a finales de 2022. Aprovecho para decir que son los alcaldes y gobernadores, como representantes de los entes territoriales, quienes tienen que hacerse cargo de los sindicados (que no han sido condenados) de nuestro país. Infortunadamente no hemos encontrado eco en algunos alcaldes y gobernadores. Mi intención no es mencionarlos, pero sí decirles que esto es una causal de tipo disciplinario porque no están acatando la ley como tiene que ser.

Tenemos la concepción de que a una persona, no importa el delito que haya cometido, tenemos que tratarla con dignidad, y dignidad es que pueda tener una buena dormida y buena comida. Por eso, en cada visita que hacemos me acompaña la doctora Diana Silva, que es nuestra delegada nacional de Política Criminal de la Defensoría del Pueblo; el general Mariano Botero Coy, director general del Inpec, y Andrés Díaz, director de la Uspec. Siempre vamos con ellos para dar soluciones a corto plazo.

La Defensoría del Pueblo cumple un papel importante, porque hacemos brigadas jurídicas y hay mucha gente que con solo presentar un memorial estaría obteniendo una libertad condicional o en el mejor de los casos una libertad incondicional.

(Lea también: La crisis en las cárceles de mujeres: ¿se viene otra ola de demandas contra el Estado?)

Propuso que los internos paguen por su brazalete electrónico, ¿de qué se trata esa idea?

Estamos redactando un decreto que consiste en que el dispositivo electrónico o manilla electrónica tenga que pagarla el interno o sus familiares, porque el Gobierno no puede seguir pagándolos. Entonces, lo que buscamos es que los internos paguen por ese dispositivo electrónico siempre y cuando tengan, primero, la capacidad económica para ello y, segundo, que tengan derecho al uso del brazalete. La norma tiene que ser muy clara en el sentido de qué casos va a cobijar, para que haya impunidad.

¿Cuánto les costarían los brazaletes a los privados de la libertad?

Tenemos que hacer una licitación pública en la que se van a recibir a los diferentes oferentes para que presenten las propuestas sobre este dispositivo. El decreto lo vamos a hacer realidad en los próximos días, porque esto nos va a servir para contribuir con el deshacinamiento carcelario.

Muchas comunidades han rechazado la aspersión aérea con glifosato y en breve usted tendrá que emitir un concepto sobre esta estrategia antidroga. ¿Qué dirá allí?

No te puedo hablar de posturas porque estaría prejuzgando y dando una decisión que ni siquiera puedo tomar en este momento. Lo que sí te puedo decir es que hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece unos requisitos para poder reactivar la aspersión aérea. He sido un demócrata y la directriz del presidente es que tenemos que respetar esta sentencia. Tenemos que tener el concepto del INS, que deberá manifestar si es o no perjudicial para la salud, y el de la ANLA, que dirá si es o no perjudicial para el medioambiente. Una vez me lleguen los documentos, como presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes cito a los miembros y tomaremos la decisión al respecto de si hay o no aspersión en Colombia.

El Ministerio de la Defensa está listo para ir con la aspersión y como ministro de Justicia estoy igual, siempre y cuando se cumplan todos los lineamientos.

¿Le va a alcanzar el tiempo para implementar la que parece ser el arma más fuerte de política antidroga promovida por el Gobierno?

Claro que sí. Aspiro a que en los próximos días tengamos los documentos requeridos.

Además está la reforma a la justicia, que es una de sus principales apuestas como ministro…

Desde el año pasado, cuando llegué al Ministerio, radiqué la reforma a la justicia en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La reforma hay que auscultarla con la Rama Judicial, con el Congreso de la República y con el pueblo colombiano. Con esos tres factores, la reforma tiene muchas posibilidades de pasar.

Esta reforma a la justicia es pensando en el ciudadano de a pie, en la gente más humilde que muchas veces se lamenta de que en el país no hay una justicia. Quiero decirles que nadie puede tomar la justicia por sus propias manos, que hay que creer en las instituciones, en nuestra Fuerza Pública y en nuestros jueces.

Contamos aproximadamente con 30.000 personas que componen nuestra Rama Judicial, de las cuales 5.000 aproximadamente son jueces y magistrados. Soy consciente de que infortunadamente no hemos podido colocar más jueces, razón por la cual la demanda crece y crece. Por eso hay despachos que tienen 1.500 y 2000 procesos, y eso es lo que pretendo atender con la reforma a la justicia. La reforma contiene elementos que estoy dispuesto a defender, el que más me interesa es la justicia digital en Colombia.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nos aprobó un crédito por 500 millones de dólares y en julio van a desembolsar los primeros 100 millones de dólares. Con esto pretendemos montar la justicia digital. Imagínate desde tu casa mirar cómo va tu proceso, es una cosa maravillosa. Entonces se nos va a acabar esa molestia de andar con procesos de miles de folios. Eso es contaminación, afecta el medio ambiente y la salud.

El presidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, me dijo que solamente en 2020 el Estado se había ahorrado 15.000 millones por el traslado de expedientes de una ciudad a la otra. Nosotros con ese dinero ¿qué no podríamos hacer? Crear más juzgados, contratar más personal. Y solo estoy hablando de la Corte Constitucional. Estoy muy motivado con la justicia digital. Eso va a ser un gran avance en nuestro país.

Otro punto tiene que ver con el precedente judicial dentro de la reforma a la justicia. Esto va a poner una talanquera, un freno, a la hora de instaurar una demanda porque este es un país de abogados y hay una crisis de valores y principios. Entonces, se debe tener en cuenta el precedente jurisprudencial de las altas cortes al momento de presentar una demanda, si no cumple, no se recibe la demanda.

Otro punto es fortalecer la carrera judicial. Que la gente llegue por mérito a ser juez, que llegue a cargos subalternos de la Rama Judicial por su preparación, estudios y experiencia para que tengan sostenibilidad dentro de la rama judicial. También consideramos lo que tiene que ver con la condición de juez/magistrado, es decir, aquellos jueces que llevan años en la rama, que nunca han tenido una sanción disciplinaria, que han sido ejemplares, démosle la condición de magistrado. Eso llevaría a que les paguen como tal y a que reciban incentivos como días adicionales de descanso.

Pero le queda poco tiempo a esta administración, ¿vamos a ver pasar otro Gobierno sin reforma a la justicia?

Soy muy positivo. La reforma a la justicia que presenté es muy seria, tengo fe en los congresistas y credibilidad en el Gobierno nacional, en las cortes, en la rama judicial y en la ciudadanía. Aspiro a que a finales de junio, una vez termine este período del Congreso, tengamos una reforma a la justicia en nuestro país que tanto la requiere.

¿Contempló en la reforma enmendar el error histórico de darle facultades electorales a las cortes?

Prefiero no pronunciarme porque eso sería una reforma constitucional y esto es una reforma de ley estatutaria.

(Le puede interesar: “Para que Mancuso quede libre debe estar aquí, cooperando”: Tribunal de Barranquilla)

¿Cuánto va a costar la reforma a la justicia que usted propuso?

El costo más grande que tenemos en estos momentos es la justicia digital y por fortuna ya el BID nos hizo el préstamo. Lo otro no va a salir tan costoso, ya estamos hablando con el Ministerio de Hacienda para destinar esos recursos.

¿Cómo va el proyecto para modificar las condiciones de exportación de cannabis?

La industria del cannabis en Colombia está regulada en el decreto 613 de 2017. Lo que hacemos como Ministerio de Justicia es aprobar las licencias para aquellos cultivos de cannabis, lo que es la parte psicoactiva y no psicoactiva. Cuando llegué había un represamiento de más de mil licencias que han hecho muchos empresarios y ya hemos generado un plan de choque para empezar a descongestionar esto porque el cannabis va a ser el futuro de nuestro país. Lo más seguro es que el próximo decreto salga con la exportación de la flor seca.

Países como Uruguay y Paraguay, están exportando la flor seca de cannabis y su economía ha mejorado ostensiblemente, entonces considero que podríamos reactivar mucho la economía con la exportación de la flor seca. Colombia es una potencia mundial en producción de cannabis, podemos producir cannabis todo el año y de la flor del cannabis hay una parte que es el ‘cañamo’, es como el bagazo, y de eso se pueden hacer artículos para comercializar, por ejemplo, camisas, guitarras. Eso es a lo que le apunta la reactivación económica.

¿Cómo garantizar que el negocio del cannabis medicinal se quede en manos colombianas?

Para dar una licencia a un extranjero garantizamos que como mínimo esté asociado con un empresario colombiano. Es muy clara la normatividad de que tienen que estar acompañados por un empresario colombiano, es lo que más nos interesa. La línea que hemos llevado en la reforma del Decreto 613 de 2017 es precisamente que quede blindada la comercialización de la flor seca y todo el tema de exportación se tenga que dar desde un contexto de protección económica del Estado.

¿Qué ha pasado con la extradición del “Zarco”?

Este caso nos causó un poco de malestar al comienzo, pero “el Zarco”, por fortuna, fue recapturado y está en un centro de reclusión en Madrid. Esperamos tenerlo acá en Colombia en los próximos días, porque ese señor inicialmente perteneció al Eln y posteriormente empezó a ejecutar personas bajo la modalidad de falsos positivos, entonces quiero dejar en claro que así haya terminado de pagar su pena en España, tiene que venir a Colombia a pagar por sus delitos porque las víctimas quieren que les hablemos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Como ministro quiero que este señor regrese a nuestro país lo más pronto posible para que responda, aquí lo más importante son las víctimas y hay que hacerlas respetar.

¿Y la de Salvatore Mancuso?

Como todo el país lo sabe, ya terminó de pagar su pena en EE. UU. y el Departamento de Estado está “ad portas” de tomar la decisión para enviarlo a nuestro país. Como ministro de Justicia he hecho varios requerimientos, me he reunido con el embajador de EE. UU. aquí en Colombia y siempre es un tema obligado en cada reunión. Aspiro a que el señor Mancuso, al igual que Hernán Giraldo, regrese a nuestro país y venga a responderles a las víctimas que lo reclaman.

Nos estamos acercando a las 130 extradiciones en cinco meses que tengo de ministro. Somos implacables, cada que nos llega una extradición la sacamos lo más pronto posible, respetando siempre el debido proceso. Estamos trabajando tanto la extradición pasiva como activa, y en la última estamos constantemente requiriendo a gobiernos extranjeros para que nos envíen a los nacionales que tienen cuentas pendientes en Colombia.

Pero se ha demorado lo de Mancuso...

Sí, eso depende de la independencia de cada Estado, los trámites que utilizan. Pero desde el Ministerio estamos haciendo todo lo que está al alcance y considero que vamos por buen camino.