A la cárcel implicado en escándalo de la multinacional Sicim

La Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir, rebelión y financiación del terrorismo.

El juzgado 70 de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a a Alexander Tibacuy Laguado, alias ‘Alexander’, investigado por presuntamente haber solicitado vacunas a nombre del ELN a la multinacional Sicim para que se les permitiera construir el primer tramo del oleoducto Bicentenario en el departamento de Arauca.

En la audiencia, que se adelantó a puerta cerrada, la Fiscalía General les imputó los delitos de concierto para delinquir, rebelión y financiación del terrorismo. Tibacuy, quien funge como presidente de Asojuntas de Tame no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Se ha podido establecer que durante la audiencia, el fiscal del caso presentó interceptaciones telefónicas y pruebas documentales que permiten establecer que el procesado habría cobrado “vacunas” a las directivas de dicha multinacional para facilitar la construcción de la megaobra.

En este caso indicaron que habría solicitado más de 5 millones de dólares para que los frentes del grupo guerrillero que delinquen en dicho departamento permitieran la movilización de los camiones con los elementos de construcción, así como para no atentar contra la obra ni los trabajadores de la misma.

Según la investigación, ‘Alexander’ habría recibido recursos de la multinacional para permitir la movilización de tractocamiones con materiales en el departamento para la construcción de la mencionada obra. Es la primera de las cinco capturas solicitadas por la Fiscalía General frente a este caso.

Por estos hechos la Fiscalía General adelanta una investigación contra los directivos de la multinacional, quienes habrían entregado una suma cercana a los 600 millones de pesos a una comitiva del ELN y a otros dos guerrilleraos que fungían como los mediadores de dichas "transacciones". (Ver Investigan multinacional por pagos al Eln)

Según la investigación de la Fiscalía, la guerrilla recibía pagos de la multinacional por la prestación de servicios de seguridad, la autorización para el paso de vehículos de carga y la no ejecución de atentados contra las obras del oleoducto. El ente investigaddor estableció además que el ELN elegía a los soldadores que eran contratados para trabajar en el proyecto y que esa organización ilegal se quedaba con una parte de los salarios.