Cali, sitiada por la criminalidad: la ONU estima que hay 182 agrupaciones ilegales

El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar (izq.) y Pierre Lapaque (der.), representante de la Unodc en Colombia, en el evento en que presentaron la auditoría de seguridad. / Cortesía Unodc

En Cali, la percepción de inseguridad que reclaman sus habitantes constantemente tiene fundamento. Las auditorías de seguridad que realizó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), con el propósito de aportar insumos para desarrollar una política pública de seguridad y convivencia en la capital del Valle, revela que en esa ciudad existen, nada más y nada menos, “182 agrupaciones vinculadas a la ilegalidad o estructuras criminales con diferentes niveles de organización”.

“En su mayoría, las estructuras identificadas corresponden a agrupaciones juveniles vinculadas –o en riesgo de vinculación– a negocios ilícitos relacionados principalmente con el narcomenudeo y el hurto”. La organización advirtió, además, que “a mayor nivel de sofisticación de la organización criminal, las manifestaciones de la violencia son menores y los mercados ilícitos son más complejos por lo que el entramado de interacciones criminales es extenso y desborda la lógica territorial del municipio”.

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El estudio señala también que, geográficamente, es posible ubicar a estas agrupaciones ilegales. El 79 % de ellas, unas 119 reconocidas como pandillas que se dedican sobre todo al hurto y a la distribución de drogas, se encuentran en seis comunas. Cinco de ellas están ubicadas en el oriente de la ciudad: la 21 (Desepaz),  la 16 (La Unión), la 15 (El Vallado), la 14 (Alfonso Bonilla) y la 13 (Poblado); en esta zona se encuentra el Distrito de Aguablanca. Y por el occidente, la 20 (Siloé).

Las organizaciones que se dedican al sicariato, el cobro “gota a gota”, la extorsión, el tráfico de armas e incluso “dirimen conflictos” entre estructuras criminales –es decir, aquellas cuya violencia tiene un mayor impacto– se identifican “en puntos estratégicos para el control del mercado local de sustancias psicoactivas, pues cumplen la función de distribución y control de ‘líneas’ de expendio en los barrios y conglomerados”. En otras palabras, en cualquier lugar donde haya tráfico de drogas.

Cali tampoco se escapa de la realidad que viven tantas otras zonas del país: en esta ciudad operan, igualmente, grupos cuyo nivel de criminalidad ya no es micro sino macro. “Responden a un proceso progresivo de transformación de la violencia y el crimen que ha experimentado el país en las últimas décadas, centrado especialmente en el negocio del narcotráfico”, señala la Unodc. De este tipo de grupos, se identificaron dos: los que activan rutas para la salida de drogas y los Grupos Delincuenciales Organizados.

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En Cali hay organizaciones “anónimas e invisibles, conformadas por individuos con estrechas relaciones con el sector privado por lo que el lavado de activos se configura como la actividad ilícita sine qua non se articula su participación en el transporte y comercialización internacional de drogas”, que a su vez tienen influencia en el norte de Cauca. Es decir, en los municipios donde los cultivos de uso ilícito han aumentado exponencialmente después de la firma del Acuerdo de Paz.

Por otra parte, los Grupos Delincuenciales Organizados –denominación del Ministerio de Defensa que retoma la Unodc–se han convertido en una gran amenaza nacional tras el desarme de las Farc. “Se han caracterizado por una operación urbana relacionada con la subcontratación para el tráfico de drogas en el territorio nacional”, explica el informe. El punto, sobre todo, es el impacto sobre la población, que va desde percepciones de inseguridad hasta la comisión de asesinatos y extorsiones.

Ante este panorama, la Unodc hace algunas recomendaciones para la construcción de una política pública de seguridad en Cali. Reconociéndola como ciudad receptora de víctimas de desplazamiento, Naciones Unidas aconseja a la administración de Mauricio Armitage –o a su sucesor, pues el gobierno Armitage termina este diciembre– revisar las políticas que haya sobre atención a desplazados, para brindar el apoyo adecuado y que las comunidades puedan retornar a sus lugares de origen.

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Asimismo, le pide “caracterizar el fenómeno de desplazamiento intraurbano” y la restricción de movilidad en comunas afectadas por la violencia que causan estos grupos, como consecuencia del establecimiento de “fronteras invisibles”. Otro mecanismo de prevención, advierte la Unodc, es ayudar, de la mano de la empresa privada, a que los habitantes de barrios marginales o no legalizados salgan de la pobreza. Blindar su vulnerabilidad podría evitar reclutamiento de las bandas en estas zonas.

Es esencial que la administración caleña también ponga su foco sobre el consumo de drogas y los préstamos “gota a gota”. Sobre lo primero, la Unodc recomienda “programas adecuados de tratamiento”. Sobre lo segundo, fortalecer iniciativas comunitarias que debiliten los mercados ilícitos y frenen los negocios criminales. Las sugerencias incluyen hasta asumir con más efectividad la judicialización de quienes hacen minería ilegal, el robo de celulares y el contrabando de combustible. En pocas palabras: desarticular todo lo que pueda contribuir a la violencia.

Aquí puede encontrar el informe completo.