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A primera hora de este 3 de septiembre, funcionarios del CTI llegaron a las oficinas de la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda) y comenzaron una operación de captura de varios funcionarios. Uno de los trabajadores que ya está bajo la custodia de las autoridades es el alcalde de este municipio, Fernando José Muñoz, y otros cinco funcionarios. Según la Fiscalía, los capturados habrían participado en una estructura criminal que se habría concertado para apropiarse y direccionar contratos de manejo de basuras en Dosquebradas.
Alberto Salas, director especializado contra la corrupción de la Fiscalía, confirmó las capturas del burgomaestre y de Jonathan Omar Barrientos, exsecretario de Planeación; Julio Alberto Carrizosa Montoya, secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental; Elkin Mauricio Arboleda Pérez, profesional de la Secretaría de Planeación; Luis Fernando López Mustafá, director operativo de Gestión Ambiental y Carlos Elías Márquez Valencia, director operativo de Gobierno.
Además de los funcionarios públicos, el CTI capturó a otras cinco personas: Jeniffer Londoño Rivera y Julián Andres Valencia Arias, administradores de la Cooperativa Multiactiva de Recicladores del Eje Cafetero y Norte del Valle (Corecv); Rita Inés, Juan Carlos Velásquez Cifuentes y Jenny Tatiana Castro Duque, representantes de la Fundación Visión y Asociación de Gestión y Cooperación para el Desarrollo. La Fiscalía identificó supuestas irregularidades en cuatro convenios de asociación suscritos entre la Alcaldía de Dosquebradas (Risaralda) y un contratista específico.
Entre las tareas que fueron pactadas, señaló la Fiscalía, estaban: la recolección, transporte y disposición final de residuos especiales de basura (elementos de gran volumen como camas, muebles y otros elementos de gran tamaño); el manejo de escombros (residuos de las construcciones); el mantenimiento de pozos sépticos en sitios rurales y actividades de tenencia de animales (vacunación y esterilización de perros y gatos callejeros).
“El material probatorio recopilado indicaría que habrían sido creadas entidades fachada y sin ánimo de lucro, las cuales no tenían experiencia ni idoneidad para desarrollar los objetos contractuales, tampoco contaban con la capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir los convenios; sin embargo, se quedaron con ellos”, explicó el ente investigador, que agregó que todas las asociaciones eran representadas por una misma familia.
La Fiscalía señaló que, presuntamente, la red de corrupción era coordinada por una persona, quien sería la encargada de conseguir documentación falsa para presentar sus empresas a los procesos contractuales y dar apariencia de que cumplían los requisitos. Además de estos hallazgos, el ente investigador encontró que los funcionarios y particulares habrían elaborado cotizaciones, certificaciones de experiencia, conceptos sanitarios, informes de actividades y actas de supervisión falsas, para dar demostrar que todo su trabajo era legal. Todas las supuestas irregularidades, habrían resultado en una apropiación indebida de dinero por más de mil millones.
Los capturados deberán responder por los delitos de Interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimento de los requisitos legales, falsedad en documento privado, uso de documento falso, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros, concierto para delinquir agravado. A los servidores públicos en calidad de coautores y a los particulares como intervinientes.