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A la cárcel procesados por algunas explosiones en Bogotá

La jueza manifestó que las pruebas de la Fiscalía fueron “precisas” y que su decisión de enviarlos a prisión se debe a un análisis de los argumentos presentados en las audiencias.

Redacción Judicial
29 de julio de 2015 - 04:13 a. m.
Audiencia de imputación de cargos. / Gustavo Torrijos
Audiencia de imputación de cargos. / Gustavo Torrijos

Luego de 20 días de diligencias judiciales contra los presuntos responsables de algunas explosiones en Bogotá, provocadas entre junio de 2014 y mayo de este año —sin incluir los recientes petardos en las sedes de Porvenir—, la jueza 72 de control de garantías de Bogotá ordenó la detención preventiva de 13 personas, supuestos integrantes del Eln.

En la audiencia la jueza manifestó que las pruebas de la Fiscalía fueron “precisas” y que su decisión de enviarlos a prisión se debe, no a la presión mediática, sino a un análisis de los argumentos presentados en las audiencias. Dijo además que la gravedad de los hechos y las afectaciones que presuntamente causaron demostrarían que son “un peligro para la sociedad”.

También hizo énfasis en que al ser universitarios o profesionales, con un alto nivel educativo y cultural, se les pedía un gran respeto por la ley.

De los 13 procesados, la Fiscalía les imputó los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público a David Rodríguez Hernández, conocido como el Profe, Heiler Lamprea Flórez y Gerson Yacumal Ruiz, quienes podrían enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

Paola Andrea Salgado Piedrahíta, Estefany Romo Muñoz, Félix Mauricio Gutiérrez Díaz, Luis Daniel Jiménez Calderón, Sergio Segura Guiza, Liset Acosta Bogotá, Jhon Acosta Bogotá y Andrés Felipe Rodríguez Parra fueron imputados por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares y violencia contra servidor público. De ser encontrados responsables podrían enfrentar penas entre los 22 y 30 años de prisión.

Y a Víctor Ariza Gutiérrez sólo se le atribuye el delito de violencia contra servidor público, pues la Fiscalía no presentó pruebas que lo relacionaran con la fabricación de explosivos.

El Inpec será quien defina el sitio de reclusión. La defensa apeló.

Por Redacción Judicial

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