La Defensoría emitió 13 alertas tempranas sobre Chocó en 2019

Bojayá: vuelven el miedo y la zozobra

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En los últimos días, varias entidades han denunciado la toma del territorio de Pogue en el municipio de Bojayá, Chocó, por parte del grupo paramilitar Clan del Golfo. Mientras el Ejército hace presencia en la zona, los habitantes piden la presencia integral del Estado.

El pasado 31 de diciembre, en plena víspera de Año Nuevo, la comunidad del corregimiento de Pogue, en Bojayá (Chocó), denunció que hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) confinaron a las 121 familias que habitan en ese territorio a orillas del río Atrato. La Comisión de Justicia y Paz le hizo eco a la denuncia y aseguró que se trataría de la cuarta comunidad del sector confinada por la presencia de paramilitares en la zona, quienes, según testimonios de habitantes, hacen presencia nuevamente en esta parte del departamento desde hace por lo menos un año.

Pero esta denuncia no es nueva. En 2019, la Defensoría del Pueblo emitió 13 alertas tempranas sobre la situación de violencia en el Chocó. La última fue la número 017 del 2019, en la cual la entidad advirtió sobre la presencia de las Agc en los cascos urbanos de Dabeiba, Uramita, Cañasgordas y Peque II y de la guerrilla del Eln en Bojayá y subregiones de Urabá y el nordeste del departamento de Córdoba. En el documento se asegura que al menos 2.250 habitantes de las comunidades negras e indígenas de Bojayá sufren confinamientos por los constantes enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla.

En respuesta a los recientes pronunciamientos de la comunidad, la Séptima División del Ejército, que opera en la región, envió a 150 hombres al territorio con el fin de “contrarrestar las intenciones de los grupos armados organizados del Eln y el Clan del Golfo (como llama la Fuerza Pública a las Agc)”. Además, hasta el lugar llegaron el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro; el del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y el encargado de la división de la región, general Juan Carlos Ramírez. Este último dijo ayer: “Las tropas de la Séptima División, en el norte del Chocó, en Bojayá, en Carmen del Darién y en Riosucio, están atacando de manera contundente a los grupos armados organizados como el Clan del Golfo, estructura Montalvo Cuitiva, y del Eln, la estructura Néstor Tulio Durán”.

Sin embargo, en diálogo con El Espectador, varios ciudadanos denunciaron que, ante la ausencia del Estado en los territorios anteriormente ocupados por la guerrilla de las Farc, otros grupos han llegado a infundir terror. “Tememos una segunda masacre de Bojayá”, aseguró una fuente. Precisamente el 17 de noviembre del 2019, el mismo día que entregaron los restos de 72 víctimas de la masacre que cobró más de 100 vidas en Bojayá en 2002, desapareció el líder social Pedro Palacios. Según un defensor de derechos humanos de la zona, a Palacios lo amenazaron las autodefensas tras su regreso al Chocó. Tres días después hallaron su cuerpo en el río Bojayá.

“El conflicto armado en Chocó se ha transformado, pero las relaciones siguen siendo las mismas”, señaló la misma fuente. Ciertamente, a la comunidad le ha tocado tomar medidas de autoprotección, a pesar de la violencia. Por ejemplo, en el corregimiento de Pogue, ahora confinado por la guerra, llegaron al consenso de pactar un toque de queda para los menores de edad a partir de las seis de la tarde. La medida, que opera todos los días, se la impusieron ellos mismos por seguridad. Marledy Palacios Astrilla, habitante de Pogue, le explicó a El Espectador que uno de los mayores miedos que hay en la comunidad son los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores, hoy una realidad.

El defensor del Pueblo en Chocó, Luis Murillo, señaló que desde abril habían advertido a las autoridades de posibles nuevos confinamientos en Bojayá. “Se debe responder no solamente con las armas, sino que tenemos que volcarnos a poblaciones como Bojayá”, afirmó Murillo, quien además confirmó los confinamientos, a la vez que aseguró que ha aumentado la instalación de minas antipersonales y el desplazamiento forzado. Por su parte, un párroco del departamento, que pidió no revelar su nombre, comentó que ya no es posible navegar con tranquilidad por el río Atrato. “Las alertas tempranas no han servido para nada. No necesitamos más Ejército, necesitamos la presencia integral del Estado”, denunció el sacerdote.

El padre Rogelio Salazar Gómez, del municipio de Bojayá, dijo que, en lo corrido del año, 16 líderes y residentes del municipio que se han opuesto a la presencia de estos actores armados fueron amenazados. Algunas personas comentaron que había rumores de que algunos territorios aledaños a Bellavista (cabecera municipal de Bojayá) habían sido minados en los últimos meses. Hasta los primeros días del mes de diciembre, los habitantes de Pogue, aunque con miedo, expresaron que en su territorio no habían tenido tomas paramilitares en los últimos años. Algo que, al parecer, ya no pueden decir.

Según una fuente en Bojayá, los principales enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo se deben al poder que cada uno busca en el territorio para quedarse con las rutas del narcotráfico que abundan sobre el río Atrato. “El Eln ya se tomó los ríos Bojayá, Napipí y Opogodó y los paramilitares hacen presencia en el Medio Atrato. Está sucediendo lo mismo que pasó en 2002, cuando el paramilitarismo buscaba replegar a las Farc para quedarse con el territorio y comenzaron los combates”, dijo la fuente, comparando lo que sucede ahora con los hechos que llevaron a la masacre de hace 17 años en hechos que todavía están por esclarecerse.

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