Por corrupción

Capturan a nueve funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Entre las personas que la Fiscalía detuvo hay tres oficiales retirados del ejército y cinco profesionales de distintas áreas de la entidad.

Según la Fiscalía, el próximo 20 de noviembre se imputarán cargos a los capturados. Archivo El Espectador

El plan que adelanta la Fiscalía para luchar contra la corrupción en diferentes regiones del país, denominado “bolsillos de cristal”, dejó el día de hoy nueve personas capturadas, que habrían recibido coimas por adjudicar contratos en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. La suma de los contratos habría sido por nueve mil millones de pesos. La operación se realizó en Villavicencio y Acacias (Meta), Bogotá, Melgar (Tolima) y Yopal (Casanare).

A partir de la decisión de la Fiscalía se capturaron cinco mujeres y cuatro hombres. “Entre los capturados hay tres oficiales retirados del Ejército Nacional y actuales directores regionales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, y cinco profesionales que cumplían diversas funciones y estarían vinculados a los procesos contractuales de la entidad”, aseguró el ente investigador.

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La investigación empezó tras una denuncia hecha en marzo de este año. Tras las acciones de la policía judicial, ordenadas por la Fiscalía, se determinaron los nueve mil millones, los cuales se hicieron efectivos a través de “contratos de suministro de dotación, bienes y servicios para distintos batallones del centro y oriente del país”.

Entre las personas que el ente investigador detuvo están los coroneles retirados Roberto Dussán Mejía, Antonio Angarita Alvarado, quienes tenían a su cargo la dirección regional de los Llanos Orientales y del Tolima respectivamente. Otro de los nombres es el del mayor retirado Alberto Bonilla Torres. Los demás funcionarios de la Agencia Logística de las fuerzas militares mencionados por la Fiscalía son Amparo Hernández Hincapié, María Teresa Villamizar Benítez, Maritza Cagua Baquero, Astrid Johana Forero Hernández, Edith Johana García González y Gustavo Herrera Castaño.

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Tras la legalización de la captura en Villavicencio por un juez de garantías, el proceso se reanudará el próximo 20 de noviembre, para que, como dijo la Fiscalía, “se les impute cargos por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado”. Además se solicitará medida de aseguramiento para los capturados.