A la cárcel el 'zar del oro'

Jhon Uber Hernández Santa es procesado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Cortesía Alejandro Acosta - Revista Dinero

Un juez de control de garantías de Medellín cobijó con medida de aseguramiento al representante legal de la empresa Goldex, Jhon Uber Hernández Santa, procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El considerado ‘zar del oro’ es investigado por presuntamente utilizar su empresa para actividades ilegales, relacionadas con grupos al margen de la ley que delinquen en diferentes departamentos de la ley, y los cuales son financiados con la minería ilegal. (Ver Capturan a 17 miembros de banda dedicada a la comercialización ilegal de oro)

Hernández Santa, según la investigación de la Fiscalía General y la Dijín, era la cabeza de una red encargada del lavado de activos producto de la minería ilegal y actividades relacionadas con el tráfico de drogas por parte de las bandas criminales. (Ver Así se lavaron $2,3 billones, producto del oro ilegal)

En 2014 la Unidad del Crimen Organizado del CTI logró individualizar a cada uno de los miembros de esta red ilegal. En la audiencia judicial, que se extendió por casi una semana, la Fiscalía General presentó pruebas documentales y testimoniales que permiten inferir la participación del gerente de la empresa en actividades ilegales.

Sin embargo un operativo adelantado en el 2011 por el Ejército Nacional dio las primeras pistas sobre la vinculación de Goldex con la minería ilegal. Por estos hechos están siendo procesadas otras 17 personas que hacen parte de la red dedicada a la minería ilegal.

En la audiencia celebrada este miércoles el juez de control garantías le otrogó la detención domiciliaria a Gloria Patricia Álvarez, esposa de Hernández, para que permanezca a cargo de sus hijos. La Fiscalía General le imputó el delito de enriquecimiento ilícito.

Según la investigación alrededor de Goldex se configuró un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora.

Para esto utilizaron empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital, volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros.

Estos proveedores, de acuerdo con las pruebas recaudadas, contaban con una serie de subproveedores que a su vez incurrieron en varias irregularidades como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que el 90% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras habían fallecido; también fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.

Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese año, no se encontraron ni los proveedores, ni sus soportes contables.

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