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hace 6 horas

Cae la restructuración de la Fiscalía de Eduardo Montealegre

La Corte Constitucional tumbó el modelo que había promovido el exfiscal en el que creó la Universidad de la Fiscalía y las polémicas embajadas en el exterior. En su lugar quedará la que impulsó el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez y el Gobierno, como una apuesta de la entidad para enfrentar los restos del posconflicto.

El modelo que cambia es el que promovió el exfiscal Eduardo Montealegre en 2014. Archivo

La Corte Constitucional sigue revisando los decretos, leyes y actos legislativos que se aprobaron en el Congreso para implementar el Acuerdo Final de Paz. Esta vez, el turno de evaluación es para el decreto de ley 898 de 2017 en el que se pactó la restructuración de la Fiscalía de cara al posconflicto. El alto tribunal tomó la decisión de declarar que lo aprobado en la norma es constitucional y de esta manera, se cae el modelo de la entidad que promovió el exfiscal Eduardo Montealegre hace más de dos años. El caso fue estudiado en la Sala Plena de la Corte durante más de cuatro meses.

Allí, el magistrado Alberto Rojas presentó un proyecto de fallo en el que expuso que el decreto aprobado por el Congreso es exequible, es decir, que está de acorde a lo planteado en la constitución.  Sus compañeros aceptaron su propuesta. Según la norma, uno de los cambios más importantes que se darían dentro de la Fiscalía es la creación de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales que Atentan contra Defensores de Derechos Humanos y Movimientos Sociales, y la designación de más de 500 fiscales para llegar a territorios “del posconflicto”.

(En contexto: Decreto que reestructuró la Fiscalía fue demandado)

En total, el decreto explica que se designarán fiscales para 43 municipios azotados por la guerra, donde la Fiscalía nunca había tenido presencia. Entre ellos Mapiripán (Meta), recordada por la masacre paramilitar de 1997; Arauquita, Cravo Norte y Fortul, municipios de Arauca duramente golpeados por la guerrilla, y Trujillo, en el Valle del Cauca, donde los paramilitares asesinaron o desaparecieron a más de 300 personas entre finales de los 80 y principios de los 90. Además, en lugares donde la violencia no da tregua, como Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño), se propuso aumentar el número de fiscales a 31 y 25.

En términos generales, el cambio en la estructura de la Fiscalía fue bien recibida por quiénes saben de la importancia de fortalecerla para el posconflicto, y por quienes conocían de cerca cómo estaban trabajando bajo la administración de Montealegre.  En el trasfondo de esta discusión, y más allá del tema meramente laboral, existe otro decreto en el que en 2013 le dio las facultades al entonces fiscal general de impulsar una reforma estructural en el ente investigador. El presupuesto total para el cambio fue de un billón 85.000 millones de pesos.

(Lea también: El debate por una contrarreforma en la Fiscalía)

Además de la creación de 3.500 nuevos cargos en la Fiscalía, se dijo que ésta quedaba fortalecida para el siglo XXI, con más fiscales en toda la Nación, más miembros de la Policía Judicial y más investigadores en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, no faltaron los críticos, empezando por el exfiscal y entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien se negó a respaldarla. Con el paso de los días, esta reestructuración de la Fiscalía se convirtió en uno de los temas de cuestionamiento a la era Montealegre.

Internamente, muchos funcionarios se quejaron porque se vieron desplazados por otros con menos experiencia, ya que la idea de crear superfiscales en el exterior no funcionó (las famosas embajadas de la Fiscalía), o porque la creación de la universidad de la Fiscalía fue un fracaso. En julio de 2016, cuando Néstor Humberto Martínez asumió como fiscal, de entrada habló de una profunda reingeniería institucional, incluyendo una auditoría al presupuesto.

En su intervención en la Corte Constitucional, explicó además que varias de las áreas creadas en la reforma Montealegre no generaron aportes a la investigación criminal y, en cambio, produjeron una gran desarticulación, y era necesario reducir el nivel directivo de la entidad. Aunque el tema de discusión en el alto tribunal no tuvo en cuenta la disputa entre el exfiscal Montealegre y Néstor Humberto Martínez, lo que queda claro con la decisión es que el ganador de la disputa por la restructuración de la Fiscalía es el hoy fiscal Martínez.