A la cárcel seis funcionarios de la Alcaldía de Medellín por fraude que supera los $1.800 millones

Son investigados por más de 70 hechos delictivos cometidos contra la Secretaría de Hacienda de esa ciudad.

Como presuntos responsables de conformar una red de corrupción en la Alcaldía de Medellín (Antioquia), el Juzgado 7º Penal Municipal de esta ciudad, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yefer David Vargas Montoya, Aura Fanny Salas Higuita y Jorge Andrés Londoño Moncada.

En la misma decisión, el juzgado concedió la detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía para Doris Elena Pérez García, por ser madre cabeza de familia; Zulay Lisbeth Giraldo Cardona, por encontrarse embarazada, y Luis Javier Marín Gil, por estar muy enfermo.

Las capturas se hicieron efectivas el 30 de diciembre de 2015 por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, seccional Medellín, en los barrios Cabañitas, Aranjuez, Centro y dos sedes de la Alcaldía.

Londoño Moncada, contratista; Salas Higuita, funcionaria activa en carrera administrativa; Vargas Montoya, particular; Pérez García, excontratista; Giraldo Cardona, contratista, y Marín Gil, funcionario activo en carrera administrativa, son investigados por más de 70 hechos delictivos cometidos contra la Secretaría de Hacienda de la capital antioqueña.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de Medellín, desde el año 2014 este grupo de personas habría cometido las actividades ilícitas que causaron un detrimento patrimonial a la Alcaldía de Medellín por una cuantía superior a los 1.800 millones de pesos.

El modus operandi de esta organización delincuencial consistía en contactar y convencer a contribuyentes para disminuir sus pagos por concepto del impuesto predial e industria y comercio a cambio de considerables sumas de dinero.

Otro método utilizado era dejar prescribir las cuentas con el fin de contactar ciudadanos y ofrecerles la citada prescripción. Además, se evidenció la realización de ajustes indebidos, ya que accedían al sistema interno y disminuían los saldos a pagar por los deudores morosos.

La Fiscalía imputó cargos por delitos como concierto para delinquir, cohecho propio e impropio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento público por el uso y peculado por apropiación. Los procesados no aceptaron cargos.