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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a los comandantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) pagar una indemnización a las víctimas de sus actividades ilegales registrada en el año 1999 en el departamento del César.
El alto tribunal determinó que existe una responsabilidad patrimonial por parte de los comandantes de dicho grupo armado ilegal por los perjuicios morales y materiales que sufrieron las viviendas de desplazamiento forzado y secuestro, así como los familiares de los campesinos que fueron asesinados tras acusarlos de guerrilleros.
El pronunciamiento se hizo tras estudiar la incursión de los hombres comandados por Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40' en el municipio de Codazzi. En dicha acción fueron masacradas ocho personas, otro campesino fue amarrado de pies y manos y lo transportaron en una camioneta para abandonarlo fuera del casco urbano del citado municipio.
Los paramilitares robaron motocicletas y dinero en efectivo propiedad de una de las víctimas. Debido a esta situación la mayoría de los pobladores temieron por sus vidas y abandonaron sus viviendas "sin que a la fecha se tenga noticia de su regreso”.
Se registra que después de la desmovilización de los miembros de este grupo armado ilegal de presentaron las denuncias de cientos de víctimas quienes manifestaron haber tenido que desplazarse de manera forzosa por la presencia y actividades ilegales en contra de la población civil.