Caño Sibao, un escenario de muerte de la Unión Patriótica

En medio del baño de sangre sufrido por la Unión Patriótica (UP) desde mediados de los años ochenta, el 3 de junio de 1992, hombres al mando del jefe paramilitar Manuel de Jesús Piraban, alias Jorge Pirata, asesinaron a cinco funcionarios de la alcaldía de El Castillo (Meta). El grupo agredido estaba integrado por Maria Mercedes Méndez, alcaldesa saliente; William Ocampo Castaño, quien llevaba tres días como alcalde; Rosa Peña Rodríguez, tesorera municipal; Ernesto Sarralde, coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica; y Armando Sandoval, conductor. Hoy, 25 años después, los familiares de las víctimas recordaron con El Espectador lo sucedido y advirtieron la semejanza que hoy existe respecto al asesinato de líderes sociales.

“Más de 3.500 miembros de la UP fueron asesinados y en ese momento se negó que fueran sistemáticos. Hoy pasa lo mismo. Siguen matando líderes y el Estado no se mueve”, manifestó a este diario Paola García, hija de María Mercedes Méndez. Cinco meses después de la masacre, Paola García también tuvo que sufrir el asesinato de su padre, igualmente militante de la UP, José Rodrigo García. “No cuento esto para que la gente sepa lo que sufrimos. Lo hago para que los colombianos sepan de este exterminio, una parte de la historia del país que no se cuenta. En la infancia naturalicé que cada tanto tuviéramos que sepultar compañeros de mis padres”, señaló la hija de la exalcaldesa de El Castillo.

En Caño Sibao, zona ubicada en la vía que de Granada conduce a El Castillo se perpetró la masacre. Cuando los hombres armados vieron venir la camioneta en la que se trasportaba la comitiva oficial les lanzaron granadas y después les hicieron varias ráfagas de disparos. Horas antes, las cinco víctimas habían tenido una reunión en la Brigada VII del Ejército en Villavicencio, en la que reclamaron condiciones de protección para su ejercicio político. El gobernador del Meta, Armando Baquero, cuando se enteró de los hechos pidió a la Fuerza Pública asentada en El Castillo que se dirigiera a Caño Sibao. Sin embargo, según Baquero, no hicieron presencia con el argumento de que podrían ser emboscados por la guerrilla.

En un relato, casi inédito, Wilson Pardo García, exsecretario del personero de El Castillo y único sobreviviente de la masacre, relató en su momento cómo se salvó de la emboscada. En el documental ¿Y Por Qué Callar?, del director Yesid Campos, el funcionario sostuvo que el Gobierno era consciente de las amenazas y los asesinatos que sufría la UP en la región del alto Ariari. “Hombres haciéndose pasar como soldados del Batallón de Infantería 21 del Ejército pasaban a preguntar por Mercedes. Las amenazas en el municipio eran recurrentes. Por eso yo andaba armado el día de la masacre y respondí a los disparos. Semanas antes del crimen, Mercedes escribió una carta al presidente César Gaviria denunciando los hechos”, agregó Pardo.

Por la masacre de Caño Sibao, en 2006 el Tribunal Superior de Villavicencio dejó en firme la condena a 30 años de cárcel contra Jorge Pirata. Sus subalternos lo señalaron de ser el autor intelectual. Sin embargo, ese mismo año se desmovilizó y se sometió a la ley de Justicia y Paz, que le permitió saldar sus cuentas con la justicia en ocho años. Edilson Cifuentes alias Richard, jefe militar de Pirata y exmiembro del Batallón 21 de infantería del Ejército, aceptó su responsabilidad en los asesinatos y también en la muerte violenta de otros 12 miembros de la UP. Jorge Pirata y Richard recobraron su libertad en enero y mayo de 2016, respectivamente. Por su parte Héctor Horacio Triana, alias Zorro, también comprometido en la masacre, fue condenado a 18 años de prisión en 2011.

En 2010, cuando Jorge Pirata y Richard empezaron a señalar a varios militares con los que se asociaron durante esos años para arremeter contra los integrantes de la UP, aseguraron a la justicia que, a raíz de esas declaraciones, sus familiares comenzaron a recibir amenazas de muerte. A su vez, otros jefes paramilitares de la zona como Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; Luis Arlex Arango Cárdenas, alias Chatarro y Mauricio de Jesús Roldán, alias ‘Julián’ también denunciaron amenazas cuando ratificaron los nombres de varios miembros de la Fuerza Pública que colaboraron con las autodefensas, no sólo en la masacre de Caño Sibao sino en otros actos de violencia, en especial por episodios de ejecución extrajudicial.

Un cuarto de siglo después de los hechos, la investigación del caso Caño Sibao lo adelanta actualmente una Fiscalía Especializada de Derechos Humanos de Villavicencio. En 2012, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo solicitó a la Fiscalía que este hecho de violencia fuera declarado crimen de lesa humanidad por encontrarse enmarcado dentro del fenómeno de violencia sistemática y generalizada que se desarrolló contra los miembros de la Unión Patriótica. “La Fiscalía no lo declaró como tal porque el proceso no reportaba pruebas suficientes para establecer si los cinco homicidios se produjeron en razón de la militancia política de las víctimas”, aseguró la abogada del colectivo de abogados, Carolina Daza.

En 2007, el Consejo de Estado condenó a la Nación por su responsabilidad en la masacre y pidió que se indemnizara económicamente a los familiares de las víctimas. Sin embargo, los hijos de Tulia Rosa Peña, (Claudia, Yira y Ernesto Aristizábal) contaron a este diario que a ellos les importó poco ese dinero que les dio el Estado y que prefieren conocer quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. “Además de que no tuvimos apoyo psicológico durante estos 25 años, no hemos conocido quienes realmente fraguaron la masacre. Nosotros conocemos testimonios de campesinos que responsabilizan a la Fuerza Pública de lo que ocurrió. La reparación no debe ser solo un tema monetario”, recalcaron los hijos de Rosa Peña.

Tanto los familiares de María Mercedes Méndez como los de Tulia Rosa Peña esperan que, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad pactada en los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc, se pueda conocer la “Mano Negra” que operó en contra de ese partido político durante los años ochenta, particularmente en la región de los Llanos Orientales. “Está bien que se aclare la verdad, pero el problema es que en este país se siguen justificando los muertos y eso no puede ser posible. El mejor homenaje que se le puede hacer hoy a nuestros padres y a los miles de víctimas del conflicto armado, es que Colombia pueda consolidar la paz y que no haya un muerto más”, puntualizaron los familiares de las víctimas.

Otras masacres en El Castillo

La de 1992 no fue la primera masacre que se perpetró en Caño Sibao. El 3 de julio de 1988, en el mismo lugar, 17 campesinos fueron asesinados mientras se movilizaban en un campero de servicio público. El comandante de la VII Brigada, Harold Bedoya Pizarro, enseguida atribuyó la matanza al frente 26 de las Farc. Sin embargo, en abril de 1989, los paramilitares que participaron en esa masacre, William Góngora Sierra y Camilo Zamora Guzmán alias Travolta, confesaron ser parte de la estructura paramilitar financiada por el esmeraldero Víctor Carranza y de paso admitieron su participación en esa masacre, lo mismo que en decenas de asesinatos y desapariciones forzadas de simpatizantes, militantes y dirigentes de la UP.

Desde mediados de los años cincuenta la región del alto Ariari se convirtió en refugio para desplazados de la época de la violencia liberal conservadora. Eso permitió que en los años 60 y 70 se conformaran varias organizaciones campesinas de izquierda, habitualmente acosadas por la Fuerza Pública bajo la sindicación de ser base social de los grupos insurgentes. Cuando surgió la UP a partir de 1985, las mismas organizaciones encontraron espacio político, además en apoyo a los diálogos de paz de la era Betancur. Por eso, la UP ganó varias elecciones locales en El Castillo, lo que provocó que el paramilitarismo convirtiera a los elegidos y sus apoyos en objetivo militar. En el corregimiento de Medellín del Ariari se presentaron otras dos masacres de las que poco se recuerda.

La primera masacre ocurrió en la madrugada del 22 de noviembre de 1986, cuando seis militantes de la UP fueron asesinados. Dos de ellos acribillados en la finca donde ocurrieron los hechos y los otros cuatro asesinados a pocos metros del lugar. Dos años después, el 29 de febrero de 1988, cayeron otros tres simpatizantes de la UP que habían sido sacados de sus casas ocho días antes. Habitantes de la zona aseguraron que casi 30 años después de estos hechos, la situación de orden público sigue siendo crítica. “Desde que la guerrilla se movilizó a los puntos de concentración, la presencia de otros grupos armados ilegales viene en aumento. Los líderes de los sindicatos sufren amenazas, y en Caño Bonito o Medellín del Ariari la zozobra ha vuelto.