:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/-aqE_CimwFTSaPJVvFBxlFwOX2E=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WNSWF23AX5FVJN7ZZ4MWQENMVU.jpg)
Jobany Edison Peña Páez, un funcionario de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), fue capturado por un supuesto fraude al Estado tasado en más de $132.000 millones, entre 2011 y 2016. El funcionario, de acuerdo con las investigaciones, permitió el ingreso ilegal de mercancía al país para una organización ilegal y habría facilitado información privilegiada sobre verificaciones que las autoridades aduaneras realizaban, la programación de operativos y las pruebas recaudadas. Y un juez, luego de las evidencias presentadas por la Fiscalía, lo envió a la cárcel por los delitos de cohecho propio, divulgación y empleo de documentos reservados y favorecimiento al contrabando.
La organización ilegal, según la Fiscalía, era la que comandaba Jaime Tello Rondón, exdirectivo del Club Independiente Santa Fe, y Oscar Orlando Puentes Corredor, miembro de la organización. Los testimonios de estas dos personas indican que Peña Páez se reunió con ellos y, en algunos de los encuentros, habrían pactado un pago por cada kilo de mercancía para evitar que fuera inspeccionada en los controles aduaneros. Además, en otro encuentro, le entregaron $5’000.000 a cambio de información privilegiada. El exfuncionario hizo parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y se desempeñó como jefe de seguridad del exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega.
Por estos hechos, la Fiscalía General, la Policía Fiscal y Aduanera, la Dian y el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), han capturado a 22 integrantes en operaciones realizadas entre abril y mayo de 2017. De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la red entregó documentos falsos a la Dian, elaboró facturas de venta a nombre de proveedores inexistentes en el exterior y certificó mercancía de origen asiático como si fueran productos importados desde Estados Unidos, con el propósito de obtener los beneficios arancelarios que otorga el Tratado de Libre Comercio (TLC).
“Los integrantes de la organización modificaban las listas de empaque, alteraban las cantidades de los productos que entraban al territorio nacional o registraban una mercancía distinta a la que llegaba. También se constató que el contrabando ingresaba por los aeropuertos internacionales El Dorado (Bogotá), Bonilla Aragón (Palmira) y José María Córdova (Rionegro)”, precisó la Fiscalía. EN noviembre de 2017, el ente investigador impuso a 62 propiedades medidas de extinción de dominio a 62 propiedades avaluadas en $14.000 millones que pertenecerían a los presuntos cabecillas de la estructura. Esos bienes fueron ocupados por la Policía Fiscal y Aduanera en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolívar), Carmen de Apicalá (Tolima), y Madrid, Chía y Ricaurte (Cundinamarca).
Entre los capturados se encuentran financiadores, quienes aceptaron cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y contrabando. Tello Rendón está condenado a 8 años de prisión y Puentes Corredor a 13 años de prisión.