En el departamento de Bolívar

Capturan funcionarios del ICBF por supuesta apropiación de recursos de alimentación infantil

Aunque cumplieron con la entrega de los alimentos, lo que la Fiscalía investiga es por qué no les pagaron a los tenderos ni a varias madres comunitarias encargadas de cuidar a los menores de edad. Además, investigan otro contrato que nunca se realizó y por el cual se canceló $70 millones.

Capturan a funcionarios por presuntamente robar dinero de programas de alimentación infantil. Archivo

Cuatro funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) fueron capturados porque, según la Fiscalía, se apropiaron de $100 millones destinados para programas de alimentación infantil en el municipio de El Carmen de Bolívar. Aunque el ente investigativo dice que los alimentos e insumos fueron entregados, no se habría pagado a los tenderos ni a varias madres comunitarias encargadas de cuidar a los menores de edad.

Se trata de los funcionarios Beatriz Elena Felizzola Gómez, Elena Beatriz Salcedo Donado, Rafael de Jesús Barrios Castro y José Ángel Nieblas Diaz. Además, la Fiscalía capturó a Maideline Isabel Gutiérrez Torres y Shirley María Luna Manjarrez, tesorera y presidenta, respectivamente, de la Asociación de Madres Comunitarias Sector 1. Y Adolfo Rafael Meza González, empleado de una entidad bancaria, también fue detenido.

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Como la Fiscalía expresó que esta investigación se adelanta con normas del antiguo sistema penal colombiano, es decir, Ley 600, los investigados fueron enviados a la cárcel de San Diego y la Ternera, en donde esperan la decisión que el ente investigativo deberá tomar: si deberán seguir presos mientras avanza la investigación o si no existen méritos para que continúen detenidos.

Los investigadores encontraron que existen registros de los supuestos pagos realizados, así como supuestos cheques cobrados cuando, al parecer, los dineros no fueron entregados ni a los tenderos ni a las madres comunitarias. La Fiscalía expresó que el funcionario de la entidad bancaria “era quien se encargaba de retirar estos dineros”.

Otro convenio de alimentación infantil que investiga la Fiscalía es un supuesto pago de $70 millones destinado para un contrato cuando este, en realidad, no se habría realizado. El hecho sucedió en el corregimiento de Mayapó, en El Carmen de Bolívar (Bolívar).

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La Fiscalía investiga si estas personas también realizaron otras consignaciones, entre los $20 millones y $30 millones, con el fin de apropiarse de los dineros. “La cifra total desembolsada está por establecer y se esperan los resultados de varios análisis contables y pruebas de grafología que realizaron peritos del CTI”, dijo la Fiscalía.