Informe de Naciones Unidas

Bombardeos a Grupos Armados Organizados va en contravía de la ley: ONU

El informe expresa que las fuerzas militares no son responsables de la seguridad ciudadana y, según la Constitución, tienen como finalidad la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

La directiva del Ministerio de Defensa permite que las Fuerzas Armadas podrán usar su musculo institucional para combatir las bandas más grandes del país.Archivo / El Espectador

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó, en marco de la implementación del proceso de paz y el posconflicto, su preocupación sobre la manera en que las Fuerzas Militares están abordando la seguridad ciudadana, desde el manejo de la protesta social, así como la lucha del crimen organizado. Tal es el caso de la directiva 15 del 2016, expedida por el del Ministerio de Defensa, que señala el uso de la fuerza letal, como por ejemplo los bombardeos contra los Grupos Armados Organizados (GAO). Para la ONU, esto va en contravía de la Constitución.  

“El desarrollo por parte de las Fuerzas Militares de planes, protocolos y otros procesos justificando un rol militar en la seguridad pública, no refleja adecuadamente estos estándares y tampoco la Constitución y la ley, incluyendo el Nuevo Código Nacional de Policía”, señala el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El problema de la directiva del Ministerio de Defensa es que permite que las Fuerzas Armadas, tanto la Policía como el Ejército, podrán usar todo su musculo institucional para combatir las bandas criminales más grandes del país. Tal es el caso del clan Úsuga, que actúa en el Urabá principalmente; los Puntilleros, que operan en los Llanos; y los Pelusos, herederos del poder de Megateo en el Catatumbo. Asimismo, las disidencias de las Farc entran a ser parte de este grupo de las GAO.

El informe igualmente dice que las Fuerzas Militares no son responsables de la seguridad ciudadana y, según la constitución, tienen la finalidad de proteger la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Sin embargo, en situaciones especiales y bajo los procedimientos establecidos, Naciones Unidas confirma que la Policía puede requerir asistencia militar garantizando el derecho a la vida y la integridad.

En junio del año pasado Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, le dijo a El Espectador que los requisitos para que las bandas criminales sean consideradas como grupos armados organizados son: tener un mando entrenamiento y armamento letal, así como la posibilidad de hacer operaciones sostenidas en el tiempo y con presencia territorial. Igualmente sostiene que se hizo el proceso de caracterización para determinar a cuáles grupos armados organizados se les puede aplicar toda la fuerza del Estado bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). (Lea: Con licencia para bombardear)

El ministro aclaró que no es una directiva de bombardeo, sino una directiva para definir cuáles son los grupos más peligrosos. El objetivo era poder utilizar todas las herramientas que tiene el Estado para combatirlos. Aunque la directiva es clara al decir que no se les está dando estatus político a estos grupos, la discusión se centra en la violación de los derechos humanos al aplicar la fuerza del Estado.  

Por otro lado, el informe menciona que las propuestas de las autoridades locales en algunas partes del país para crear vice alcaldías de seguridad, ejercidas por militares activos en comisión, no es bien vista por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Asignaría al personal militar funciones y responsabilidades para las cuales su entrenamiento y doctrina no es aplicable según la Constitución, la jurisprudencia y los estándares internacionales”. (Lea: "No vamos a bombardear a las bandas a las bandas criminales": general Fabio López)

No obstante, la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General considera como positivas las iniciativas del Estado en contra de la corrupción militar y policial, al expresar: “la corrupción no puede justificar la distorsión de las funciones asignadas por la Constitución a las instituciones del sector de seguridad”.

La sugerencia que finalmente la Organización de las Naciones Unidas le hace, en especial, a la Policía Nacional, es fortalecer su cultural institucional de derechos humanos, así como el despliegue de carabineros adicionales para garantizar el orden público en áreas rurales, con el fin de fortalecer la sostenibilidad de todas las instituciones del Estado.

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