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En las próximas horas, ante un juzgado de control de garantías de Cali (Valle del Cauca), la Fiscalía General le imputará los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno a dos indígenas capturados en el municipio de Corinto (Cauca) que habrían participado en un enfrentamiento con uniformados del CTI de la Fiscalía, la Policía y tropas del Ejército Nacional.
(En contexto: Investigan enfrentamiento entre indígenas y militares en Corinto, Cauca)
En el hecho, que se presentó en la tarde de este martes, 9 de enero, en predios de la finca azucarera Mirafores, un grupo de personas reaccionó de manera violenta contra una comisión de investigadores que pretendía realizar diligencias judiciales relacionadas con la reciente agresión a hombres del Ejército Nacional, ocurrida el 4 de enero en la misma hacienda.
El hostigamiento fue conocido públicamente a través de un video que da cuenta de la agresión y amenaza de integrantes de la comunidad indígena a militares de la Fuerza de Tarea Apolo de la Tercera División del Ejército. En el video se ve cuando un indígena pone el machete cerca del cuello de un militar y amenaza con herirlo mientras sujeta con su otra mano el fusil que portaba el soldado.
— Jairo Sandoval H (@VeeColombia) 5 de enero de 2018 Según la Fiscalía, en la diligencia judicial de ayer, “los funcionarios fueron atacados con piedras, bolas de cristal, garrotes y explosivos no convencionales (papas bomba). Incluso, se escucharon varios disparos que presuntamente hicieron las personas que se resistieron al proceso”.
Por medio de un comunicado, el ente investigativo manifestó que cuenta con varias pruebas como fotografías, videos y audios en los que, al parecer, evidencia la coordinación, los roles y el uso de objetos para agredir a la comisión judicial por parte de indígenas que, según la Fiscalía, quieren invadir la propiedad privada.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, les pidió a las comunidades indígenas realizar sus manifestaciones de protesta social sin alterar el orden público, respetando a las autoridades, sin apelar a la violencia y sin afectar los derechos de terceros. “Hemos judicializado a los integrantes de las comunidades indígenas que confrontaron a las autoridades el día de ayer y a tres personas que, de acuerdo al material probatorio, estuvieron entre el grupo de indígenas que cometió los hechos del 4 de enero pasado”, precisó Martínez.