'Botalón' persiguió a comunidad LGBTI

En el fallo contra el excomandante de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, el Tribunal Superior de Bogotá reconoció que los ‘paras’ del Magdalena Medio atentaron contra esa población.

Arnubio Triana, alias ‘Botalón’, se desmovilizó en Puerto Boyacá el 28 de enero de 2006. / Archivo

Hace tres décadas, cuando el procurador Carlos Jiménez y siete equipos de funcionarios judiciales hicieron pública una investigación sobre el MAS (Muerte a Secuestradores), el país tuvo noticia de las peligrosas alianzas que se tejían en el Magdalena Medio para constituir grupos paramilitares. En su informe, el procurador advirtió que decenas de civiles y militares habían organizado grupos de justicia privada que servían “como instrumento de venganza y de castigo desproporcionado y gratuito” contra dirigentes sociales, sindicalistas, líderes religiosos y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda, entre otros sectores de la población civil. Visionario, el entonces jefe del Ministerio Público, advirtió que “si este mal no fuere conjurado, terminará por disolver nuestro tejido social y por precipitar al país en un conflicto generalizado de imprevisibles consecuencias”.

Tres años después de la elaboración de ese documento, Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, ingresó al grupo de autodefensas creado y comandado por Gonzalo y Henry Pérez en Puerto Boyacá. Allí, en la cuna del paramilitarismo colombiano, resistió las pugnas internas que libró la organización tras la desmovilización transitoria de 1991 y consiguió asumir el mando de la estructura en 1994. Tal como temía el procurador, Botalón expandió las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (Acpb) a Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Betulia, Bolívar, Simacota, Cimitarra, Santa Helena del Opón, Puerto Parra y Barrancabermeja (Santander); Puerto Nare y Yondó (Antioquia), y Otanche (Boyacá), donde los hombres bajo su mando cometieron graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Ahora, transcurridos ocho años desde su desmovilización, el Tribunal Superior de Bogotá tiene lista la sentencia en su contra. En el fallo, conocido por El Espectador, los magistrados reconocen que “el Ejército protegió a los grupos paramilitares de la zona, lo cual constituyó una relación preocupante para el país en términos humanitarios, democráticos y políticos”. Además de condenarlo por múltiples crímenes contra concejales, líderes comunitarios, campesinos, maestros y comerciantes, el Tribunal reveló cómo las Acpb atentaron contra las mujeres y la población LGBTI del Magdalena Medio.

De entre un contexto de violencia generalizada contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, el Tribunal describió el caso de tres jóvenes miembros de la comunidad LGBTI, conocidos como Papuchina, Vicky y Mama Mía. El 31 de diciembre de 2001, mientras transitaban por el parque principal de Puerto Boyacá, un paramilitar de las Acpb los amenazó con asesinarlos y lanzarlos al río Magdalena “por su diversa orientación sexual y de género”. Doce días después, Mama Mía, quien se desempeñaba como cantinera, fue sacada a la fuerza de su lugar de trabajo por un integrante de las Acpb, que la asesinó, la desmembró y la arrojó al río. El crimen fue ordenado por Ómar Egidio Carmona, comandante del Frente Urbano de esa estructura, quien la acusó de expender drogas. Más tarde, Vicky, de 14 años, fue abordada por un paramilitar en su residencia del barrio Pueblo Nuevo, quien la convenció para que lo acompañara en busca de trabajo y posteriormente la desapareció.

Debido a las amenazas y a la comisión de esos y otros delitos, Papuchina, quien funge como líder y activista de la comunidad LGBTI en Puerto Boyacá, se vio obligada a huir de la región. Al respecto, y en comunicación enviada al Tribunal, la ONG Colombia Diversa expresó que “las personas LGBTI víctimas en Puerto Boyacá sufrieron estos daños en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, el grupo paramilitar tuvo como objetivo perseguir un proceso comunitario incipiente en la zona, que era parte fundamental de la vida social del municipio”. Y rechazó que los ‘paras’ acusaran a las víctimas de haber violado la ley, por considerar que con ello buscaban “justificar la violencia en razón de la orientación sexual y conseguir que dicha violación de los derechos fuera aprobada por la población civil”. El Tribunal, por su parte, expresó que “a la actuación histórica del Estado y de numerosos sectores de la sociedad colombiana, se suman las violaciones a los derechos humanos contra las personas LGBTI cometidas por los actores armados irregulares, entre los cuales las Acpb no fueron la excepción”.

En cuanto a las mujeres, Botalón fue condenado por las violaciones y tratos degradantes que dos de los hombres bajo su mando les infringieron a dos campesinas de 62 y 75 años, quienes fueron asaltadas en sus hogares ubicados en zona rural de Carmen de Chucurí. Asimismo, por el caso de una niña de 9 años, agredida sexualmente, desaparecida y asesinada en Zapatoca por el comandante del frente Ramón Danilo de las Acpb, quien habría cometido esos crímenes “por venganza contra el padre de la menor, quien para la época de los hechos se encontraba privado de la libertad por rebelión y a quien se le señalaba de ser informante de la guerrilla”.

Teniendo en cuenta los crímenes que cometieron los paramilitares contra la población LGBTI de Puerto Boyacá, el Tribunal le pidió a la Fiscalía que fortalezca los procesos de documentación e investigación de expedientes similiares que reposan en Justicia y Paz. Asimismo, le solicitó al Centro de Memoria Histórica y a la Unidad de Víctimas que reparen individual y colectivamente a las lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y transgénero víctimas del conflicto armado. Botalón, quien participó durante 20 años en la guerra que se libró en el Magdalena Medio, fue condenado a la pena alternativa de 8 años de prisión. Junto a él fueron sentenciados otros 24 paramilitares de las Acpb, que cometieron amenazas, desplazamientos forzados, torturas, homicidios y extorsiones contra los pobladores de la región y que, tal como lo determinó el Tribunal, contribuyeron activamente en la desaparición de la izquierda del espectro político, el repoblamiento de los territorios y el debilitamiento de las organizaciones campesinas.

 

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