La caída del general Barrero

Desde hace cuatro meses hay una unidad especial de la Fiscalía revisando con lupa los contratos del Ejército. Escándalo por supuesto carrusel sacó a seis generales.

El general Leonardo Barrero pronunciando su última declaración como comandante de las FF.MM. / Óscar Pérez

Tan sólo seis meses duró el general Leonardo Barrero al frente del comando de las Fuerzas Militares, todo por el escándalo que originó el descubrimiento de una red de corrupción en el Ejército que cobraba ‘mordidas’ sobre multimillonarios contratos y que fue destapado por la revista Semana el pasado 16 de febrero. Este episodio, calificado como “grave e indignante” por el presidente Juan Manuel Santos, provocó un remezón en la cúpula militar. Barrero fue reemplazado por el comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez. Al puesto de este último llegó el general Jaime Lasprilla. El general Hugo Acosta, jefe del Estado Mayor de las FF.MM., también se retiró y en su lugar se nombró al general Javier Alberto Flórez. Policía, Fuerza Aérea y Armada continuaron con sus líneas de mando.

Mientras tanto, una comisión de la Unidad Anticorrupción investiga todos los contratos que realizó el Ejército desde septiembre de 2012, fecha desde la cual se obtuvieron las primeras pruebas de presuntas irregularidades en el interior de la institución. Como lo reveló la emisora La Fm, existe un informe, de 200 páginas, en el que se consignaron grabaciones de supuestos nexos entre fiscales, jueces, magistrados y oficiales que harían parte de una gran red de corrupción, tanto en contratación como en administración de justicia en casos de falsos positivos.

El retiro del general Barrero se debe a una conversación que sostuvo hace dos años con el polémico coronel Róbinson González del Río, procesado por un falso positivo cometido en Caldas e involucrado en otro escándalo que descubrió su intento para que el magistrado Henry Villarraga presionara el traslado de su caso a la justicia penal militar, lo que ocasionó la salida de Villarraga del Consejo Superior de la Judicatura. Además, González del Río es el oficial que habla de cómo apropiarse irregularmente de contratos del Ejército.

“El día de hoy paso al retiro con la frente en alto y mirando al pueblo colombiano (...). Mi retiro, que obedece a una decisión política, se produce por un infortunado episodio relacionado con una conversación privada de hace dos años con un oficial subalterno sindicado, mas no condenado, por el delito de homicidio, quien me manifestó su inquietud por un presunto montaje y, ante la gravedad de lo comentado, empleé expresiones inapropiadas, por lo que reitero mis disculpas”, dijo el excomandante de las FF.MM. que llevaba más de 39 años de servicio. Y es que el general Barrero en esa conversación le manifestó a González: “Aprovechen y únanse hijueputa. Eso tiene uno que ser inteligente. Yo no lo puedo hacer, pero ustedes sí porque ustedes son los afectados (...). Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”.

Tanto el ministro Pinzón y el presidente Santos advirtieron que la salida del general Barrera nada tenía que ver con los casos de corrupción, ya que no había elementos que pusieran en duda su honra y buen nombre. “Esto ha sido producto de una profunda reflexión pensando siempre en el bienestar de la patria (...). Por eso he considerado oportuno y necesario hacer un cambio en la cúpula militar advirtiendo, eso sí, que el comandante general de las Fuerzas Militares no sale por ningún hecho de corrupción, sino por unas expresiones irrespetuosas y desobligantes”, puntualizó el jefe de Estado.

En su última declaración como comandante de las FF.MM., el general Barrero indicó que tenía la esperanza que “con la unión y el compromiso que nos caracteriza, nuestra institución no será objeto de negociación en escenario alguno, presente o futuro y bajo ninguna circunstancia (...). Invito a los soldados a continuar acompañando y apoyando la valiosa gestión del general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, nuestro representante en la mesa de conversaciones de La Habana (Cuba)”. Un mensaje que genera dudas sobre su postura frente al proceso de paz. Finalmente, cuando ya se le quebraba la voz, Barrero agradeció a su familia y a su círculo más cercano por la “dedicación y apoyo que permitieron que este viejo tropero con corazón llegara a ocupar un día la más alta dignidad de la vida militar”.

Las conversaciones interceptadas al coronel González no sólo llevaron a que el Ministerio de Defensa tomara la decisión de pasar al retiro al general Barrero, sino de sacar del servicio activo al general Manuel Guzmán Cardozo, quien era el subcomandante del Ejército; al general Fabricio Cabrera Ortiz, jefe de la Jefatura de Aviación —dependencia que se encargaba de la contratación—; general Diego Sánchez Ruiz, jefe de la Jefatura de Familia del Ejército, y al general Jaime Reyes Bretón, jefe de Acción Integral del Ejército. El general Cabrera es uno de los que más sale mencionado en los audios interceptados por un supuesto contrato de $14.000 millones para elementos que se usan para un asalto aéreo.

Según Pinzón, esta determinación obedeció a que “se conoció que había personas que por sus funciones debían haber tomado medidas administrativas, gerenciales y de control respecto de lo que estaba ocurriendo, y no actuaron con la contundencia necesaria”. Todo parece indicar que no actuaron a tiempo para detectar estas irregularidades ni pusieron la lupa para evitar contrataciones sospechosas. El propio presidente aseguró que “hay que actuar de manera clara y contundente contra los enemigos externos e internos de nuestras instituciones (...) Hay que actuar contra ellos con severidad, porque es la forma de defender las instituciones y la institucionalidad”.

Otro de los generales que decidió dar un paso al costado fue Javier Rey, comandante del Comando Conjunto de Operaciones de las Fuerzas Militares. El general Rey se dio de baja después de aparecer mencionado en las grabaciones. Según él, lo que se destapó son “verdades a medias” y no permitieron que los oficiales tuvieran derecho a la defensa y al debido proceso. “Renuncio por honor y dignidad”, dijo el oficial que participó en operativos militares como la ‘Operación Jaque’ y en los que se dieron de baja a los jefes guerrilleros Alfonso Cano y el Mono Jojoy. Asimismo, anunció que demandará a la revista Semana por “falta de ética”.

Este escándalo de una supuesta red de corrupción en el interior del Ejército ya era investigado por la Fiscalía. Desde hace cuatro meses una comisión de la Unidad Anticorrupción revisa con lupa los contratos en el Ejército. Ya se cuenta con un cuadro metodológico y se profundiza en las pesquisas para saber cuáles son los contratos que se mencionan en los audios. También se indaga la contratación directa en el Ejército, que es una pequeña parte del gran presupuesto de $27 billones que para este año tiene el Ministerio de Defensa. Estas medidas se adoptaron después de que un fiscal de Medellín ordenara, el 21 de septiembre de 2012, que se interceptara el teléfono del coronel González, ya que tenía la sospecha de que estaba cometiendo algún ilícito, en un principio relacionado con su proceso por falsos positivos, como lo reveló La Fm. Sin embargo, los resultados terminaron arrojando un mar de irregularidades en las Fuerzas Armadas.

Según la emisora, en el informe de 200 páginas de la Fiscalía aparecen consignadas grabaciones de conversaciones de González del Río en la que hasta aparece mencionado el polémico empresario Emilio Tapia, procesado por el carrusel de la contratación en Bogotá. En uno de los audios, que tiene registro del 25 de octubre de 2012, habla con un tercero sobre Tapia y un contrato de basuras, pero siempre en clave, ya que dice que tiene la sospecha de que su celular está intervenido. En otras de las grabaciones en poder de la Fm, en las que se escucha un lenguaje vulgar entre un tercero llamado Caicedo y el coronel, se menciona que hay casos de falsos positivos que se están complicando. Asimismo, se señala que se tendría que hacer un pago de $35 millones a un fiscal que adelanta estas investigaciones.

En las nuevas revelaciones hechas por la emisora salen nuevos nombres que estarían vinculados con el polémico coronel González. En una de las grabaciones se identifica a un hombre de apellido Londoño Gómez como el juez 52. En otra habla con un amigo sobre supuestas reuniones con magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que le colaboren con su proceso, pero que no pudieron llevarse a cabo. Pero entre las interceptaciones más escandalosas está una conversación de González con un hombre desconocido al que le dice: “El general Salazar le colaborará con partidas, pero que la gente es muy ‘hijueputa’” y agregó que tenía un amigo en una alta corte y que ya tuvo algunas reuniones. Entre esas González hace referencia a un encuentro que tuvo con los fiscales, el general Rito Alejo —su tío— y “el doctor (Guillermo) Mendoza Diago (exfiscal general) que es el que está resolviendo lo de él”.

De igual manera, el coronel indicó en otra grabación que iban a coger una buena plata de la Dirección de Inteligencia del Ejército, al parecer de algunos contratos de $70 y $60 millones. González del Río posteriormente se refiere a las futuras reuniones que tendría con el magistrado Henry Villarraga y sobre la supuesta persecución que sufría del fiscal de su caso. En una conversación que tiene con una mujer llamada la Tía, el coronel le comenta que un grupo de magistrados le van a ayudar con su caso, haciendo referencia a una colisión de competencias. “Angelino Lizcano, José Ovidio Claros, Henry Villarraga, Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria”, dice un aparte de la transcripción que realizó la Fiscalía.

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